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ABC MADRID 19-05-2006 página 90
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  • EdiciónABC, MADRID
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90 VIERNES 19 5 2006 ABC Economía El Estado y Gas Natural recurren la suspensión de la opa al Supremo con pocas posibilidades de éxito La gasista pide la cautelar sobre la cautelar y que Endesa presente otro aval de 1.000 millones b La Abogacía del Estado afirma en su escrito que los administradores de Endesa no representan, en estos efectos, a los accionistas de la compañía JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID. Pocas horas antes de que acabara el plazo- -hoy por la mañana- tanto el abogado del Estado como Gas Natural presentaron ayer sendos recursos contra el auto del Tribunal Supremo de 21 de abril que suspendió cautelarmente la opa de Gas Natural sobre Endesa. El auto, que contó con el voto favorable de 18 de los 32 magistrados, afirmaba que los efectos de la opa podrían ser irreversibles y daba prioridad a los intereses de los numerosos consumidores sobre los de los inversores en Bolsa. Ese auto respondía a un recurso presentado por Endesa contra la decisión del Consejo de Ministros de 3 de febrero de aprobar con condiciones la mencionada operación. El hecho de que los recursos se tengan que presentar ante la misma sala tercera del Supremo que dictó el auto hace que tengan escasísimas probabilidades de prosperar, según fuentes jurídicas consultadas. Al margen, hay que recordar que el Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre el fondo del recurso planteado por la eléctrica. Gas Natural solicita en su recurso la adopción de medidas cautelares sobre la suspensión cautelar de la opa adoptada por el Supremo. Es decir, la cautelar sobre la cautelar También afirma que no había lugar a la suspensión cautelar de la opa porque, en la práctica, el proceso estaba ya paralizado, ya que se había presentado otra oferta, la de E. ON, y hay que esperar a que supere todos los trámites para hacer coincidir el plazo de aceptación de los accionistas de las dos opas. El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, participó ayer en una conferencia en la universidad de Almería la Abogacía del Estado en 47 folios empieza afirmando que el auto recurrido infringe la consolidada jurisprudencia cautelar sobre operaciones de concentración similares También dice que está absolutamente claro que al tiempo en que se adopta la decisión cautelar no existe periculum (daño) y que el auto no tiene en cuenta que los únicos intereses dignos de tutela cautelar en las operaciones de concentración son los que corresponden a los accionistas, propietarios de Endesa y el interés público al mantenimiento de la competencia efectiva En este punto, subraya que el auto concede a los administradores de la eléctrica un interés preferente al de los accionistas contrariando la normativa interna española Añade que no existe ningún derecho de Endesa a prevalecer frente a la libre decisión de sus accionistas y que los administradores no representan a estos estrictos EFE Los efectos no serían irreversibles La gasista indica en su recurso que el auto del Supremo no está suficientemente motivado y que los efectos no serían irreversibles como dice el auto recurrido. Asimismo, el grupo gasista desea que el tribunal exija a Endesa un nuevo aval de 1.000 millones de euros, caución que no tendrá que poner la eléctrica pues, según el Supremo, es suficiente con el aval de 1.000 millones entregado al juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, que también paralizó cautelarmente la opa en marzo pasado. Mientras Gas Natural presentó su recurso ayer por la tarde en el juzgado de guardia, el abogado del Estado lo hizo por la mañana en el registro del Tribunal Supremo. El recurso redactado por El Constitucional revisará la ampliación de competencias de la CNE, como pidió el PP ABC MADRID. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Popular contra el Real Decreto- Ley que amplía las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) norma que permitirá al organismo regulador examinar la opa de la alemana E. ON sobre Endesa y hasta vetarla. La decisión está recogida en una providencia de la sección tercera del Constitucional remitida al Congreso de los Diputados. El Constitucional ha remitido la demanda del PP y los documentos efectos a los accionistas Como el auto del Supremo dedicaba 11 de sus 33 folios a reproducir los efectos perjudiciales que tendría la operación según el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) el Tribunal de la Competencia (TDC) y los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) el abogado del Estado recuerda que el Consejo de Ministros se ha apartado del dictamen del TDC en un 60 de los expedientes, lo que no tiene ninguna significación de legalidad Sobre las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros, menos exigentes que las propuestas por la CNE y los votos particulares del TDC según el auto del Supremo, el abogado del Estado estima que no debería bastar con la descalificación genérica de dichas condiciones sin más explicación presentados a los presidentes del Congreso y del Senado y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que en un plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular todas sus alegaciones. El pasado 11 de abril, el Grupo Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las nuevas funciones de la CNE al entender que vulneran la Constitución y la normativa comunitaria. Posteriormente, el 3 de mayo, la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción a España por esta misma norma y le dio dos meses para justificarla de forma suficiente Pizarro justifica los gastos de la opa Por otra parte, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, justificó ayer en Almería el gasto de 72 millones de euros realizado por la compañía para defender a sus accionistas de la opa de Gas Natural porque hacemos lo que cualquier persona haría con su patrimonio, defenderlo A este respecto, según indicó desde Nueva York, el director corporativo financiero y de control de Endesa, José Luis Palomo, los costes que generará la opa de Gas Natural no superarán en el conjunto del año los 50 millones de euros, lo que supondría una reducción de 20 millones respecto a los gastos registrados hasta ahora.

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