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4 Opinión MIÉRCOLES 10 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL GOBIERNO Y EL CINISMO DE OTEGI ODO terrorista al uso conoce el valor estratégico de la siembra de confusión en aquéllos a los que pretende derrotar. En su manual de propaganda, los actos de violencia indiscriminada siempre responden a causas justas que no se pueden defender de otra manera, y la primera víctima es el propio terrorista, joven idealista decepcionado con el sistema El sonsonete es tan recurrente como irritante. Otegi, que es un delincuente habitual y está procesado por pertenecer a ETA en grado de dirigente, conoce a la perfección ese manual terrorista y se aprovecha de la predisposición del Gobierno a elevar a categoría de marchamo de paz cualquier gesto, seguramente táctico, de la izquierda proetarra. Ha bastado una sarta de obviedades por parte de Otegi, en un medio de comunicación, sobre el dolor de las víctimas- -a las que llama los otros -y calificar como error que el fin lo justificaba todo para que el PSOE califique sus palabras como una prueba de arrepentimiento y un avance Lo grave no es el incontenible cinismo de un terrorista- -que no lamenta el dolor causado a miles de españoles, sino no haberlo valorado mejor, ni ha condenado la violencia de ETA- ni tan siquiera que tampoco reconozca que un fin político nunca justifica el asesinato. Lo verdaderamente grave es la flaccidez del Gobierno y el PSOE ante lo que no son más que recursos oportunistas de la izquierda proetarra para sortear su ilegalidad y poder concurrir a las elecciones locales de 2007. De la misma forma que la tregua es, según ETA, un instrumento más de su estrategia, la confusión del lenguaje es una de las bazas principales de los terroristas para reblandecer al Estado y a la sociedad a la que agreden. Por eso, las introspecciones de Arnaldo Otegi son irrelevantes si el llamado proceso de diálogo tiene como objetivo la desaparición de ETA, porque, para este fin, hacen falta hechos inmediatos, concretos e inequívocos de la extinción de la banda armada. Y de esto, el cabecilla batasuno no dice nada. La inmediata recepción, entre impostada y premeditada, de las palabras de Otegi por parte de los socialistas causa quizá más confusión moral que el propio dirigente batasuno. La sociedad española no ha luchado durante cuarenta años contra ETA para que el Gobierno de la Nación vea como prueba de arrepentimiento los juegos florales que se trae entre manos un delincuente a cuenta del dolor de las víctimas causadas por la banda terrorista, a la que, según procesamiento judicial, él pertenece. Si con estos fundamentos se pretende llegar al fin del terrorismo, no será el final que demandan la sociedad española, la dignidad del Estado y la memoria de las víctimas. La rehabilitación de la izquierda proetarra, antes de la disolución y desarme total de ETA, está siendo un error del Gobierno de Rodríguez Zapatero. T UNA FOTO SIN REFORMA YER se escenificó solemnemente en el Palacio de la Moncloa el acuerdo contra la temporalidad laboral y el Gobierno consigue la foto que tanto ha buscado. El Ejecutivo ha utilizado la buena marcha de la recaudación de la Seguridad Social para facilitar la conversión de contratos temporales en indefinidos. Pero ha pagado un precio muy alto, la renuncia a la reforma que la economía española necesita, que la propia Comisión de Expertos con que empezó esta negociación definió acertadamente como la búsqueda de la necesaria flexibilidad para que las empresas puedan recuperar la competitividad en una economía global. Una vez más se confirma que, para este Gobierno, la política económica es eso, sólo política y que la marcha económica se fía exclusivamente a la continuidad de la ola de consumo y cemento. La reforma se tramitará por decreto para evitar complicaciones con los socios de gobierno, a pesar del escándalo armado por los socialistas la última vez que los populares hicieron lo propio, y entrará en vigor en julio. Consta de cuatro partes: un plan de choque con financiación para reducir la temporalidad, una reducción condicionada de las cotizaciones a la Seguridad Social, un endurecimiento de las condiciones para encadenar contratos temporales y de la inspección de Trabajo, y un aumento de la presencia sindical en las subcontrataciones. Todo el plan cae en un vicio de origen. Confunde el síntoma con la enfermedad. El problema del mercado de trabajo español no es la temporalidad, sino las bien conocidas rigideces e incertidumbres que conducen a ella. La reforma puede ser además contraproducente si, como consecuencia de estigmatizar socialmente hasta penalizarla la única forma de flexibilidad laboral posible en nuestro país, se detiene el proceso de creación de empleo. Cuando España tiene todavía una tasa de paro cercana al 10 por ciento