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ABC JUEVES 11 5 2006 Nacional 25 Dimite el arquitecto que redactó el PGOU de Marbella de 1998, anulado por la Junta La Gestora decretó ayer el precinto de dos nuevas obras en el municipio de Urbanismo, Rafael Duarte, explicó que Eugenio Sánchez Moro causa baja sin coste alguno para el Ayuntamiento al tratarse de un cese voluntario J. M. CAMACHO MÁLAGA. El arquitecto que redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1998, anulado por la Junta de Andalucía, presentó ayer su dimisión a la Comisión Gestora de esta localidad, cuyo presidente, Diego Martín, ratificó mediante sendos decretos el precinto de dos nuevas obras, que ya habían sido paralizadas con anterioridad sin que sus promotores hicieran caso a las órdenes dictadas desde el Ayuntamiento. La Gestora de Marbella informó de que las obras precintadas son dos promociones que se llevan a cabo en el antiguo campo de fútbol de Francisco Norte y en el antiguo edificio de Correos de la calle Alonso de Bazán. La primera promoción no había sido paralizada por el juzgado, aunque el motivo del precinto se debe a que carece de proyecto de ejecución. Esta promoción de 34 viviendas en el Francisco Norte contaba con licencia municipal, aunque ya en marzo y junio de 2005 había sido suspendida la ejecución de la obra mediante dos decretos municipales. Sobre el antiguo edificio de Correos, calificado como equipamiento institucional, pesaba una orden judicial de paralización, al acometer la promotora un edificio de viviendas. En este caso también había decretado el Ayuntamiento dos precintos, en enero y abril de 2005, que no habían sido cumplidos. La Comisión Gestora de Marbella b El vocal Camps blinda por ley los árboles valencianos ante ideas como el eje Prado- Recoletos b Las Cortes regionales aprueban preservar los ejemplares con 350 años y de gran tamaño y el consejero emplaza al Gobierno a fijarse en la norma para la ley que prepara V. V. VALENCIA. En plena polémica sobre el proyecto madrileño del eje Prado- Recoletos abanderado por el alcalde de la ciudad, Alberto RuizGallardón, que puede poner en peligro decenas de árboles singulares, las Cortes Valencianas refrendaron ayer por unanimidad la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental, una normativa que impone sanciones de hasta medio millón de euros para quieres dañen o trasplanten árboles protegidos por su edad o tamaño extraordinarios. Con la norma recién aprobada, serán objeto de protección todas aquellos ejemplares que tengan un mínimo de 350 años de antigüedad, una altura de treinta metros, o un perímetro del tronco de seis metros y veinticinco metros de diámetro en la copa. La ley es fruto de una proposición consensuada por el PP y el PSOE- -con el apoyo del Gobierno regional- y al que se ha sumado en el último trámite el grupo de EU- l Entesa gracias a la aceptación de varias de sus enmiendas. ha causado baja en la sociedad municipal en la que estaba contratado, sin coste alguno para el Ayuntamiento, al hacerlo de forma voluntaria. Duarte expresó su satisfacción por el paso dado por Sánchez Moro, quien, tras reunirse con él, optó por el cese voluntario, sin derecho a indemnización. El arquitecto participó en la redacción del PGOU de 1998, cuando, a través de un pleno nocturno, el entonces alcalde, Jesús Gil, trató de dar validez ante las distintas administraciones. La Comisión Provincial de Urbanismo aprobó una pequeña parte de ese Plan General, pidió que se subsanara otra parte y denegó el resto. Finalmente, la Junta de Andalucía anuló la revisión del PGOU ante la nula voluntad de los sucesivos gobiernos municipales por hacer cumplir los preceptos que sobre legalidad exigía la Administración regional. Diego Martín AFP Derribo de viviendas en Manilva anunció también que hoy procederá al precinto de otras tres obras, todas ellas promovidas por la entidad Naviro Inmobiliaria (propiedad del grupo Ávila Rojas) que se acometen en Nueva Andalucía. Se trata de un apartotel de 80 apartamentos, otra promoción de seis viviendas y una tercera obra de once viviendas. Sobre la dimisión de Eugenio Sánchez Moro, el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, explicó que el arquitecto También ayer se inició el derribo de las primeras viviendas ilegales en