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4 Opinión MIÉRCOLES 17 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil BUSH Y SU POLÍTICA DE INMIGRACIÓN C EL ESTADO Y LA CRISIS DE LOS SELLOS L A vicepresidenta del Gobierno anunció el pasado viernes que el Gobierno estudia alguna medida que alivie a las víctimas del fraude de Afinsa y Fórum Filatélico. Apuntó la figura de un hipotético anticipo a favor de personas en situación de necesidad, sin entrar en detalles. Se trata de una propuesta oportunista, demasiado imprecisa y un tanto arriesgada, por cuanto despierta expectativas que, muy probablemente, luego serán defraudadas. ¿Por qué en este caso deben producirse anticipos o compensaciones públicas y no en otros semejantes? ¿Corresponde al Estado, con recursos del conjunto de los contribuyentes, corregir estos fallos tan desastrosos? Antes de ese paso hay cuestiones que despejar y aclarar, y, además, conviene aguardar a las conclusiones de los instructores de la querella, una vez que avance la investigación del caso y se haya escuchado a todas las partes implicadas. Para una disposición de fondos de ese tipo se precisaría una norma legal, con riguroso trámite parlamentario y con explicaciones y argumentos muy precisos y completos. Es notorio que los grupos políticos- -todos los grupos- -tienden a ser pródigos a la hora de repartir lo ajeno, por aquello de que para algunos gobernar es gastar; pero no es probable que pueda tramitarse, a corto plazo, una norma semejante. Y sin una norma adecuada no habrá disposición de fondo. Como ha apuntado un ministro con bastante ligereza, no se van a librar talones. Como primera providencia, el Gobierno haría bien empezando por dar explicaciones documentadas acerca de las razones por las que algo semejante ha ocurrido delante de sus ojos, durante tanto tiempo y sin que nadie haya tomado medidas preventivas. Y a continuación convendría que el Ejecutivo hiciera recuento de los procedimientos en vigor para garantizar a los clientes estafados una posible recuperación de sus ahorros o de parte de ellos. También hay que reclamar al Gobierno que ponga en juego, en cooperación con la Justicia, toda la diligencia posible para que los magistrados depuren responsabilidades y eviten que patrimonios afectos a ese negocio sean distraídos por sus inventores y actores, de forma que se reintegren, con todas las garantías procesales, al patrimonio social de las compañías querelladas. Es sorprendente que este fraude haya alcanzado la dimen- sión que hoy presenta (ahorro comprometido en cuantía que supera los 6.000 millones) y que haya sorteado los sistemas de control financiero que la sociedad española ha implantado durante los últimos años como consecuencia de otros casos precedentes. Las dos sociedades sometidas a investigación y querella supieron colocarse al margen de cualquier instancia de inspección y control, lo cual les ha permitido llegar tan lejos. También es evidente ahora que ambas sociedades han evitado la difusión pública de sus productos; sus campañas de publicidad eran de marca, nunca de los productos que comercializaban. Por lo visto, eran los menos interesados en aparentar que eran empresas financieras y en excitar el celo del regulador. Y también han rehuido dar explicaciones públicas de sus resultados y actividad, lo cual explica el escaso interés que les han prestado los medios informativos especializados, si bien no es ésta excusa de una falta de diligencia en la tarea de perro guardián a favor del derecho de los ciudadanos a saber, que se atribuye a los medios informativos. Demasiados fallos en el sistema, que han sido aprovechados por los actores del caso y que han conducido a este desastre. Al Estado, empezando por los jueces, corresponde ahora poner orden y evitar una catástrofe mayor. Con serenidad y con celeridad hay que determinar la instancia judicial competente para entender el caso con unidad y firmeza. Dos juzgados instructores, uno para cada una de las empresas querelladas, pueden conducir a contradicciones y divergencias, a un río revuelto que no ayudaría a resolver el caso y asignar responsabilidades. Otro tanto para la administración judicial de las dos compañías que tiene que determinar y asegurar sus activos y pasivos y proteger el patrimonio restante para una puntual y eficaz administración y, en su momento, la liquidación del mismo a favor de los acreedores. Las responsabilidades del Estado, especialmente del Gobierno, residen en generar confianza, en dar seguridad jurídica y personal a los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, el Estado ha fallado, no ha vigilado, ni ha sido diligente para entender y atender las señales de que detrás de este negocio se escondían demasiados riesgos. Pero de eso a endosar a los contribuyentes la factura hay mucha distancia. MEJOR UNA VIDA DIGNA A vigente normativa en materia de inducción y auxilio al suicidio