ABC MADRID 09-05-2006 página 11

ABC MARTES 9 5 2006 11 Herida muy grave una niña en Málaga al ser arrojada por su padre contra dos vehículos en la autopista Defensa expedienta a tres militares por la conducción inadecuada del blindado que volcó en Zaragoza 16- 6- 2005. El juez que instruye la causa de la supuesta agresión la archiva por falta de pruebas 3- 12- 2005. La Audiencia de Madrid decide juzgar a los tres policías por la detención Méndez, polémico y reprobado M. C. MADRID. Desde que pisó la Delegación del Gobierno de Madrid, hace dos años, Constantino Méndez se ha caracterizado por sus enfrentamientos con Esperanza Aguirre y su consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. No pudo empezar peor sus relaciones con la Comunidad de Madrid, pues a las pocas semanas de tomar posesión de su cargo arremetió de manera inusitada contra el proyecto de seguridad que había puesto en marcha el Ejecutivo de Aguirre, las Bescam (una suerte de policía autonómica madrileña) a las que tachó de cuento chino Desde entonces, las cosas sólo fueron a peor, hasta el punto de que el Pleno de la Asamblea de Madrid reprobó al delegado del Gobierno por ineficacia en su gestión y por mantener una actitud machista contra Aguirre, de la que dijo que no podía tener dos ideas en la cabeza al mismo tiempo De Méndez se llegó a hablar hace meses en Madrid como posible candidato socialista a la Comunidad. Era la mejor manera de explicar su afán por entrar en la arena política y por provocar polémicas con el Gobierno regional. Pero el caso Bono empezó a pesarle, y ha terminado por ser su talón de Aquiles Méndez ha hecho frente en estos dos años al auge de las bandas latinas en Madrid, y ha presumido de reducir la inseguridad ciudadana. El Tribunal afirma que las detenciones fueron arbitrarias y abusivas Sugiere que el comisario las ordenó para complacer a sus superiores b La Audiencia de Madrid condena a tres policías a un total de 13 años y medio de prisión y al pago de 24.000 euros de indemnización a los dos ciudadanos detenidos NIEVES COLLI MADRID. La detención de los militantes del Partido Popular Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz por las supuestas agresiones al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la AVT celebrada en Madrid el 22 de enero de 2005 fue inmotivada, arbitraria y abusiva además de antijurídica de complacencia y realizada mirando al tendido Esta colección de adjetivos constituye la definición que la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid hace de la actuación de dos de los tres policías a los que ha condenado por aquellos hechos. El Tribunal asegura que ambos funcionarios- -un comisario y un inspector- jefe- quizás influidos por las declaraciones públicas realizadas dos días después de la manifestación por el Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez- -que ayer dimitió de su cargo- sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna el Estado de Derecho Más aún, considera que al violar la libertad de dos ciudadanos, hicieron daño a la causa de la justicia y pusieron en tela de juicio la igualdad y el pluralismo político Los magistrados consideran probado que los tres condenados rehicieron el atestado policial (llegando a destruir el original) con el fin de eliminar los nombres de los funcionarios que habían participado en la primera redacción y de inflar o abultar los hechos ocurridos durante la manifestación, lo que les serviría para justificar las dos detenciones practicadas. En una sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sección, Miguel Hidalgo- -quien fue policía antes que magistrado- el Tribunal condena al comisario Rodolfo Ruiz a 5 años y 6 meses de prisión, a 10 años de inhabilitación, al pago de una multa de 1.080 euros y al de una indemnización de 24.000 euros a las víctimas de la detención. La impuesta al comisario es la pena más alta pues el Tribu- Quizás influidos por las declaraciones de Méndez, los agentes sirvieron a fines contrarios a la justicia Rehicieron el atestado inicial para inflar o abultar los hechos y justificar las detenciones ilegales nal estima que, además de los delitos de detención ilegal y de falsedad, cometió otro de coacciones cuando cesó a un inspector que, ante la falta de pruebas incriminatorias, se había negado a cumplir sus órdenes y a detener a los dos militantes del PP. El inspector- jefe Javier Fernández ha sido condenado a 5 años de prisión, 10 de inhabilitación, así como al pago de la misma indemnización y multa que el comisario, por los delitos de detención ilegal y falsedad. Por este último delito, le ha sido impuesta al tercer acusado, el inspector José Luis González, la pena de 3 años de prisión, 2 de inhabilitación especial y multa de 1.080 euros. Las indemnizaciones, por expreso deseo de los militantes del PP, se entregarán a la AVT. La sentencia, que contiene un minucioso relato de hechos, será recurrida ante el Tribunal Supremo por las defensas de los tres policías así como por la Abogacía del Estado, según anunció ayer un portavoz del Grupo parlamentario Socialista. La Fiscalía, por su parte, no tomará una decisión hasta que no realice un análisis más profundo de la resolución, que fuentes del Ministerio Público han calificado de excesivamente severa La Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid no tiene dudas acerca de que Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fueron objeto de una detención, de que ésta fue ilegal y de (Pasa a la página siguiente)