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ABC DOMINGO 14 5 2006 Opinión 5 UNA RAYA EN EL AGUA GRAVE CERTEZA N AY, BARRIO DE DON INDALECIO C ONOCEN el bolero, ¿no? Ay, barrio de Santa Cruz, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor bajo la noche etcétera. Pues al tal barrio le ocurre como a Juan Belmonte en sus comienzos: lo que decían sus partidarios, que había que darse prisa en verlo antes de que lo matara un toro. Dense prisa en ver el barrio de Santa Cruz, porque con este triste y nada jocundo cachondeo nacional de la Memoria Histórica, puede ser que de aquí a nada hasta le cambien el nombre. Que el barrio más universal de la tierra que le presta a España sus señas de identidad nacional se llame Santa Cruz es una provocación. Lo de la Cruz no les gustará nada a nuestros amiguetes los morancos. Así que no me extrañaría que con motivo del LXXV aniversario de la II República le llamen algo más políticamente correcto. Por ejemplo, barrio de la Media Luna. O barrio de las Tres Culturas: las Tres Culturas se llevan muchíANTONIO simo en la tierra donde se olvidan inBURGOS tencionadamente las raíces de Roma, de San Isidoro o de Alfonso el Sabio. Igual que en Sevilla hay una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaban, en el barrio de Santa Cruz había una plaza, y en la plaza una fuente renacentista, y un muro blanco de cal y silencio, con un retablo devoto de azulejos bajo su tejaroz, y una hermosa buganvilla, desde donde se veía el perfil más agraciado de la Giralda. Era la plaza de la Alianza. Era. A partir de ahora ya no lo será. De Alianza, nada: aquello será plaza de Indalecio Prieto, ¡toma ya! ¿Y qué tiene que ver Indalecio Prieto con el barrio de Santa Cruz y su lunita plateada? ¡Eso digo yo! En plenas manipulaciones históricas del LXXV aniversario de la II República, quieren dejar memoria indeleble de una mentira, porque Sevilla no le debe nada a Indalecio Prieto, el de ¡tiros a la barriga! Una de las primeras medidas del Gobierno provisional, antes de las Constituyentes, fue entregar al Ayuntamiento de Sevilla los Reales Alcázares, propiedad del Patrimonio de la Corona, por gestiones de Martínez Barrio (Martínez Birria, que le llamaba la guasa local) La demagógica toma del palacio de invierno en Sevilla fue la entrada de las futuras hordas de 1936 en el Alcázar, como en Madrid lo fue la invasión popular de la Casa de Campo. Y hubo un ministro de Hacienda que sin ser de Sevilla ni tener nada que ver con la ciudad, sólo por rencor antialfonsino, firmó el decreto expropiador. Ese ministro fue Indalecio Prieto, que pasaba por allí por la Gaceta de Madrid La Plaza de la Alianza no tiene nada que ver con el Alcázar expropiado a Don Alfonso XIII, pero da lo mismo. Se trata de reescribir la Historia en plan de cachondeo. Mejor que a Prieto podrían haber recordado al arabista Alfonso Lasso de la Vega, a quien la República nombró conservador del Alcázar en lugar del marqués de Vega Inclán. Y tantos pujos se dio donde antes estaba Alfonso XIII, que la guasa le puso de mote Alfonso XIV Eran días de fervor tricolor, donde el abuelo de Carmen Sevilla, don Cecilio de Triana, escribió de pitorreo que a antimonárquico no le ganaba nadie: que para él, desde aquel momento, los pavos reales del Parque pasaban a ser automáticamente pavos republicanos. Mucho me temo que el fervor del revanchista revisionismo izquierdista del callejero del barrio de Santa Cruz no quede en la Plaza de la Alianza, y que el Callejón del Agua pase a ser Callejón del Derogado Plan Hidrológico Nacional, y la Plaza de Doña Elvira, pues Plaza de Doña Carmen Romero de González. Fervor en el que no comprendo la inquina contra la Alianza, que era el nombre de un histórico comercio que allí estuvo. ¿Se creerán que era por Alianza Popular? Si era por poner su cagadita en todo, les hubiera quedado muy propio añadirle Plaza de la Alianza... de Civilizaciones como a la Avenida de la Raza le han puesto Avenida de las Razas y no sabe ya uno si es por la porcina, por la canina o por la caballar. I siquiera la formidable cortina de humo originada por la estafa de los sellos ha podido oscurecer esta semana el escándalo político que para una democracia supone el veredicto judicial sobre la detención ilegal de dos militantes de la oposición. Un hecho sin precedentes desde la Transición, de una gravedad extraordinaria que sólo la inoportuna torpeza de los dirigentes del PP en el Congreso, aficionados a la orteguiana dialéctica de los jabalíes, ha permitido que se convierta, a la postre, en una estéril disputa sobre los límites de la alharaca parlamentaria. Justo el día en que se deshacía el tripartito catalán y Zapatero recibía una bofetada sin manos de su amigo Evo Morales, los diputados del partido agredido por el aparato policial del Estado regalaron al Ejecutivo la oportunidad de paIGNACIO rapetarse tras un altercaCAMACHO do menor que se convirtió en un burladero providencial para el ministro Alonso. Algunos observadores de inteligente suspicacia, como el maestro Martín Ferrand, han subrayado la posibilidad de que parte de las claves de la reciente crisis de Gobierno se escondan tras los pormenores de un sumario que ya hace un mes debía de antojarse claramente negativo para los intereses del poder. Apartado Bono de la escena y trasladado Alonso de departamento, las responsabilidades del caso quedaban limitadas por el cortafuegosdel delegadodel Gobierno en Madrid- ¿no tiene nada que decir el director general de la Policía? -y el escándalo podía amortiguarse con el proverbial manejo del agit- prop de que hace gala el Partido Socialista. Quienes aún prefieren pensar que Zapatero es un político torpe quizá tengan un nuevo motivo para revisar sus esquemas. Sea como fuere, el llamado caso Bono constituye una fenomenal piedra de escándalo en una sociedad democrática. Si hay algo que el Estado de Derecho no puede permitir es el acoso a la oposición a través del aparato de seguridad, cuya ultima ratio es precisamente la preservación de las libertades ciudadanas. Y esto es lo que, por encima del mayor o menor rigor de la condena a los policías procesados, establece la sentencia judicial: que dos miembros de un partido legal fueron irregularmente arrestados bajo una acusación sin fundamento, en un clima de presión ambiental originado por un tenso debate político. Aunque el tribunal se limite a constatar su leve sospecha de interferencias políticas, resulta determinante en el caso la intención gubernamental de criminalizar al partidode la oposición enuna polémicarelacionada con la negociación con los terroristas. El zarandeo a Bono fue del todo inaceptable, pero aún lo resulta mucho más la intimidatoria búsqueda de un escarmiento inmediato que pusiera en solfa al PP como un nido de vociferantes ultraderechistas contrarios al proceso de paz La leve sospecha del magistrado se convierte, a la luz del contexto político, en la grave certeza moral de un atropello inadmisible a los derechos elementales de una sociedad estructurada. Y eso tiene responsables que prefieren escurrir el bulto mientras tres funcionarios purgan su indiscutible exceso.