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4 Opinión MARTES 16 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil VIVIENDA, PROBLEMA DE ESTADO E MORALES, AHORA A POR LOS BANCOS VO Morales sigue su proceso de nacionalizaciones a ritmo de crucero. Ayer, cogió nuevos bríos y sembró más incertidumbres sobre el futuro del país andino, perjudicando de paso los intereses económicos españoles; y sólo un par de días después de haber charlado amistosamente en la cumbre de Viena con Rodríguez Zapatero, a quien ocultó su penúltima maniobra. Con la pompa populista que empieza a ser habitual por aquellas latitudes, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, firmó un decreto de incautación adicional al adoptado por su Gobierno hace unos días, asegurándose así el control absoluto sobre todo el mercado del petróleo y el gas bolivianos. Esta vez se exige a los Grupos BBVA y Zurich Financial Service que pongan a su disposición las acciones que controlan respectivamente dentro de los fondos de pensiones Previsión y Futuro Creados en 1997 con el patrimonio que resultó de las privatizaciones de las firmas estatales que explotaban los sectores estratégicos bolivianos, los fondos gestionan alrededor de 700 millones de dólares en acciones de las empresas petroleras nacionalizadas hace dos semanas. Con un tono imperativo inaceptable, más propio de una dictadura populista que de una sociedad abierta, el Gobierno boliviano ha dado un ultimátum al BBVA y a Zurich Financial Service para que entreguen a título gratuito -tal y como señala el decreto- -esas acciones en un plazo de tres días o, de lo contrario, sus instalaciones serán intervenidas. En la rueda de prensa ofrecida por el vicepresidente García Linera en La Paz para informar de la decisión, se esgrimió varias veces la idea de que la medida era la respuesta a la negativa de los gestores de los citados fondos a ceder las acciones de su propiedad sin un justiprecio que los indemnizara por las utilidades derivadas de la inversión que llevaron a cabo hace diez años. De esta manera, las declaraciones del vicepresidente boliviano y el tenor del decreto desmentían las afirmaciones que hacía al mismo tiempo Evo Morales en el Parlamento Europeo. En el pleno de la Eurocámara, el presidente de Bolivia insistió varias veces en que las decisiones nacionalizadoras de su país no debían interpretarse como una expropiación de las inversiones extranjeras. De hecho, los inversores podían estar tranquilos E ya que se les reconocía en todo momento el derecho a recuperar su patrimonio, aunque no el control de los recursos naturales que explotaban, pues éste tiene desde hace unos días un único y definitivo dueño: el pueblo de Bolivia. Sin embargo, el decreto aprobado ayer niega esta declaración y pone en evidencia su tenor demagógico y populista. No hay que olvidar que de acuerdo con la nueva nacionalización estamos ante una entrega forzada de las acciones que gestionan los citados fondos de pensiones. El ultimátum es, como se encargó de reiterar el propio García Linera, así de claro o se hace la entrega a título gratuito y sin compensación en el plazo de tres días o se incautarán los activos patrimoniales y, de paso, se intervendrán las instalaciones de las empresas interesadas radicadas en Bolivia. En fin, todo un ejemplo de seguridad jurídica. Lo sorprendente de este escenario es que tiene lugar a tan sólo unos días de la entrevista que celebraron el pasado fin de semana en Viena los presidentes Rodríguez Zapatero y Morales, mientras se desarrollaba la Cumbre Unión Europea- América Latina. Después del enrarecimiento de las relaciones bilaterales vivido hace poco más de una semana, la entrevista pareció despejar supuestamente las dudas que pendían sobre la sinceridad del líder boliviano acerca de su respaldo a los intereses españoles en el país. Pero todo se reveló ayer como un truco. No sólo no se corrige la política de nacionalizaciones, sino que se amplía a otros campos de inversión extranjera. Demasiado grave para que Rodríguez Zapatero siga pensando que las decisiones de Morales son problemas puntuales Ni diálogo, ni respeto ni reglas claras. Ese es el mensaje que emite al mundo la Bolivia de Morales. Ahora le corresponde a Zapatero responder con rotundidad a la sucesión de gestos inamistosos que viene exhibiendo hacia España y sus intereses económicos el populismo del líder cocalero. No cabe repetir la estrategia aquiescente seguida hace unos días. Ya no caben más monsergas. Ahora corresponde exigir el respeto a la legalidad y presionar con todos los medios diplomáticos disponibles. De lo contrario, el ejemplo boliviano puede cundir en Iberoamérica y, entonces, el daño para España será irreparable. EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN A avalancha masiva de inmigrantes africanos que está llegando a las islas Canarias es la mejor prueba del fracaso de