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4 Opinión JUEVES 18 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CAMPAÑA INTOLERABLE DEL PSC AS reglas del sistema democrático exigen que se respete el juego limpio en las relaciones entre los partidos y entre éstos y las instituciones. Desde este punto de vista, los socialistas catalanes han superado todos los límites con su pretensión de poner en marcha una campaña que invita a los catalanes a votar sí al Estatuto, con el argumento de que el no sería utilizado por el PP en contra de Cataluña. No es extraño que Josep Piqué haya llevado a la práctica la advertencia de los populares de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, la Agencia de Protección de Datos y la Junta Electoral. Hay por supuesto buenos argumentos jurídicos, porque incluso Maragall ha enviado cartas a los ciudadanos antes de que el texto fuera aprobado por el Senado, con una notoria falta de respeto ante la Cámara territorial. Pero lo peor de todo es la fórmula intolerable con la que el PSC pretende desviar los problemas internos que han conducido al fracaso del tripartito. Se trata, como siempre, de culpar a un enemigo exterior En este caso, se identifica al PP como el partido de los malos catalanes, lo que constituye una ofensa inaceptable hacia sus muchos miles de votantes y de cargos públicos en aquella comunidad autónoma. El objetivo político es afear su conducta a ERC, acusándola de favorecer objetivamente al partido que quedaba excluido- -mediante el pacto de Tinell- -del sistema de alianzas políticamente correctas. Estar en contra de este Estatuto no es estar en contra de nadie, sino a favor de Cataluña y del conjunto de España. El proyecto no convence ni al propio PSOE ni al PSC, desplazado este último del pacto de Zapatero y Artur Mas, que salvó a última hora un texto moribundo. Según todas las encuestas, los ciudadanos están poco interesados en un asunto que se ha convertido en el eje de una legislatura desperdiciada por la clase política catalana. Las expectativas de cara al referéndum- -que tendrá que convocar un gobierno prácticamente en funciones- -son poco esperanzadoras. En este contexto, el PSC pretende tirar por el camino fácil de desviar la atención hacia quienes desvelan una maniobra que sólo beneficia a sus intereses partidistas. Es probable que los recursos interpuestos por el PP den su fruto ante los órganos jurisdiccionales y las administraciones independientes a quien van dirigidos. Pero lo triste es que se siga utilizando sin pudor el argumento de la unión sagrada que ya sirvió para tapar el caso del Carmelo y el escándalo del tres por ciento. Los nacionalistas de todos los partidos (también cuando actúan bajo las siglas socialistas) se identifican a sí mismos sin disimulo con la entidad a la que pretenden representar en exclusiva. Menos mal que los ciudadanos saben distinguir de sobra quién utiliza el nombre de Cataluña al servicio de puros egoísmos coyunturales. L LA NECESARIA VUELTA AL PACTO ANTITERRORISTA A entrevista con dirigentes de ETA en el diario Gara se ha traducido en una cierta rectificación del discurso del Gobierno sobre el llamado proceso de paz aunque sea aceptando obviedades que parecía negar hasta ahora. La hora de las matizaciones parece haber llegado y es bueno que el Gobierno enfríe los ánimos que enardeció en su momento. La tarea ha recaído en el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer lanzó dos mensajes en este sentido, en el Congreso: el Gobierno no tiene la convicción de que ETA hayadecidido el fin de la violencia y se convocará el Pacto Antiterrorista, lo que podría suceder esta misma semana, de comúnacuerdo entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy. Realmente, no hace falta escrutar con especial intensidad los datos actuales del proceso de paz para saber que ETA no tiene intención de poner fin al terrorismo. Lo ha dicho públicamente en la entrevista del diario Gara Por tanto, la convicción que existe es, exactamente, que ETA no va a dejar las armas y que ha planteado esta tregua como un recurso estratégico de su lucha armada. Es lo que siempre ha defendido en sus comunicados y lo que ha aplicado en la práctica. Por tanto, es razonable que el Gobierno, muy poco locuaz sobre las últimas declaraciones de los terroristas, realice ahora ciertos movimientos tácticos para situarse en un escenario que ETA ha hecho muy incómodo para seguir afirmando que el proceso tiene bases sólidas Nada más adecuado en este momento para el Gobierno que recurrir al apoyo del PP mediante una reunión del Pacto Antiterrorista. Y más allá de que el Ejecutivo haya hecho de la necesidad virtud, esta convocatoria es demostrativa de que sin el PP el Gobierno no puede abordar de manera fiable para los ciudadanos ninguna etapa en la que se plantee el final del terrorismo. Por eso, la convocatoria del Pacto antiterrorista ratifica al PP, guste o no al Gobierno, como el aliado