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4 Opinión LUNES 15 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL ESTATUTO MELLA AL PSOE ANDALUZ A erosión que el debate territorial está provocando en el Partido Socialista empieza a resultar patente incluso en sus más sólidos bastiones electorales. Así lo muestran los datos del Barómetro de Primavera de ABC en lo que respecta a Andalucía, donde el casco de uno de los más emblemáticos buques insignia de la hegemonía socialista muestra ya el claro impacto de la aventura estatutaria. Y no sólo porque, como publicábamos ayer, uno de cada tres andaluces piense que existen en esa comunidad problemas más urgentes que la reforma de su estatuto, o porque la mitad considere que incluso con este nuevo texto Andalucía seguirá contando con un autogobierno menor que los del País Vasco y Cataluña. Es que, además, la proyección electoral del actual estado de la opinión pública andaluza arroja un significativo descenso de las expectativas del PSOE respecto al anterior barómetro, en beneficio directo del Partido Popular. La polémica estatutaria ha reducido considerablemente los márgenes de ventaja del PSOE, que se sitúan hoy por hoy en el límite mismo de la mayoría absoluta. En claro correlato, el PP aumenta significativamente en intención de voto, lo que permite considerar que la perceptible artificialidad del debate territorial se ha convertido en un bumerán capaz de amenazar la sólida y larga comodidad con que los socialistas gobiernan desde 1982 en la autonomía andaluza. A las voces que hace tiempo claman por la necesidad de una alternancia se suman las de quienes entienden que el Gobierno de la Junta se ha embarcado en una estrategia equivocada y estéril que ni siquiera reduce los desequilibrios con otras autonomías de primer nivel. Al mismo tiempo, los andaluces continúan dando muestra de un profundo sentido de la sensatez, al mostrarse mayoritariamente partícipes de un sentimiento de doble pertenencia incluyente a Andalucía y España, por más que el flamante concepto de realidad nacional provoque una clara división de criterios entre la ciudadanía. Conviene aclarar, en todo caso, que cuando se analizan datos procedentes de encuestas realizadas fuera de un período electoral, las respuestas referidas a intención de voto tienen que ser entendidos como meros datos de opinión, expresivos de un determinado, y posiblemente momentáneo, estado de ánimo colectivo. Deben por tanto ser interpretadas sólo como reflejo de las tendencias de opinión predominantes en el momento de realización del estudio, pero no como alineamientos electorales cristalizados. Hecha esta advertencia, la ventaja socialista- -casi 20 puntos en el pasado invierno- -se ha reducido en más de la mitad, hasta quedar en 8,2 puntos porcentuales. Si se trata de una reacción coyuntural o de una tendencia consolidada es algo que sólo en posteriores estudios podrá comprobarse. De lo que no parece caber duda es de que, por ahora, la estrategia socialista respecto a la reforma del modelo territorial está causando en los ciudadanos incertidumbres negativas con un claro coste político para sus promotores. L PRESIDENTE, DIGA NO N I el más voluntarioso de los animadores del proceso de paz tiene esta vez oportunidad alguna para encontrar un motivo de optimismo en la profusa entrevista concedida por ETA al diario Gara Los terroristas no han podido ser más claros en su primera declaración pública tras el alto el fuego anunciado el 22 de marzo pasado. Y sus pretensiones, planteadas como condiciones irrenunciables para la negociación política, extinguen por completo los márgenes de maniobra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si desde el Ejecutivo o desde el PSOE se pretende soslayar el golpe mortal de ETA a las esperanzas de un fin digno y justo de la violencia terrorista con el manido argumento de que los terroristas han hablado para consumo interno será entonces momento de pedir a uno y a otro que no ofendan más la inteligencia de una sociedad muy curtida en la lucha contra ETA y que no desprecien la verdad histórica, que no es otra que la formada por los cientos de asesinados por ETA para su consumo interno Lo que ha sucedido con la entrevista de ETA en Gara es que los propios terroristas han disipado los espejismos. Esta ETA, que es la de siempre, de ortodoxia fundamentalista consigo misma, no quiere la paz. Quiere ganar con la tregua todo aquello por lo que ha estado asesinando, extorsionando e intimidando. ETA le lanza al Gobierno un órdago, no una oferta de negociación, y al hacerlo fuerza a Rodríguez Zapatero a hacer algo a lo que el presidente del Gobierno no quería enfrentarse: definirse taxativamente frente a las demandas terroristas y abandonar las aguas tibias de la esperanza engañosa. Pero el Gobierno ha de saber que ETA ha conducido el llamado proceso de paz a un callejón sin salida al plantear como irrenunciables unas condiciones que ningún Estado democrático