de la población activa- -en la que no se contabilizan los cientos de miles de jubilados anticipados y la tasa de empleo, la población ocupada sobre la población en edad de trabajar, es todavía de las más bajas de Europa- -el problema sigue siendo la escasez de empleo. Y esta reforma, en el mejor de los casos, no hace nada para aumentar el ritmo de creación de empleo. Y puede A obstaculizarlo porque aumenta el grado de intervencionismo en el contrato de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social ha superado los 18 millones y medio de cotizantes en el mes de abril. Lo que ha llenado la caja, aunque en términos actuariales siga presentando graves problemas de solvencia. Pero el Gobierno no ha podido resistir la tentación y ha decidido utilizar el superávit corriente para incentivar la conversión de contratos temporales en fijos. Ha decretado una especie de amnistía temporal subsidiada, hasta el 31 de diciembre como regla general y un año más para los grupos sociales específicos en los que la temporalidad es más acuciante. Conseguirá así resultados estadísticos con los que presentarse a las elecciones: la tasa de temporalidad probablemente bajará del 33 por ciento actual porque los empleadores querrán cobrar el subsidio por estabilizar a aquellos trabajadores cuyos contratos se acerquen a los dos años de duración. Los sindicatos podrán decir que su lucha contra la temporalidad ha dado frutos con un Gobierno amigo y que han ganado presencia en las subcontrataciones. Los empresarios consiguen una mínima reducción en lo que pagan por desempleo de sus trabajadores, del 6 por ciento del salario al 5,5 en 2008, cuando la reforma entre plenamente en vigor, y dos décimas más en las cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial (del 0,4 por ciento al 0,2) Pero las cotizaciones a la Seguridad Social, un auténtico impuesto a la creación de empleo, seguirán siendo muy altas, el despido uno de los más caros e intervenidos de Europa, y el mercado de trabajo uno de los más rígidos, como han denunciado la OCDE y el FMI. Y el Gobierno habrá malgastado todo su capital político, y un tiempo precioso, en hacerse una foto con los agentes sociales que en nada contribuye a mejorar la competitividad de la economía. Habrá que esperar una nueva reforma, y ojalá que no una crisis económica, para la verdadera transformación del mercado laboral que necesita nuestra economía y en la que coinciden todos los expertos: flexibilidad y abaratamiento del coste del despido, movilidad funcional y geográfica, y reforma de la negociación colectiva para liberarla de la inflación pasada y vincularla a las condiciones internas de las empresas y a la competitividad externa. HISTORIA EN COMÚN OS nacionalistas utilizan la historia según su propia conveniencia. En lugar de presentar los datos objetivos y ofrecer interpretaciones rigurosas, construyen un relato imaginario que se impone como dogma de fe a través del sistema educativo. De ahí la importancia del acuerdo entre Francia y Alemania para que historiadores de ambos países elaboren un manual conjunto para sus escolares, del que ya se ha presentado el volumen sobre Europa y el mundo a partir de 1945. Desde la guerra francoprusiana hasta la II Guerra Mundial, el nacionalismo exacerbado ha provocado daños irreparables a la convivencia. El mayor éxito del proceso de integración europea consiste, sin duda, en haber dejado atrás aquellas rivalidades sangrientas, como se demuestra en la célebre imagen de Kohl y Mitterrand estrechando sus manos en el cementerio de Verdún. Ahora, los jóvenes de ambos países podrán aprender una historia común, con sus grandezas y sus servidumbres, en la que se diluye la diferencia entre buenos y malos y se contempla el punto de vista de los dife- L rentes protagonistas. No hay mejor manera de educar a las futuras generaciones que en un espíritu de concordia. La apuesta de nuestros socios comunitarios debería ser imitada en España, no ya respecto de otras naciones vecinas, sino- -cuando menos- -entre las diferentes comunidades autónomas. Es lamentable que en cada reforma del sistema educativo se acrecienten los recelos frente a la asignatura de Historia de España, cuya configuración como Estado nacional se sitúa en la primera fila de la historia universal. En cambio, se magnifican diferencias casi siempre artificiales, otorgando una importancia desmedida a personajes de segunda fila y a hechos de trascendencia puramente local. En el peor de los casos, España aparece como una realidad ajena, e incluso hostil. Todo ello al servicio de una mentalidad estrecha y del interés coyuntural de los grupos que controlan determinados ámbitos de poder político y académico. La historia es maestra de la vida, según se recuerda con frecuencia, y su conocimiento es imprescindible para construir un proyecto sugestivo de futuro.