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4 Opinión MARTES 9 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL FRACASO DE UNA LEGISLATURA AS maniobras de Pasqual Maragall en connivencia con CarodRovira, desveladas ayer por ABC, son fiel reflejo del despropósito que se ha instalado en la política catalana. José Montilla, en calidad de primer secretario del PSC, ha salido al paso de las pretensiones del presidente de la Generalitat, alegando que el adelantamiento electoral no está por ahora en la agenda política. Es llamativo, sin embargo, que la vicepresidenta Fernández de la Vega se haya limitado a expresar una obviedad: que la responsabilidad de disolver el Parlamento catalán y convocar a las urnas es competencia de Maragall, de manera que el Gobierno no tiene nada que decir al respecto. La posición de ERC ante el referéndum hace insostenible la continuidad del tripartito. El Estatuto era la gran batalla política de la legislatura y, de hecho, ha servido para tapar sin pudor alguno todas las demás cuestiones. En nombre de la unión sagrada el Carmelo o la crisis del 3 por ciento han sido cuidadosamente eliminados del debate público. Esquerra es, además, socio parlamentario de Zapatero en el Congreso. Por tanto, el rechazo de las bases al texto aprobado por las Cortes generales, impuesto a regañadientes a ciertos sectores de la dirección, rompe el vínculo que justificaba tales alianzas y exige su disolución inmediata. Pero la lógica ha abandonado hace tiempo la escena política en aquella comunidad autónoma. Es natural si consideramos que Zapatero está empeñado en un proceso de ruptura del modelo territorial, que abre un escenario de consecuencias imprevisibles. Después de tantos años en la oposición, los socialistas catalanes han dilapidado su primera legislatura de gobierno. A mayor abundamiento, CiU ha recuperado el aliento gracias a las maniobras de la Moncloa para salvar un texto que se encontraba en estado de coma. Tal vez nadie supo prever la reacción de ERC ante la infidelidad de sus aliados, pero una fuerza política seria tiene que saber que no debe entrar en tratos con un partido asambleario y antisistema, cuyos dirigentes están enfrentados entre sí y no controlan la reacción de las bases. De nada servirá echar en cara a los republicanos que su actitud sólo sirve para dar una alegría al PP, aunque ésta sea una nueva paradoja, propia de la ceremonia de la confusión generalizada. A su vez, los populares pueden rentabilizar su discurso de siempre: que el Estatuto no era bueno ni necesario para Cataluña ni para el conjunto de España. La operación no ha podido salir peor para la estrategia socialista. La frialdad de los ciudadanos ante el proyecto hace pensar en una aprobación bajo mínimos en la consulta popular, de manera que se habrán creado nuevos problemas sin haber resuelto ninguno de los anteriores. Así, la sensación de desconcierto empieza a apoderarse de unos y de otros ante el fracaso de la principal apuesta de Zapatero y de Maragall para esta legislatura. L AHORA, RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A dimisión del hasta ayer delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, no agota las responsabilidades políticas a las que debe enfrentarse el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tras las condenas impuestas a los acusados por detención ilegal de dos militantes del PP. Este episodio, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid califica como arbitrario y abusivo es de suma gravedad para una democracia asentada en el reconocimiento de los derechos y libertades individuales. Las afirmaciones de algunos representantes sindicales de la Policía, en el sentido de que irregularidades como las juzgadas son habituales, no hace sino trasladar a todos los cuerpos policiales lo que esta sentencia limita únicamente a tres funcionarios y extender temerariamente una mancha de sospecha sobre el respeto a ley en la actividad policial. La historia del Estado de Derecho es una lucha continua por equilibrar el poder coactivo del Estado con el derecho de los ciudadanos a su seguridad jurídica. Y este equilibrio saltó por los aires cuando unos concretos funcionarios policiales detuvieron sin motivo a dos militantes del PP que se hallaban cerca del ex ministro de Defensa, José Bono, cuando éste decidió realizar una aparición estelar en una manifestación de las víctimas del terrorismo. Esta es la primera detención ilegal practicada en la democracia española contra militantes de la oposición y el capítulo de responsabilidades políticas no se salda con la dimisión de un amortizado e incompetente delegado del Gobierno en Madrid, a quien los jueces reprochan su conducta (por inveraz y falta de rigor) en párrafos demoledores para un cargo público. Bien es cierto que la sentencia se limita a sospechar de Méndez como autoridad política relacionada con las detenciones, pero las