aceptaría, en ningún caso y bajo ninguna clase de coacción. La ETA que se supone que había reflexionado e interiorizado su derrota surge envalentonada; exige la amnistía y la excarcelación de los presos etarras como condiciones imprescindibles; dice que es el momento de hablar de desmilitarización se ufana del fracaso del marco de las autonomías emplaza a pasar al escenario de la autodeterminación y la territorialidad sin las cuales no es posible superar el conflicto descarta que la izquierda abertzale se integre en la normalización política sin más; y, finalmente, advierte de que se equivocan quienes se limiten a intentar desactivar la lucha armada de ETA Con estas premisas, sencillamente, no hay proceso viable de ninguna clase, ni político, ni de final dialogado ni de superación del conflicto Salvo el proceso de la derrota o la rendición incondicional. Incluso ETA pone en entredicho el crédito de los informes policiales sobre verificación del alto el fuego, al reconocer que sigue extorsionando- peticiones monetarias según macabra humorada de los terroristas- -y al considerar que los atentados de Barañáin y Guecho son manifestaciones del enfado y de la respuesta popular Y aunque niegue su responsabilidad por esos atentados- -nunca lo haría estando pendiente el recurso de casación en el sumario de Jarrai- se exime de cualquier responsabilidad para evitarlos en el futuro. Por tanto, de ETA, que dice que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, no cabe esperar más. Pero sí cabe esperar y exigir, y mucho más que hasta ahora, de un Gobierno que debe ser consciente de que está ya muy cerca de un punto de no retorno en la lucha antiterrorista y que debe ser tan sincero en reconocer que este proceso es inviable como dispuesto estuvo en su día a inaugurar un panorama de paz sobre bases sólidas en cuanto ETA anunció el alto el fuego. Incluso se atrevió a pedir al PP que sonriera por la bondad del momento. Hoy, el PP está más legitimado si cabe para no sonreír impostadamente, y para dar a su apoyo político al Gobierno un nivel de exigencia muy superior y garantizar a la sociedad española que será la oposición firme y responsable que necesita España en esta encrucijada histórica. Mejor será que, cuanto antes, el presidente del Gobierno diga no a ETA, a todas y cada una de sus condiciones. Y que lo diga pronto, para que se pueda recomponer, en la medida de lo posible, aquella fortaleza del Estado, en buena parte perdida por el torpe abandono de los grandes fundamentos de la lucha contra ETA: el pacto antiterrorista y la ley de Partidos. El presidente del Gobierno, desde el compromiso radical con las responsabilidades de su cargo y sin atender a costes personales ni estrategias de partido, tiene que rechazar las condiciones de ETA y tomar nuevamente decisiones policiales, legales e internacionales que reactiven el proceso de derrota de los terroristas. ÁRBOLES Y DOBLE MORAL AS informaciones sobre una eventual tala y traslado de árboles por parte de la Fundación Thyssen con motivo de las obras realizadas en su sede introduce un nuevo factor en el panorama, ya de por sí complicado, del debatesobre la reforma del eje Prado- Recoletos. Carmen Cervera, en un programa de televisión, ha reconocido los hechos- me entró una lloriquera cuando fui informada -pero ha cargado las culpas sobre el arquitecto Rafael Moneo. Más allá de los lamentos y de las lágrimas de la baronesa, y en espera de una mayor precisión de los datos y de la respuesta formal del Ayuntamiento de Madrid, parece claro que existe un doble juego con los famosos árboles del paseo del Prado, en función de las conveniencias del momento. La Fundación no está en condiciones de reclamar un respeto al arbolado que raya en el inmovilismo si- -como parece- -admitió en su momento que se eliminaran algunos ejemplares notables. No hay que olvidar, además, que los patronos no presentaron alegaciones durante el proceso de información públi- L ca al proyecto de Siza y sus socios españoles, y que, dadas las circunstancias, es duduso que vayan a hacerlo ahora en el nuevo periodo abierto desde las instancias municipales. El asunto es fiel reflejo, una vez más, de que la seriedad en lo que concierne al urbanismo de una gran ciudad como es la capital de España está reñido con determinados afanes de protagonismo personal. El aplauso fácil de unos cientos de personas, vinculadas en su mayoría a organizaciones vecinales y ecologistas de izquierda, es un criterio ajeno a la racionalidad exigible en temas de interés público. Por sus competencias en materia de bienes de interés cultural, la Comunidad de Madrid está también en condiciones de tomar cartas en la tala realizada en su día, utilizando el mismo título jurídico que le permitiría actuar sobre el proyecto nuevo. Por lo demás, los ciudadanos están deseando que se cierre una polémica innecesaria que bloquea el desarrollo de un proyecto aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.