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4 Opinión VIERNES 12 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MORALES DA LAS GRACIAS AL GOBIERNO A cuarta cumbre Unión Europea- América Latina tiene como elemento positivo que se haya podido celebrar en un país como Austria, que no forma parte del ámbito de lengua española o portuguesa, lo que consolida este diálogo transatlántico que interesa especialmente a España. Pero esos beneficios tendrán que esperar a que el Gobierno español sea capaz de articular una política coherente y razonable, que sustituya su actual deriva irresponsable en una de las ramas más primordiales de nuestra política exterior. Las humillantes declaraciones hacia España que realizó ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales, son la desagradable constatación de la cosecha que le toca recoger al Gobierno tras su decisión de optar por apoyar activamente las posiciones políticas que van en contra de los intereses de España y que perjudican el encaje de los iberoamericanos en el mundo. La diferencia a favor del imprudente líder boliviano es que al menos Morales es impecablemente consecuente con sus posiciones (por equivocadas, nocivas y trasnochadas que puedan ser) mientras que el Gobierno español se ha quedado prisionero de su propia retórica vacía: no ha logrado protección para los intereses económicos españoles y ahora aún le reprochan que no cumpliera las promesas de doblar su ayuda económica y perdonar la deuda. En Iberoamérica, hasta ahora, el Gobierno no ha hecho más que remar en la dirección contraria del sentido común: ha promovido una política que da la espalda a los demócratas en Cuba, mientras Castro pagaba el gesto aumentando la represión; ha querido buscar la complicidad de Hugo Chávez y este ha puesto en peligro la industria militar española, y, finalmente, quiso la sonrisa del protoindigenista boliviano y este le ha respondido con el mayor desprecio. Iberoamérica atraviesa en estos momentos una situación muy delicada. La Comunidad Andina está a punto de saltar en pedazos como primer resultado de la política de Chávez, que encabeza junto a Fidel Castro una cruzada contra los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Ni Chávez ni Morales ocultan sus intenciones de hacer lo posible para utilizar sus recursos energéticos como arma de presión política. Tarde o temprano, también la Unión Europea (y España con ella) se verá involucrada en la misma discusión esencial que ya se da en cuanto al tipo de relaciones económicas con Estados Unidos. Es posible que en esta cumbre de Viena todavía sea posible disimular estas gravísimas tensiones, pero sin duda llegará un momento en el que, si España quiere tener algo que decir en el futuro de toda la región, no podrá seguir ignorando esta situación ni quedarse anclada escuchando la demagogia perniciosa que defienden los que ha elegido como principales aliados. L LA QUIEBRA ANUNCIADA DEL TRIPARTITO A ruptura del tripartito catalán y el adelanto a otoño de las elecciones autonómicas eran efectos inevitables de la decisión de Esquerra Republicana de Catalunya de votar no en el referéndum del 18 de junio sobre el nuevo Estatuto. Por tanto, resulta desolador el balance del experimento tripartito y del aventurerismo político de Rodríguez Zapatero en sus alianzas con el nacionalismo separatista. La gravedad de esta crisis se sitúa mucho más allá de la imprevisibilidad de los republicanos de Carod o del desahucio político de Maragall. Está centrada en el proyecto político diseñado y defendido por el presidente del Gobierno, basado en la concertación del socialismo y del nacionalismo de izquierda para forzar un cambio del régimen constitucional. Maragall es sólo el mascarón de proa, pero la conducción de este proceso político que ayer hizo crisis estaba en manos de Rodríguez Zapatero. Por eso, la crisis del tripartito catalán es una crisis en el mandato del Gobierno socialista, aupado a una propaganda pro estatutaria con mensajes y promesas que se estaban desvaneciendo antes del divorcio entre Maragall y Carod- Rovira. Por lo pronto, la inestabilidad constitucional de España es el oneroso precio que habrá que pagar sin beneficio alguno, porque con el nuevo Estatuto catalán no sólo no se va a resolver ningún problema, sino que se agravan los que ya existían y se crean otros nuevos. Sigue la tensión territorial esa que el PSOE achacaba a Aznar y que Zapatero iba a resolver con diálogo y talante. Los nacionalismos catalanes se han radicalizado- -el que era moderado, ahora lo es menos; y el que era radical, ahora se ha hecho más extremista- porque el Gobierno aceptó convertir el Estatuto en una sala de subastas en la que los nacionalistas pujaban por más soberanía. El PSOE ha quemado sus naves impidiendo el necesario viraje a su política territorial, antes de que el Estado se colapse por inviabilidad económica y competencial. La Constitución de 1978 ha sido