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10 MARTES 9 5 2006 ABC Nacional 23- 1- 2005. ABC recoge en portada el hostigamiento a Bono en la manifestación 26- 1- 2005. El PP denuncia que dos de sus militantes habían sufrido una posible detención ilegal 16- 5- 2005. ABC desvela que el inspector jefe que ejerció como segundo instructor de las diligencias manifestó ante el juez que recibió la orden de detener a los militantes del PP y que él mostró su desacuerdo porque no tenían pruebas La condena de los policías del caso Bono fuerza la dimisión del delegado del Gobierno Méndez reitera que no hubo instrucciones políticas y alega que se va por defender a la Policía la sentencia porque obvia la extremada violencia contra Bono, pese a que otro juez consideró que el ministro no sufrió ninguna agresión C. MORCILLO P. MUÑOZ MADRID. El caso Bono se cobró ayer su primer cadáver político. Seis horas después de que la Audiencia de Madrid notificara la condena a tres policías (de tres a cinco años y medio de prisión) por la detención ilegal de dos afiliados del PP, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, presentó su dimisión irrevocable De forma mucho más escueta que en sus prolíficas declaraciones de antaño- -una rueda de prensa de tres minutos y sin preguntas- alegó que no comparte el contenido de la sentencia, echó mano de sus convicciones democráticas y dijo que se va por defender la profesionalidad de la Policía; eso sí recalcó hasta tres veces- -y se remitió a la decisión judicial- -que no hubo instrucciones políticas ni injerencias externas. Sin embargo, el tribunal no lo tiene tan claro y pone en tela de juicio si no la actuación, sí las palabras de Méndez horas antes de que los policías detuvieran a los afiliados del PP. Según la sentencia, no existen elementos para afirmar que los arrestos de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fuesen sugeridos por instancias superiores a ellos (los policías) No obstante, el Tribunal tiene la leve sospecha de que las previsiones o vaticinios del delegado del Gobierno de que pronto habría identificaciones y detenciones pudieron influir en el proceder de los acusados que se olvidaron de que son Policía Judicial e hicieron ciertas las afirmaciones de Méndez practicando identificaciones y detenciones Antes de irse, el delegado reiteró que se produjeron hechos ilícitos en la manifestación de la AVT y que toda España pudo verlos y evitó esta vez, ya la última, atizar más el fuego que ha acabado costándole el puesto. El PP no quiere que sea el único y ahora, conseguido su primer objetivo, b El Gobierno recurrirá nso y Bono nunca fue fluida y este caso contribuyó a hacerla más tensa. Además, desde la anterior cúpula de Interior ya se temía que el caso pudiera acabar como lo ha hecho, entre otras razones porque había evidencias de que, como poco, se habían cometido torpezas en la investigación, cuando no alguna irregularidad. La sentencia condenatoria, tras su cerrada defensa, coloca ahora a Alonso en una situación delicada. La decisión judicial, además de las consecuencias políticas, supone un durísimo varapalo para el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, quien desde que el procedimiento estaba en fase de instrucción ordenó al fiscal del caso que intentara primero el sobreseimiento de las actuaciones con todo tipo de recursos, y ya durante la vista oral que se convirtiera en un abogado defensor más de los procesados. Nadie rectifica Conde- Pumpido llegó a calificar la investigación a los tres policías de mundo al revés y justificó las detenciones de los dos militantes del PP en que estaban en una actitud vociferante durante la manifestación de la AVT, lo que les convertía de hecho en sospechosos de haber intervenido en un hecho delictivo Recordaba entonces que se investigaba la presunta agresión al ex ministro de Defensa, pero también poco después el magistrado decidía el archivo de las diligencias de la supuesta agresión o intento de agresión Ni siquiera eso hizo rectificar al máximo responsable de la Fiscalía. Más llamativo, si cabe, es que meses después y con una condena encima de la mesa, el Gobierno vuelva de nuevo al argumento de la agresión. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, avanzó ayer que el Ejecutivo recurrirá la condena a los policías, una sentencia que, para el dirigente socialita, supone la amnistía para unos hechos de extremada violencia contra José Bono. López Garrido no fue el único en argumentar con un guión ya archivado, el de la agresión al ex ministro, y a la tesis se sumó el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Constantino Méndez en el momento de presentar su dimisión apuntan al entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso. El ahora ministro de Defensa nunca se sintió cómodo con el caso Bono aunque defendió sin concesiones la actuación de los responsables policiales. En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso del 4 de febrero de 2005 admitió que en torno a las seis menos cuarto de la tarde ya tenía conocimiento de que Bono estaba siendo objeto de increpaciones, amenazas y zarandeos por algunos manifestantes A partir de ahí, mantuvo un único discurso: la Policía había actuado de una forma autónoma y sin interferencias políticas EFE Pese a esa defensa, el asunto le molestaba, quizá porque en el origen del conflicto está la decisión de un ministro de asistir a la famosa manifestación sin comunicarlo a las Fuerzas de Seguridad, lo que le colocó en una situación de vulnerabilidad que hubiera sido evitable. La relación entre Alo- Conde- Pumpido justificó las detenciones en una actitud vociferante que les hacía sospechosos