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ABC MARTES 16 5 2006 Nacional 17 quién debe dirigir la Escuela Judicial. Da la impresión de que se quiere controlar los puestos clave. ¿Es así? -La importancia de los altos cargos judiciales es innegable. Aún así, con carácter general, este Consejo siempre ha apostado por la profesionalidad de los candidatos, no tanto por las asimilaciones o pertenencias a determinadas asociaciones. Pero no cabe duda de que al final los resultados siempre se miden por la pertenencia a las asociaciones o por el mal llamado grupo que propone a un candidato, olvidando la profesionalidad de los que resultan elegidos. Esto es una perversión. Lo que está claro es que el efecto que produce la ley de los tres quintos es una mayor dificultad a la hora de hacer nombramientos. No hay que olvidar que cuando las Cámaras, en 2001, eligieron a los vocales de este CGPJ, lo hicieron dentro de la lógica de los partidos, algo que personalmente no me gusta, pero es lo que hay. Y lo hicieron con la previsión de que hubiera un número suficiente de votos para adoptar acuerdos. Y esto es lo que se ha cambiado. Pero por lo que realmente tenemos que luchar todos es para que cada vez nos fijemos más en la profesionalidad de los candidatos y no en su asignación a una determinada asociación o en la determinación del grupo que lo propone. ¿Ha actuado este Consejo como el último bastión del PP? -No, creo que no. Tan injusto me parece decir que determinados vocales actuaban como oposición al antiguo Gobierno del PP al inicio de este Consejo como decir ahora que otros vocales actuamos como oposición al actual Ejecutivo. Votar a favor o en contra de un informe sobre una determinada ley no es hacer oposición, sino posicionarse frente a un proyecto, que es lo que legalmente se nos exige: que nos posicionemos, que hagamos un informe sobre un proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Lo que hay aquí es la lógica oposición de ideas dentro de un órgano plural. CASO BONO Estamos ante una sentencia que hace que los ciudadanos vean en la Justicia la última instancia ante la que pueden reclamar la protección de sus derechos LOS INFORMES DEL CGPJ Votar a favor o en contra de un informe sobre una ley no es hacer oposición a nada sino posicionarse frente a un proyecto, que es lo que legalmente se nos exige ¿Cree que la división del CGPJ es en cierto modo espejo de la crispación política que vive España? -España vive un momento de cambios legislativos de una entidad indudable y esto hace que cualquier posicionamien- to frente a estos cambios tenga una mayor visibilidad mediática. Desde mi punto de vista, el problema es que ha habido un excesivo juicio de voluntades y muy poco examen técnico y científico de los informes que ha hecho el CGPJ. El primero que hicimos con el actual Gobierno fue el de la ley integral de violencia de género, un dictamen mal entendido, no sé si mal explicado, pero desde luego enjuiciado desde el cuestionamiento de la voluntad de los vocales que integramos ese acuerdo y con muy poco estudio de su contenido. Pasados dos años, nos damos cuenta de que algunas de las críticas a la ley contenidas en ese informe no eran tan desacertadas. Con el resto de informes y estudios ha pasado lo mismo. ¿Cuál es su opinión sobre las incomparecencias del presidente del CGPJ en el Congreso? ¿Cree que debió acudir a la Cámara? -Me remito al contenido de las cartas que el presidente envió al Parlamento explicando por qué no iba a compare- Hay que dejar claro que la última instancia jurisdiccional es el Supremo ¿Cuál es la fórmula para aproximar la Justicia a los ciudadanos? -No es llevar los juzgados al barrio, sino hacer la Justicia más transparente y accesible a través del uso de las nuevas tecnologías. Y es aquí donde echamos de menos la actuación del Ministerio de Justicia, aunque el CGPJ está colaborando todo lo que puede en esto. El juez de proximidad es un modelo anticuado que obedece a principios muy alejados de los criterios de independencia, profesionalidad y formación que exige una sociedad del siglo XXI. Y en lo que se refiere al reparto competencial entre el Supremo y los tribunales superiores, hemos alertado también sobre el peligro que se corre de que el Tribunal Supremo acabe teniendo jurisdicción sobre muy pocos casos, no tanto en número como en clase. El Supremo debería conocer de un elevado número de materias para poder sentar doctrina en todas ellas. Y desde luego, hay que dejar claro que la última instancia jurisdiccional en España es el Tribunal Supremo, sin perjuicio de las competencias que puedan tener los tribunales superiores en relación con el derecho propio de cada comunidad y como tribunales de segunda instancia. cer. Y creo muy acertados los motivos que alegó. En cuanto a la primera (explicar el contenido de una resolución judicial) existían sobradas razones para que no acudiera a la Cámara; y en cuanto a la segunda, pretendía practicar reparos y críticas a la actuación del presidente del CGPJ, un objeto de comparecencia ajeno al ámbito de colaboración institucional que establece la Constitución. En cualquier caso, se ha producido un efecto positivo, pues nos ha hecho reflexionar a todos sobre el contenido de las comparecencias del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ en el Parlamento y espero que encontremos una solución que concilie el deber de dar información sobre las actividades del Consejo con la ausencia total de control parlamentario hacia el órgano de gobierno de los jueces. -Hágame un breve análisis sobre las reformas en trámite de la LOPJ. -Las reformas instadas por el Ejecutivo (justicia de proximidad, descentralización del gobierno del Poder Judicial, la nueva casación y replanteamiento de las competencias de los tribunales superiores) están alejadas, como ya ha dicho el Consejo en sus informes, de los fines tendentes a la modernización de la justicia. Son reformas pensadas más en términos de poder, en determinar quién manda en la justicia y cómo. La descentralización del gobierno del Poder Judicial afecta al principio de unidad establecido en la Constitución de 1978, que entiende que el judicial es el único poder exento del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Cualquier reforma de este modelo pasa por la reforma de la Constitución. Por eso, estamos ante una reforma hecha por y para políticos, pensando muy poco en los ciudadanos y en la Administración de Justicia. Respecto a la justicia de proximidad, supone un retroceso en el nivel de profesionalización y exigencia de formación para ingresar en la carrera judicial y no acerca la justicia al ciudadano.