despojada del blindaje del consenso y expuesta al éxito inexplicable de los partidarios de las realidades nacionales y de las lecturas flexibles La Nación española está menoscabada como titular de la soberanía y, con ella, el Estado decae como garante del proyecto nacional que fundamentó la Constitución de 1978. Todo esto, para que Rodríguez Zapatero presente un Es- L tatuto que ha recibido mucho menos apoyo en el Parlamento nacional que el vigente. Fue el presidente del Gobierno quien hizo solemne la insuficiencia del 51 por ciento para aprobar normas de convivencia como un Estatuto de autonomía. Se lo dijo a Ibarretxe, pero es aplicable la fórmula al proyecto catalán, que en el Congreso recibió el 56 por ciento de apoyos, y en el Senado no llegó al 50 por ciento. Realmente, el mandato de este Gobierno está siendo el de los consensos menguantes, cuando no de los consensos rotos, porque no ha conseguido ninguno que mejore cualquiera de los heredados, sea en materia antiterrorista o territorial. El PSOE se puso a prueba a sí mismo en dos cuestiones fundamentales y ha fracasado sin paliativos tanto en el modelo de Estado que propone a los ciudadanos como en su receta de apaciguamiento con los nacionalismos extremistas, algo sumamente preocupante por lo que tiene de aviso para el País Vasco. Además, está Cataluña. Las consecuencias de este lamentable proceso estatutario son especialmente intensas para los catalanes, cuya clase política- -con la excepción del PP gracias a su no inicial al Estatuto- -no ha podido ocultar por más tiempo la falacia del victimismo, demostrando que la impotencia para articular un proyecto social integrador en Cataluña no se debe a Madrid sino a incapacidades propias. El Estatuto ha sido una coartada de intereses de los partidos catalanes, dispuestos a pasar por alto todas las exigencias de la ética democrática antes que perjudicar la oportunidad de reforzar un régimen de aprovechamiento recíproco, como se ha visto en la política de diplomacia secreta entre el Gobierno socialista de Madrid con el partido- -CiU- -de oposición al Ejecutivo socialista de Cataluña; o los encubrimientos del escándalo del Carmelo o de las comisiones al tres por ciento; o de la designación como consejero de la Generalitat de un sospechoso de extorsión y voluntarioso terrorista- -según su confesión- -hasta hace no muchos años. Nada ha sucedido hasta el momento sin la aprobación de Rodríguez Zapatero, quien pudo haber parado en seco esta espiral de inestabilidad constitucional en las dos ocasiones en que, mano a mano con CiU, rescató el Estatuto del fracaso al que estaba abocado y del que nunca debió salvarlo. UN GRAVE ERROR JUDICIAL A excarcelación de Saed el Harrak, procesado por el 11- M como autor de un delito de colaboración con banda terrorista, se ha debido a un error de funcionamiento del juzgado instructor de la Audiencia Nacional, error que debe ser investigado y corregido por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. El vencimiento de los dos años de prisión preventiva, sin que nadie instara la prórroga, ha sacado a este presunto terrorista a la calle. La complejidad de la instrucción de este sumario no sirve como disculpa del descontrol del plazo máximo de la prisión provisional en la que se hallaba el Harrak. Precisamente, tanto el juez Juan del Olmo como la fiscal del caso solicitaron y obtuvieron la dedicación exclusiva a esta investigación, algo insólito, lo que no quiere decir que no estuviera justificado, en la Audiencia. Por tanto, las condiciones de trabajo del juez y de la fiscal- -a la que la Fiscalía abrirá expediente por falta muy grave- -eran adecuadas para evitar este tipo de fallos de pura y simple gestión procesal, cuyos efectos seguirían siendo letales para la imagen de la justicia L ante la opinión pública y no tendrían carácter eximente. Afortunadamente, el Harrak está controlado policialmente, gracias a las medidas de la juez Teresa Palacios, y será posible revisar su situación de libertad para encarcelarlo nuevamente. Aun así, el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que intervenir y dar explicaciones de lo que han hecho el juez y la fiscal del caso, con las consecuencias que prevean la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El juez, es cierto, no puede decretar de oficio la prórroga de una prisión provisional, pero sí puede- -y, por tanto, debe hacerlo en ocasiones como ésta- -convocar de oficio a la vistilla en la que los acusadores tienen la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Por su parte, el fiscal no decide el ingreso ni la prórroga de la prisión, pero sí tiene el deber de supervisar la marcha del sumario y proponer las medidas en las que su participación sea imprescindible, como es el caso de la adopción o extensión de la prisión preventiva. Un grave error que exige explicaciones inmediatas y, además, la determinación de responsabilidades disciplinarias.