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4 Opinión JUEVES 11 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL GOBIERNO NO PUEDE MIRAR A OTRO LADO A crisis de las sociedades de inversión con soporte filatélico tiene todas las trazas de convertirse en un escándalo financiero gigante, tanto por el número de afectados como por la cantidad de dinero comprometido. La información disponible en estos momentos es escasa y, mientras no se levante el secreto sumarial para conocer concretamente los delitos y las posibles responsabilidades, conviene extremar la cautela a la hora de emitir juicios o recomendaciones. Pero sí parece pertinente hacer algunas consideraciones, con pronóstico nada optimista. En un negocio de confianza, sustentado en mercados no del todo organizados y transparentes, la presunta existencia de irregularidades o delitos sitúa muy cuesta arriba la recuperación de la normalidad, imprescindible para la credibilidad de cualquier transacción financiera, y más aún si es a largo plazo. El Gobierno no puede mirar a otro lado ante esta crisis ni abandonar a su suerte a cientos de miles de ahorradores que pueden perder buena parte de su dinero. Cierto es que no corresponde al Estado otorgar garantía a los negocios y las inversiones, que llevan siempre un inevitable componente de riesgo, pero tampoco es aceptable que la Administración permanezca indiferente ante ciudadanos indefensos y, probablemente, atropellados. Asombra que, a pesar de la experiencia acumulada sobre crisis financieras, vuelvan a repetirse situaciones que se parecen mucho a otras precedentes. Los sucesivos cambios de normativa, efectuados cuando ya están muy arraigadas estas compañías, basadas en patrimonios numismáticos, han pasado por alto este sector y sorteado cualquier referencia a mecanismos de control y de garantía para ciudadanos atraídos por esa modalidad de ahorro. Atribuir al Ministerio de Sanidad la competencia de supervisión y control de legalidad de una actividad decididamente financiera no es de recibo, e induce a pensar que el Gobierno y el legislador no han querido atender un problema que se veía venir. Cualquiera de los tres supervisores (seguros, Banco de España o CNMV) dispone de capacidad y competencia para evitar el desarrollo hasta el agotamiento de negocios tan financieros como el que comentamos, aunque se disfrazaran con el ropaje de compra- venta de bienes de consumo, de sellos. El Gobierno tendrá que dar explicaciones por una evidente falta de diligencia a la hora de proporcionar más seguridad a los ciudadanos. La excusa esgrimida por el portavoz del Gobierno, endosando a las comunidades autónomas la responsabilidad de vigilancia de estos casos, es inaceptable. Y, en cualquier caso, constatado el fracaso en la labor de control de las autonomías, habrá que concluir que esta materia no admite delegación en otras administraciones ni puede quedar ajena a las autoridades financieras. Al Gobierno le toca dar explicaciones y asumir la conducción del proceso de liquidación, en cooperación con los tribunales, para evitar males mayores. La pérdida de buena parte de ese ahorro no es fatal sólo para sus dueños, también tiene consecuencias macroeconómicas, por ahora de difícil evaluación. L VENDRELL Y LA DECENCIA DEMOCRÁTICA A información que hoy publica ABC acerca del nuevo responsable de Gobernación en la Generalitat de Cataluña hace imposible la continuidad de Xavier Vendrell en dicho cargo. En efecto, el actual consejero participó en 1989 y 1991 en dos atentados con bombas contra una oficina del INEM y contra una estación eléctrica, y reconoció los hechos ante el juez, así como su militancia en la banda terrorista Terra Lliure. Con independencia de los posteriores avatares procesales del caso, es evidente que una persona de estas características queda descalificada automáticamente en términos políticos para ocupar un alto cargo, mucho más si ello implica el mando efectivo sobre la Policía autonómica. Si a esto se suma la investigación abierta por la Fiscalía en relación con los peculiares métodos de Vendrell para recaudar fondos en favor de su partido (mediante amenazas y chantajes hacia empleados públicos) la situación alcanza unos límites que no pueden admitirse ni un minuto más. El contexto político no puede ser más disparatado. ERC, aunque jugó al equívoco en la votación del Senado (que aprobó ayer el Estatuto por una exigua mayoría de 128 síes frente a 125 noes) rechaza el texto por la presión de las bases sobre unos dirigentes incapaces de controlar dichas reacciones dadas las características asamblearias en el funcionamiento del partido. Resulta, pues, que el principal apoyo del PSC en el tripartito está en contra del proyecto que ha llenado en su integridad la presente legislatura, con grave deterioro de Pasqual Maragall y con una sorprendente recuperación de CiU de la mano del Gobierno socialista, aliado a su vez de Esquerra en el Congreso de los Diputados. El escenario podría mover a la hilaridad, si no