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18 Nacional LA OPERACIÓN ATRIO VIERNES 19 5 2006 ABC El Gobierno ocultó a las autonomías que se investigaba a Fórum y Afinsa La ministra Salgado no alertó de la situación a los consejeros de Consumo que no se habló del asunto en las dos reuniones de la Conferencia Sectorial de Consumo en 2005, pese a que la Agencia Tributaria ya actuaba PALOMA CERVILLA MADRID. El Ministerio de Sanidad y Consumo no informó ni alertó a los consejeros de las comunidades autónomas de las consecuencias que podía tener entre los afectados la investigación en curso que el Ministerio de Economía y Hacienda estaba realizando sobre las actividades de Fórum Filatélico y Afinsa. En ninguna de las dos conferencias sectoriales de consumo (reunión de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, con los consejeros autonómicos del ramo) celebradas en 2005, se puso sobre aviso de una cuestión que, a juicio del Ministerio de Economía y Hacienda, debía ser regulada por las comunidades autónomas. b Las actas reflejan Ausbanc exige dimisiones en el Ministerio El presidente de la asociación de usuarios de servicios bancarios (Ausbanc) Luis Pineda, exigió ayer las dimisiones del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo, Ángeles Heras, en el transcurso de una asamblea celebrada con unos 150 afectados por la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. Pineda acusa a los responsable ministeriales de no hacer nada. No se ha regulado, no se ha supervisado y no se ha controlado. Así de claro y contundente En este sentido, recuerda que el Ministerio es el responsable del desarrollo de la ley, a través de órdenes ministeriales, que no se han elaborado. La ministra- -dice Pineda- ni sabe, ni entiende, ni quiere saber. Son responsabels y exigimos que dimitan por desidia, negligencia e incompetencia Ausbanc anuncia que se dirigirán el próximo martes al defensor del pueblo para que abra un expediente a la Administración. Responsabilidad Las actas de estas reuniones no recogen ninguna intervención de la ministra relativa a esta investigación por supuesta estafa, según han asegurado a ABC fuentes autonómicas, que no comprenden cómo no se nos avisó en estos dos años a las comunidades autónomas que había una estafa masiva. Hemos repasado todas las actas y en ninguna figura esta denuncia Sin embargo, y a pesar de no aparecer reflejado en las actas, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha asegurado que informó a las comunidades autónomas, queriendo eludir la responsabilidad y abriendo el debate sobre qué administración tenía la competencia en el control de este tipo de sociedades. Mientras que el Gobierno sostiene que la competencia es de las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas, otras fuentes afirman que El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en una reunión de afectados es el Ministerio de Sanidad y Consumo el responsable, en virtud de la ley 35 2003 de 4 de noviembre de 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Al margen de la falta de información sobre la investigación en curso y sobre las graves consecuencias que tendrá en un gran número de afectados, las comunidades autónomas consultadas aseguran que ellos no podían saber de la existencia de esta estafa, ya que, en cumplimiento de esta ley, las sociedades tienen de plazo hasta junio de este FRANCISCO SECO El PP asegura que el PSOE era responsable del desarrollo de la legislación y de las órdenes ministeriales año para remitir las auditorias que deberían reflejar la situación financiera y la solvencia de las mismas. La ley entró en vigor en febrero de 2004 y las auditorías a año vencido no se han podido realizar hasta ahora. Después, tienen seis meses de plazo para su presentación en el registro mercantil y su posterior remisión. Por su parte, el Partido Popular salió ayer al paso de las acusaciones que ha recibido sobre su grado de responsabilidad a la hora de evitar la estafa durante sus años de Gobierno. Así, aseguran que compete a la Administración socialista el desarrollo de la ley de Instituciones de Inversión Colectiva, y que, incluso, fue uno de los temas tratados en el traspaso de poderes por lo tanto, el Gobierno socialista era plenamente consciente de ello Los populares van más allá y advier- ten que el propio Gobierno socialista en el punto 8 del preámbulo del real decreto 1309 2005 de 4 de noviembre de 2005 que aprueba el reglamento que desarrolla la ley 35 2003 de 4 de noviembre, reconoce que las empresas de bienes tangibles requieren para su regulación una orden ministerial que no se ha dictado hasta la fecha A juicio del Partido Popular, la dirección política del Ministerio de Hacienda conoce por primera vez este caso de mano de la Agencia Tributaria ya bajo mandato del Partido Socialista, y se mantiene en la Secretaría de Estado de Hacienda hasta que se remite a la fiscalía Finalmente, el PP considera una insensatez que durante todo ese año no se ha advertido a las autoridades de consumo de la gravedad de los hechos que investigaba la fiscalía.