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8 Opinión MIÉRCOLES 17 5 2006 ABC LA BURBUJA CARTAS AL DIRECTOR Pueden dirigir sus cartas a ABC: Por correo: C Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027 Madrid Por fax: 913.203.356. Por correo electrónico: cartas abc. es ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. BOLIVIA: DEL CHOLLO A LA EXPROPIACIÓN A Constitución de Bolivia dice en su artículo 22: Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa Así es como ha quedado, tras las sucesivas modificaciones LUIS IGNACIO introducidas PARADA en 1994, 2002, 2004 y 2005. Antes de esas reformas tenía cinco artículos que decían: Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer suelo ni subsuelo Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución Los perjudicados pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales ¿Por qué Repsol YPF ha asumido el riesgo de invertir en Bolivia desde 1995? Pues porque el costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo, que a nivel mundial es de 5,6 dólares, en Bolivia se reduce a sólo un dólar en el caso de Repsol. Algo que sólo superan Amoco (0,97) y Niko Resources (0,87) según Global Upstream Performance Review. Lo que podía pasar en Bolivia se sabía hace más de diez años. El Tribunal Constitucional ha fallado que los contratos de riesgo compartido son nulos de pleno derecho por haberse incumplido la exigencia de su ratificación en el Congreso. Lo que es discutible es si basta un decreto para la subida de impuestos. Así que habrá que poner a trabajar a los expertos en Derecho Internacional público y privado para que prospere la reclamación española al Gobierno de Evo Morales de una compensación por las acciones de las tres empresas de crudo y gas, gestionadas por un fondo de pensiones del BBVA que pretende se le entreguen gratis. El papelón de los sin papeles La falta de liderazgo en el contexto europeo y los errores del Gobierno español en política exterior merman las posibilidades de Zapatero para solucionar el caos migratorio en las islas Canarias. Hace ahora poco más de un año el Gobierno socialista procedió a regularizar a casi un millón de sin papeles Lo hizo sin contar con Europa- -un error lamentable- y desde Bruselas se han encargado de recordárselo con frecuencia. Ahora, cuando la situación se vuelve asfixiante para Canarias, los europeos no parecen tener la mínima intención de implicarse en el problema y Zapatero, por ahora, se ve incapaz de lograr que cambien de opinión. España carece de autoridad en el contexto internacional para exigir a la Unión Europea que adopte medidas y destine ayudas a solucionar el problema. Ni más presencia policial, ni mayor vigilancia de patrullas ni una gran sofisticación en tecnología de radares o satélites consiguen frenar la avalancha de inmigrantes. Sólo una política consensuada con la Unión Europea puede poner remedio a una situación humana que el Gobierno canario califica de gravísima Antonio Ángel Portero González Sevilla Que alguien me lo explique, por favor Hace unos años, al amparo de la falsedad de que nuestras tropas no se encontraban bajo el mandato de la ONU (sería bueno leer los artículos 12, 13 y 14 de la resolución 1.511 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2003, que desmiente claramente esta afirmación) el Gobierno español procedió a retirar apresuradamente a nuestros efectivos de Irak. Nos llevamos nuestro barcohospital, nuestros equipos sanitarios y nuestras tropas de interposición, y dejamos a los civiles iraquíes y a nuestros aliados con la certeza de dejarlos abandonados a su suerte, tirando a la basura un prestigio internacional ganado a base de entrega, empeño, esfuerzo y sacrificios. A fecha 16 de mayo, desayuno con la noticia de que España, al amparo de los acuerdos adoptados, envía un contingente de 120 hombres bajo el amparo de la Comunidad Europea a la República Democrática del Congo como fuerza de reacción rápida, desarrollando tareas de QRF (es decir, para que todos nos entendamos, de combate) para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Ahora, mi pregunta: ¿qué criterio seguimos? ¿Por qué en algunas ocasiones exigimos estar bajo la bandera de la ONU y en otras