el término municipal de Manilva (Málaga) tras la detención de su ex alcalde Pedro Tirado, implicado en el caso Ballena Blanca la mayor operación desarrollada en España contra el blanqueo de dinero. La demolición de seis viviendas construidas en una zona verde pública de Manilva por la promotora Green Blue Properties comenzó ayer después de que el inmueble fuera detectado por técnicos de Disciplina Urbanística a finales de año, según informó el alcalde, Salvador Zotano. En concreto, se trata de un edificio de seis apartamentos de la urbanización Cortijos Altos con una superficie cercana a los 800 metros cuadrados, construidos sobre una zona verde pública de más de 6.000 metros cuadrados Marcar el camino El Ejecutivo autonómico estima que la nueva legislación dará protección a entre 400 y 500 árboles de la Comunidad valenciana, con una norma que es la primera en España de este tipo. El propio consejero del área de Territorio, Rafael Blasco, destacó en un encuentro ante los medios de comunicación que la ley ayer refrendada servirá para marcar el camino a la norma que prepara el Gobierno central en esta materia. Blasco también explicó que, si la Comunidad de Madrid dispusiera de una normativa similar a la que protege ahora a la Comunidad Valenciana, no se hubiera dado la polémica sobre la reforma del eje Prado- Recoletos, al quedar protegidos los árboles afectados por el proyecto por su edad y tamaño. Además, la votación llevada a cabo ayer supone la primera ocasión en toda la legislatura en la que se secunda una ley del área medioambiental por unanimidad, gracias al apoyo de última hora prestado por el grupo de EU logrado con la aceptación de varias aportaciones y cambios propustos por la coalición de izquierda, como la prohibición de la instalación en el árbol o su perímetro de objetos que dificulten su visión, y el aumento del periodo de prescripción de las infracciones leves a 12 meses. La Comisión Gestora de la localidad malagueña anunció que hoy procederá al precinto de otras tres obras La juez dice que la muerte de la indigente de Barcelona calcinada en un cajero fue un crimen coordinado ABC BARCELONA. Los tres jóvenes acusados de apalear y calcinar viva a una indigente el pasado 16 de diciembre en un cajero automático del barrio barcelonés de Sant Gervasi realizaron un reparto de funciones la noche en que ocurrieron los hechos para causar la muerte de María Rosario E. P, de 50 años, y poder concluir su acción sin riesgo alguno para sus personas Así queda recogido en la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Menores número 6 de Barcelona, María Ángeles Galmes, que ha condenado a ocho años de internamiento en régimen cerrado y a cinco años de libertad vigilada al único menor acusado del crimen, maron el líquido inflamable sobre Rosario E. y aplicaron fuego sobre ella, de manera que se produjo una potente deflagración que se extendió a las instalaciones del referido cajero Sin auxiliar a la víctima J. J. M. R. de 16 años. Los hechos que declara probados la sentencia, a la que ha tenido acceso Ep, son prácticamente una transcripción de lo que se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad del cajero donde tuvo lugar el trágico suceso. La sentencia cree probado que el grupo formado por los tres jóvenes acordó dirigirse al interior del cajero automático, con la intención de causar la muerte o conscientes del riesgo para la vida que su conducta producía Una vez allí, mientras uno de los mayores de edad sujetaba la puerta, manteniendo una actitud vigilante e impidiendo la posible huida de la víctima J. J. M. R. y el otro joven entraron en el interior, derraActo seguido, los tres acusados abandonaron el lugar, sin que ninguno de ellos auxiliara o requiriera auxilio para la víctima En el momento de derramar el combustible sobre Rosario E. ésta se encontraba impedida para cualquier defensa, tanto por hallarse sentada en el suelo como por la superioridad numérica de sus agresores y el reparto de funciones para cada uno de ellos, de forma que pudieron concluir su acción sin riesgo alguno para sus personas explica la sentencia. María Rosario E. P. sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 por ciento de su cuerpo- -piernas, brazos, cráneo, cuello, tórax, espalda y glúteos- -y tenía la cara carbonizada.