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ABC JUEVES 11 5 2006 Nacional 13 EL GOBIERNO INTENTA SACUDIRSE EL CASO BONO Rajoy pide una comisión parlamentaria que investigue quién ordenó las detenciones de los dos militantes Acebes acusa a Garrido de lanzar basura por comparar al PP con Batasuna el Congreso, entre gritos y pateos de los diputados del PP para pedir la dimisión de Alonso, que en tiempos del PP tampoco se iba nadie ANGEL COLLADO MADRID. Abierto el frente del caso Bono la oposición se despliega para desgastar al Gobierno, que ayer se limitó, por medio de Zapatero, a replicar que en tiempos del PP tampoco había dimisiones. Mariano Rajoy confirmó después de reunirse con el Grupo Popular que pedirá que una comisión parlamentaria investigue quién dio la orden y por qué de detener a los dos militantes del Partido Popular. Después, en el Pleno, portavoces y diputados no perdieron oportunidad de referirse a José Antonio Alonso y gritar libertad, libertad concepto que entienden violado por el Ejecutivo. Pedimos una comisión de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas y quiero que todos los partidos fijen su posición comentó Rajoy, además de insistir en que Zapatero es el primer presidente del Gobierno de la democracia durante cuyo mandato se registran detenciones políticas y que el Consejo de Ministros estará manchado hasta que se asuman esas responsabilidades por atentar contra derechos fundamentales de militantes de un partido. Para el presidente del PP está claro que los policías condenados no actuaron por su cuenta- -de hecho, otros se negaron a efectuar las detenciones- -y obedecieron órdenes de responsables políticos. A su juicio, no es posible encontrar un solo ciudadano español que no lo vea así. b Zapatero replica en POR QUÉ LA FISCALÍA NO DEBE INSTRUIR JULIO BANACLOCHE Profesor Titular Derecho Procesal Universidad Complutense Alonso con Bono en el acto de relevo en el Ministerio de Defensa CHEMA BARROSO El presidente del PP confía en el Gobierno Mariano Rajoy dio ánimos a sus parlamentarios reunidos en el Congreso con el argumento de que pueden ganar las próximas elecciones generales, además de por los méritos que pueda hacer el PP en la oposición, por la tendencia de Zapatero a crear problemas a la nación, los ya planteados y los que puede crear en el futuro. El presidente del Partido Popular pidió un esfuerzo para ganar primero los comicios autonómicos y municipales, donde se jugarán muchas instituciones por un puñado de votos. El ejemplo era Galicia. Que venga Constantino El acoso al Gobierno siguió después en el Pleno del Congreso. Varios diputados del PP corearon Alonso, dimisión en cuanto empezó la sesión, y el presidente de la Cámara amenazó con suspenderla. Así no es posible trabajar se quejó Manuel Marín por la algarabía. Que venga Constantino a dirigir se oyó a un gracioso desde su escaño. El ministro del Interior no apareció por la Cámara. Zapatero tuvo que esperar a que los parlamentarios terminaran sus gritos y pateos antes de responder a la primera pregunta- habla un demócrata exclamó otro diputado- y en la tercera Rajoy aprovechó para sacar el asunto y sostener que tan letal para España como la política exterior del Gobierno es la bochornosa detención de dos militantes de un partido El jefe del Ejecutivo se limitó a replicar: Ya hablaremos de dimisiones, pe- ro a ver si tienen memoria para recordar, porque ustedes no practicaron ni una En el Palacio de la Moncloa, Zapatero había elogiado antes a Constantino Méndez por haber dimitido. Entre voces de Alonso, dimisión se pasó a la siguiente pregunta, pero los diputados del PP aprovecharon sus posteriores intervenciones para sacar a colación el asunto. El más contundente fue Ángel Acebes, al afear a Diego López Garrido que hubiera comparado la reacción del PP ante la condena a los policías con las posiciones de Batasuna. Es asqueroso, es basura lo que ha salido por su boca para ocultar las fechorías antidemocráticas del Gobierno. Han sido demasiados compañeros muertos dijo el secretario general del PP en recuerdo de los militantes asesinados por ETA, intervención que fue recibida con grandes aplausos de sus diputados. ocas cosas pueden ser más graves en un Estado democrático y de Derecho que una detención practicada por la Policía por motivos políticos. Porque a nadie le pareció casual que, del tumulto que rodeó la aparición de José Bono en la manifestación contra el terrorismo, sólo se identificara y detuviera a dos personas que eran miembros del principal partido de la oposición. Si a esa medida unimos una evidente falsificación de documentos, el cese de un inspector por negarse a practicar las detenciones y otras numerosas irregularidades procedimentales que se enumeran en la sentencia, resulta evidente que los sucesos del caso Bono son extraordinariamente graves y merecen una respuesta contundente no sólo de los tribunales, sino también de la sociedad civil. En cualquier caso, conviene recordar que, a pesar de que se han calificado de desproporcionadas las penas impuestas por la sentencia, son las mínimas posibles, y resultado de la elevación que para el delito de detención ilegal practicada por funcionarios estableció precisamente el Código Penal aprobado por el Partido Socialista en 1995. Pero lo más grave de todo este asunto es el papel de la Fiscalía a lo largo del proceso. Una vez más, en asuntos delicados para el gobierno de turno, el Fiscal ha asumido un papel defensor de los intereses gubernamentales, abandonando su función protectora de la legalidad, el interés público y los derechos de los ciudadanos. Da miedo pensar lo que sucedería si, como parece que pretende el actual gobierno, se encomendara en una futura reforma procesal la instrucción de los delitos a los fiscales, y se redujera o eliminara el papel que actualmente desempeñan las acusaciones particular y popular. ¿Alguien cree de veras que este caso no se hubiera archivado si el encargado de la investigación preliminar hubiera sido un Fiscal sometido por ley a las instrucciones que al respecto le diera el fiscal general del Estado. Al menos este lamentable suceso va a tener un efecto positivo: la ratificación práctica de que lo mejor para garantizar el cumplimiento de las normas penales es mantener la instrucción en manos de los jueces, únicos que se atreven a poner la justicia por encima de los intereses políticos y de la razón de Estado. P