natural para encauzar la política antiterrorista con plena legitimidad política y respaldo social. Ahora bien, el Pacto antiterrorista no puede ser tratado comoun recursocoyuntural para aliviar momentáneamente la presión que siente el Gobierno por la entrevista de los etarras. Precisamente, la reiteración de los objetivos te- L rroristas, formulados con la retórica más ortodoxa, en forma y fondo, de la banda armada impone al Gobierno una revisión sustancial de su agenda, porque Zapatero no está en condiciones de acudir al Parlamento, en este momento ni a corto plazo, a pedir autorización ninguna para negociar con ETA. El Pacto Antiterrorista representa los valores de lademocracia constitucional, y, precisamente por eso, hay partidos que nunca se sumaron a él, lo cual no es una carencia del pacto sino de estos partidos. Si ETA se reafirma en los mismos planteamientos con los que ha justificado el asesinato masivo, la extorsión, la intimidación y la limpieza ideológica del País Vasco, el Estado debe recuperar cuanto antes sus principales recursos legales y políticos para afianzarse frente a los terroristas, abandonados por errores de cálculo y percepción sobre las intenciones y la naturaleza de los terroristas. Con la reunión del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, el Gobierno debe iniciar otra política, que incluya una exigencia absoluta a ETA en las condiciones de desarme y disolución y una marginación efectiva de la izquierda abertzale en tanto no condene la violencia y siga siendo un mero instrumento de los terroristas, como quedó claro en la entrevista del diario Gara En este sentido, resultan dignasde subrayar las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien emplazó a ETA a que deje de extorsionar y de matar, que derogue las armas y que todos los ciudadanos vascos puedan vivir en paz y sin miedo Un llamamiento que monseñor Blázquez enmarcó en la tarea pastoral que puede desarrollar la Iglesia en este momento. A los políticos les incumbe la responsabilidad de hacer valer los principios democráticos. Con el Pacto antiterrorista ha de recuperarse la única política de Estado capaz de garantizar a los ciudadanos que el fin de ETA será una victoria sobre los terroristas. Si el Gobierno es sincero al anunciar esta nueva convocatoria del Pacto, no cabe duda de que lo más importante ha de venir a continuación: una colaboración recíproca y leal con la oposición para que la política antiterrorista, aunque esté dirigida por el Ejecutivo, refleje el consenso constitucional más importante, que es el de no dar ninguna retribución política a los terroristas y no aceptar otra cosa que su rendición. REFORMA FISCAL, CAMBIO DE ALIADOS L proyecto de ley de reforma fiscal promovido por el Gobierno, en cumplimiento de un compromiso electoral, superará hoy el primer escollo legislativo con el previsible rechazo de las enmiendas a la totalidad que han presentado buen número de grupos parlamentarios, entre ellos los dos aliados habituales del Gobierno, ERC e IU. El proyecto presentado por el Ejecutivo es de menor cuantía, dejando prácticamente las cosas como están, con algunos recortes parciales de tipos, compensados con otros aumentos y con la eliminación de desgravaciones y deducciones. El vicepresidente Pedro Solbes comentó que no iba a poner en riesgo el equilibrio presupuestario y que por ello no renunciaría a ningún ingreso. Así que estamos ante un proyecto de reforma prudente, con mucha calma, correcta en su planteamiento, pero que apenas avanza un par de pasos. Los asesores de Zapatero recomendaban la tarifa plana, desplazar la progresividad a una deducción en la base, a un generoso mínimo exento, entendido como renta básica de la ciudadanía. Pero semejante audacia era demasiado para una izquierda anticuada que quizás sueña con E redistribuir la riqueza por procedimientos coactivos. El cambio de alianzas parlamentarias, consecuencia de la crisis provocada por el Estatuto catalán, puede incidir poderosamente en el sesgo del proyecto de reforma fiscal. De hecho ya lo ha hecho. El grupo catalán de CiU ha hecho valer sus observaciones a la reforma para recortar cinco puntos el Impuesto de Sociedades de una sola vez y no a lo largo de cinco años, así como para mantener las deducciones por inversiones en I+ D +I y para no reducir las deducciones por la aportación a fondos de pensiones. Con esas variaciones la reforma remonta vuelo y puede merecer el calificativo de tal, aunque no alcance los efectos de cada una de las dos anteriores aprobadas por los dos gobiernos del PP. Con la votación de hoy en el pleno parece que empieza una nueva etapa en esta compleja legislatura cuando, con cambio de pareja, los independentistas catalanes de ERC son sustituidos ahora por los nacionalistas catalanes de CiU, todos con los ojos puestos en las próximas elecciones autonómicas que pueden conducir a un vuelco en la política catalana y, consiguientemente, en la española.