responsabilidades políticas se rigen por criterios distintos de los judiciales. Aunque esta sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo, los hechos que declara probados son ya inatacables, y lo que muestran es una confabulación para detener a toda costa a dos militantes del PP, identificados de rebote a través de un medio de comunicación, pese a que ni los vídeos ni las declaraciones de los policías presentes en la manifestación corroboraran su participación en las supuestas agresiones, las L cuales son reiteradamente desmentidas por la resolución judicial. Para los jueces, Bono no dijo la verdad. Por eso, el efecto político de esta sentencia alcanza también al entonces ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso. No se trata de imputarle la inducción material de las detenciones, pero sí de subrayar que, a tenor de la sentencia, su intervención en el Parlamento no se compadeció con la realidad de lo ocurrido, pues Alonso negó categóricamente que se hubiera producido detención ilegal, un hecho ahora probado. Tampoco fueron reales las amenazas y el atentado a la autoridad contra Bono, que el entonces ministro del Interior exhibió en las Cortes como base para justificar la investigación policial. La sentencia de la Audiencia Provincial echa por tierra toda la línea argumental de Alonso en la Cámara Baja. No es lícito que se utilice a los jueces o a los policías condenados como cortafuegos de la responsabilidad que impone el ejercicio de un cargo político tan sensible para las libertades y derechos como el de ministro del Interior. Quien en sus tiempos de servicio activo en la jurisdicción fuera, como José Antonio Alonso, un juez especialmente garantista, debería comprender en toda su dimensión la gravedad de lo sucedido y asumir coherentemente su responsabilidad. El Gobierno debe ser consciente- -y el PP debe hacérselo saber firmemente- -de que ha hecho fracasar en este triste episodio todos los resortes de defensa de la legalidad democrática que están en sus manos. Primero, con la actuación abusiva de unos concretos funcionarios policiales, porque hubo otros que actuaron de manera ejemplar al negarse a participar en esta trama delictiva. Después, con un fiscal general del Estado predispuesto en todo momento a desamparar a las víctimas de las detenciones ilegales, sólo para no desairar la posición del Gobierno, actuando nuevamente como un abogado de parte y no un defensor del interés general. Unos y otro han vulnerado su deber de amparar a la sociedad y han puesto sus autoridades públicas al servicio de una causa política. Las condenas decididas por la Audiencia de Madrid han puesto fin- -por ahora- -al juicio penal. Ahora debe empezar el juicio político por unas detenciones escandalosas. ALEGACIONES Y NO MANIFESTACIONES E L Ayuntamiento de Madrid ha decidido abrir un nuevo periodo (de seis meses) de información y alegaciones al proyecto de reforma del eje Prado- Recoletos, que lleva una semana encadenando una polémica tras otra, casi todas ellas sin mucho fundamento. La medida de Ruiz- Gallardón ofrece la posibilidad de que quienes en su día no manifestaran pero alguno al plan municipal lo hagan ahora de una manera seria, documentada y ajustada a los parámetros convencionales que rigen la relación administrativa de los vecinos de la capital con su Consistorio. Es una pena que entonces dejaran pasar el tiempo, lo que revela que no siempre han estado tan preocupados por los árboles y el impacto ambiental de las obras. El Patronato del Thyssen, por ejemplo, no presentó una sola alegación al proyecto del arquitecto Álvaro Siza y ahora, por ejemplo, encabeza la protesta en la persona de la baronesa Carmen Thyssen. Más contradictoria es la postura de la oposición municipal, que no es que no protestara, sino que en su día apoyó (en alguno casos de forma entusiasta, como el enton- ces concejal Rafael Simancas) el plan tal y como está. Dilatar el periodo el información es una solución que se aleja bastante del tono imperativo y falto de diálogo que los grupos opositores al proyecto (y sobre todo los neo- opositores) denuncian en el Ayuntamiento. Los modos, al final, dejarán a unos y otros en su sitio, pues quedará claro quién ha buscado la conciliación y quién ha optado, más bien, por un obstruccionismo activo sobre una decisión unánime del pleno municipal, que representa a todos los madrileños. La información pues será mayor a partir de ahora. Y eso, tal y como está la cuestión, parece esencial para evitar el torbellino de contradicciones entre las declaraciones de los arquitectos- -que ayer insistían en que no habrá tala de árboles- -y la de los grupos que se oponen al proyecto, que han denunciado una tala masiva y la drástica reducción de la masa arbórea de aquel Salón del Prado, mítico jardín urbano de mediados del XVIII que hoy se quiere recuperar y que está siendo víctima de unas intrigas de folletín que debieran terminar.