ocasiones cualquiera nos vale? ¿Por qué seguimos enviando a nuestros militares al todavía vivo conflicto de Afganistán? (Afganistán no fue ni más ni menos que la antesala de Irak, con el mismo agresor, las mismas justificaciones y las mismas técnicas) ¿Por qué seguimos utilizando a nuestro Ejército como elemento publicitario internacional? ¿Por qué no se informa a la ciudadanía de cuántos militares españoles, están operando en el extranjero, en cuántas misiones internacionales de forma directa o indirecta está participando España y cuál es el coste económico global al año de las mismas? Y encima, el ministro Alonso afirma con sarcasmo e ironía que España se lo puede permitir, como se lo pueden permitir otros países de la Unión Europea. Europa es un continente rico Ignacio Crespo Yagüe. Barcelona L La familia y Hacienda El Gobierno apenas ha aumentado las prestaciones por hijo a cargo. España es el país de la UE que menos prestaciones sociales da por este concepto. Así, en Castilla- La Mancha existe una ayuda de 32 euros por hijo asignado a aquellas familias numerosas que no superan un cierto límite de ingresos. Luego, viene Hacienda y obliga cada año en la declaración de la renta a devolver cerca del 30 por ciento de esa cantidad. Por tener hijos pagamos más IRPF. Por un hijo se deducen 1.400 euros, y sin él, hasta 8.000 euros de su manutención, depositándolo en un plan de pensiones. Estar casado también nos perjudica: se deducen 3.400 euros de mínimo, mientras que una persona separada puede deducirse toda la pensión por alimentos dada al cónyuge. Y por ser ama de casa, estar en excedencia o en paro también se paga más: cuando sólo uno tiene ingresos, la progresividad del impuesto es mayor. El Gobierno ha aprobado la reforma del IRPF, pero la redacción actual no cubre las expectativas creadas, como por ejemplo la universalización de la paga de los cien euros. Eso sí, el Gobierno cuida y mima aquellos movimientos que socavan y quieren romper los vínculos naturales de la institución familiar. No en vano, el Instituto de Política Familiar, en el informe que presentó ante el Parlamento Europeo y que lleva por título Evolución de la Familia en la Unión Europea 2006 define la crítica situación por la que atraviesa la UE como la Europa del millón por su millón de abortos y por su millón de di- vorcios al año. España está a la cabeza. Jesús Ángel Orea Sánchez Albacete Libertad de lengua El derecho a usar una lengua debe sustentarse exclusivamente en la teoría de la libertad como una manifestación particular de la libertad de expresión, es decir, en la ausencia de toda injerencia de los poderes públicos ante la actividad comunicativa entre los individuos. Entonces, las leyes llamadas del mercado linguístico ordenarán así toda comunicación a través del lenguaje en una sociedad desarrollada. En paraísos linguísticos como el ahora descrito nacieron el castellano y el catalán. La certeza y la seguridad linguísticas con los poderes públicos, y la igualdad de los ciudadanos en sus relaciones con aquéllos, reducen la libertad de las lenguas, ahormándolas y transformándolas en un derecho público. Entonces, los poderes públicos han de aceptarlas por activa y por pasiva, y reconocer plenos efectos jurídicos a su uso; y esto al menos en relación a las lenguas oficiales, que en Cataluña son el castellano y el catalán. Este derecho debe respetar la libertad de usar cada una de ellas de la forma como la Constitución respeta la libertad: en sumo grado. Las leyes no deben ni defender ni atacar las lenguas. El fin de toda acción política sobre cualquier lengua debe ser la protección de los derechos linguísticos individuales de cualquier ciudadano, cualquiera que sea la lengua que hable; y no otro. Cuando los poderes públicos hacen al catalán lengua vehicular de gran parte de la enseñanza entendemos que se pretende imponer a los castellanohablantes. Se pretende coartar la libertad de que hemos hablado mediante la aplicación de la voluntad positiva de los políticos catalanes, en contra de los principios de igualdad, libertad, solidaridad y respeto a toda manifestación cultural que la misma Generalitat proclama continuamente, pero que luego no cumple. Luis Garrido Barcelona