es razonable y proporcionada a los valores sociales a cuyo servicio se encuentra el Derecho Penal. La vida de estos enfermos es un bien jurídico digno de respeto y protección. No hay razón alguna para incorporar a nuestro ordenamiento mecanismos que permitan o faciliten la eutanasia, ni con la fórmula edulcorada de un supuesto derecho a morir con dignidad ni por la vía de la despenalización de la conducta de quienes auxilian de forma determinante a quienes desean morir, llegando a veces a cometer un genuino delito de homicidio, aunque se encubra bajo argumentos humanitarios. Abrir la puerta a la muerte como opción personal no es admisible desde un punto de vista ético ni jurídico. Además, la experiencia en otros países invita a la máxima prudencia. De ahí que sean destacables las manifestaciones muy precisas desde el Ministerio de Justicia en el sentido de que no existe proyecto alguno para reformar la legislación actual. Hace falta ahora que los poderes públicos y la sociedad civil ofrezcan a los tetrapléjicos la L ayuda material y moral que necesitan para encontrar nuevas perspectivas. La opinión pública recibe solamente el impacto de los casos más dramáticos, como son el de Ramón Sampedro, amplificado por el cine, y el muy reciente de Jorge León. Sin embargo, no debe olvidarse que cientos de tetrapléjicos luchan día tras día por una vida mejor, utilizando las nuevas tecnologías y los avances médicos para subsistir en una batalla difícil pero plagada de entusiasmo y calidad humana. Mientras, en un caso, internet se utiliza para reclamar ayuda en busca de una muerte supuestamente digna en otros muchos la red sirve para conseguir amigos, obtener información y entretenimiento y buscar nuevos alicientes en la dura realidad cotidiana. El esfuerzo abnegado de muchos familiares y profesionales sanitarios es también un factor a tener en cuenta. Luchar por una vida digna es un objetivo irrenunciable para estos enfermos, que necesitan el máximo apoyo de las administraciones públicas y de una sociedad que no debería mostrarse indiferente ante las víctimas de una desgracia de tal calibre. UANDO un país envía a su Ejército a defender la frontera, como ha hecho Estados Unidos con el anuncio de que va a desplegar a 6.000 soldados de la Guardia Nacional, está lanzando un mensaje de extrema relevancia. En efecto, en el repertorio de opciones de las que dispone un Gobierno, el Ejército es el recurso último, el símbolo más evidente de que han fracasado todas las demás alternativas. El presidente George W. Bush ha reconocido que sus funcionarios no son capaces de controlar la frontera con los medios convencionales y, por ello, ha decidido tomar esta medida excepcional. Afortunadamente, el vecino México no tiene nada que temer desde este punto de vista, puesto que los militares no estarán en misiones armadas, y, en este caso, lo que pretende Washington es sobre todo enviar un mensaje tranquilizador a la población norteamericana. En EE. UU. para muchos, el debate sobre la inmigración se ha contaminado ya con el de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, lo que explica la gravedad de la situación a la que puede llevar la decisión anunciada por la Casa Blanca. El tiempo dirá si el resultado de esta disposición es que los norteamericanos se sientan más seguros o que, por el contrario, les parezca que el frente de combate se ha trasladado desde Afganistán o Irak al desierto de Arizona. Bush ha reaccionado también ante el clamor de las manifestaciones y ha evitado caer en la aberración de declarar ilegales o perseguibles a los sin papeles. Por ello ha querido compensar el rigor fronterizo manu militari anunciando al mismo tiempo una serie de medidas legales que abren un camino para la regularización de aquéllos que se encuentran en Estados Unidos en situación irregular, pero eludiendo en todo momento el concepto de amnistía algo que ya se había descartado desde el principio para no fomentar el efecto llamada y para que no resultase un agravio con aquellos millones de emigrantes que han llegado allí cumpliendo escrupulosamente las normas. Esta voluntad de equidistancia puede que no sea bien recibida por la imponente minoría hispana, cuya influencia política está creciendo en todos los sentidos, y lo que Bush cree que está ganando con los votantes de origen anglosajón tal vez lo pierda entre los llamados latinos. La emigración se ha convertido en un fenómeno demasiado complejo como para estar haciendo cálculos a corto plazo, y si Bush cree que con estas medidas ha resuelto el problema, entonces, se equivoca. También en España estamos conociendo- -ciertamente, en dimensiones mucho menores- -los aspectos más conmovedores de este drama, que tiene que ver con muchas cosas a la vez. Pero, seguramente, el hecho al que alude directamente la decisión de usar el factor militar para combatirlo no es, ni mucho menos, el más importante de todos.