la política que ha usado hasta ahora el Gobierno para hacer frente a este drama. Su respuesta no ha sido ágil y ha ido siempre detrás de los acontecimientos, al rebufo de una situación que, sin embargo, era trágicamente previsible. Existen diversos factores que alientan el flujo ilegal de inmigrantes y uno de ellos es el efecto llamada provocado por las medidas de regularización automática que se aprobaron el año pasado. Volvemos a estar donde estábamos, con el mismo problema que representa un volumen cercano a un millón de personas en situación irregular, y una creciente afluencia que se concentra precisamente en el archipiélago canario, un territorio lejano y frágil, cuyos habitantes están justamente alarmados. España se encuentra en una situación geográfica que en estas circunstancias históricas nos obliga a afrontar de forma inteligente este problema, con políticas más activas y que comprometan a los países de los que parten L los candidatos a la inmigración ilegal, sabiendo que estas personas van a seguir intentándolo y al mismo tiempo que no es posible mantener para siempre esta benevolencia pasiva, porque la sociedad española- -como cualquier otra- -tiene un límite de saturación. Si no queremos que florezcan indeseables sentimientos xenófobos, hay que evitar la impresión de que España se ha convertido en un coladero incontrolado. Y también es necesario dejar claro de una vez que las circunstancias directas por las que estos hombres arriesgan sus vidas en busca de un futuro no son responsabilidad de España o de los demás países europeos que los van a tener que acoger. Hay que acabar con esta autoflagelación histórica, que hace parecer inocentes a muchos gobernantes corruptos y dictatoriales, que son los auténticos culpables del desastre humano, social y económico que se produce en África. Mientras no se resuelvan los gravísimos problemas que impiden el desarrollo de este continente, no habrá barreras físicas o legales que puedan detener la fuerza de la desesperación. L artículo 47 de la Constitución proclama que todos tienen derecho a una vivienda digna A pesar de que esta formulación conduce al equívoco, no se trata de un derecho subjetivo que pueda ser reclamado directamente, sino de un mandato dirigido a los poderes públicos para que desarrollen una política orientada a dicho fin. Pero más allá de sutilezas jurídicas, los ciudadanos- -especialmente los jóvenes- -se sienten impotentes ante la realidad implacable del mercado. Las manifestaciones de anteayer son buena prueba de ello, aunque la presencia de grupos antisistema les ha otorgado una dimensión que no comparten la mayoría de los jóvenes españoles. De hecho, 110.000 personas figuran ya inscritas en la lista única del Plan Joven de Vivienda. Las repercusiones socioeconómicas de este fenómenos son notables: ante la imposibilidad de instalarse por cuenta propia, se alarga considerablemente la permanencia de los hijos en el hogar familiar y se retrasa la edad media para contraer matrimonio, con la natural repercusión en las tasas de natalidad. Los que se lanzan al mercado necesitan endeudarse durante muchos años. A pesar de las facilidades para las hipotecas y de la moderación de los tipos, se exige un sacrificio muy notable en tiempos de empleo inestable. Lo peor es que este círculo vicioso genera la desmoralización en muchos jóvenes, víctimas de una situación que no les permite ver la luz al final del túnel. En suma, no es exagerado afirmar que la vivienda es- -a día de hoy- -uno de los problemas más graves que afectan a nuestra sociedad y que constituye un auténtico problema de Estado. La apuesta de Rodríguez Zapatero por recuperar el Ministerio de la Vivienda (elevando a rango de departamento lo que era una simple dirección general del Ministerio de Fomento) ha resultado un fracaso. No se trata sólo de la escasa capacidad política de María Antonia Trujillo, que recibe una y otra vez la puntación más baja en la valoración de los ministros, según las encuestas. Al menos, en los últimos meses ha optado por un silencio prudente, en lugar de lanzar a los cuatro vientos sus ocurrencias sobre soluciones habitacionales y micropisos de unos pocos metros cuadrados. El ministerio podría desarrollar una función de coordinación y promoción, de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el marco de un gran pacto de Estado en el que todos deban aportar recursos y comprometerse en la lucha contra la especulación del suelo, que sigue siendo el factor básico de encarecimiento. De lo contrario, cada administración buscará soluciones por su cuenta, más vistosas que efectivas, mientras los ciudadanos continúan sufriendo unos precios que no detienen su escalada alcista. Aunque buena parte del bienestar económico actual tenga su base en la cultura del ladrillo es notorio que las repercusiones a medio plazo pueden ser muy negativas para la economía española.