fuera porque afecta gravemente a los ciudadanos y a la propia imagen de Cataluña en el resto de España y en el extranjero, como ha declarado sin rodeos el propio Jordi Pujol. El deterioro del Ejecutivo catalán es irreversible, aunque las maniobras de Maragall y su eventual entendimiento con Carod- Rovira están generando un fuerte malestar tanto en el PSC como en los republicanos. ERC pide una ruptura pactada, que deje abierta la puerta para una reedición futura del pacto de gobierno, frente a la postura de un amplio sector del socialismo catalán que se plantea seria- L mente una gran coalición con CiU. Todos estos juegos de salón, más o menos ilusorios, quedan ahora en segundo plano. Por razones éticas, Vendrell debe dejar su cargo de inmediato para no causar un grave deterioro a la legitimidad del sistema. La práctica de actos terroristas tiene su sanción pertinente por vía penal, pero conlleva también una inhabilitación moral que ningún partido democrático puede tomarse a la ligera. Maragall ha incurrido en una irresponsabilidad al nombrar a este consejero, superando todas sus actuaciones anteriores. Después del Carmelo y del escándalo del 3 por ciento, parecía imposible que la legislatura pudiera ir a peor, pero es evidente que el tripartito lo está consiguiendo. Después de una larga etapa en la oposición, el PSC ha desperdiciado su primera legislatura en el Gobierno, obsesionado por dedicarse en exclusiva al Estatuto y secundar así a Rodríguez Zapatero en su absurda decisión de cuestionar el modelo territorial vigente. Es probable que los ciudadanos catalanes pasen la factura no sólo en las elecciones autonómicas, sino también en un referéndum que se presenta con unas expectativas muy limitadas para los grupos que apoyan el texto. Las encuestas habían demostrado, por activa y por pasiva, que no era ésta la preocupación principal de la opinión pública. El fracaso de la legislatura catalana cae, por tanto, en el balance negativo de Zapatero y Maragall. Pero todo ello forma parte de las estrategias políticas y tendrá en su día las consecuencias que procedan. En cambio, el caso Vendrell afecta a los principios intangibles de la decencia democrática y al respeto que se debe a la dignidad de los cargos públicos. Poner las bombas y luego ser el jefe de los policías parece el argumento de una película cómica. Lo triste es que se trata de un hecho real, que afecta al Gobierno de una comunidad autónoma y, por eso mismo, al Estado social y democrático de Derecho establecido por la Constitución española. La misma que, de forma encubierta, está siendo cuestionada por los intereses puramente partidistas que han llevado al nombramiento de Vendrell para un puesto tan significativo. Zapatero debería reflexionar sobre las consecuencias que trae consigo llegar a pactos políticos con un partido antisistema, capaz de albergar en su cúpula directiva a personas con tales antecedentes. AHORA CHIRAC E L asunto Clearstream sube de intensidad y nivel. De hecho, amenaza con dañar la estabilidad de Francia. Lo que al principio parecía una tormenta política que comprometía las expectativas presidenciales de Sarkozy ha evolucionado hacia una trama que amenaza a su oponente De Villepin y, de paso, al propio presidente Chirac. La denuncia de que éste puede ser titular de una cuenta secreta en Japón agudiza la gravedad del escándalo, sobre todo porque el flujo de las denuncias y los cambios de escenario generan un clima de inestabilidad institucional cada vez más generalizado. Lo confirma el hecho de que ayer mismo, en una intervención nada usual tras la reunión semanal del Gabinete, Chirac decidiera salir a la palestra para defender a su primer ministro por segunda vez en poco más de 72 horas. Con este gesto, los rumores que trataba de atajar se han visto definitivamente estimulados, máxime cuando el tono empleado contra las denuncias de la prensa fue excesivamente agrio, llegando incluso a hablar de la existencia de una dictadura del rumor y la difamación que buscaría tanto la dimisión de Dominique de Villepin como provocar el fin anticipado del segundo mandato presidencial de Chirac. Mal cariz toman las cosas en Francia cuando su presidente se ve forzado a polemizar con la prensa y hablar, incluso, de conspiraciones. Quizás el asunto no tuviera tanta trascendencia si no lloviera sobre mojado. No hay que olvidar que los escándalos en los que se ha visto involucrado Jacques Chirac son numerosos. De hecho, su hombre de confianza mientras estuvo al frente de la alcaldía de París, Alain Juppé, está condenado por corrupción, y son varias las causas judiciales que están abiertas contra el actual inquilino del Elíseo. El llamado Watergate francés va desvelándose como la superficie de una estrategia maquiavélica en la que la corrupción y la ambición van tejiendo una compleja partida de ajedrez donde nada parece ser lo que es, y en la que no sólo se ventila la sucesión de Chirac al frente del Elíseo sino, quizá, la continuidad misma de la V República.