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20 Nacional LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN LUNES 8 5 2006 ABC La investigación sobre los presuntos delitos económicos de los que el fiscal acusa al alcalde de Orihuela se acerca a una probable imputación. En medio de una tormenta política, la oposición sigue aportando documentación a la Fiscalía Orihuela bajo sospecha TEXTO: DAVID MARTÍNEZ FOTOS: EDUARDO MANZANA ALICANTE. El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de la localidad alicantina de Orihuela, Francisco García Ortuño (expulsado, como el resto de concejales, del partido) presentó el pasado viernes en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante nueva documentación en relación a la causa contra el alcalde, José Manuel Medina, del PP, por las presuntas irregularidades económicas que investiga un juzgado de la localidad oriolana tras las acusaciones del fiscal. Éste es el último episodio del proceso judicial iniciado en septiembre, y que por el momento ha llevado al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, a trasladar a la juez su propuesta de pruebas, que desglosa su acusación en dieciséis causas- -la principal se refiere a presuntas corruptelas urbanísticas y contables del alcalde, algunos concejales, personal del Ayuntamiento y varios promotores- La investigación fiscal se materializó en marzo en el escrito de acusación remitido al juzgado. Mientras, el fiscal recibió en su despacho a los tres portavoces de la oposición- -García Ortuño, el independiente Jesús Ferrández y el ecologista Montserrate Guillén- que aportaron documentación sobre las acusaciones que habían realizado. Sin embargo, el fiscal no se apoyó sólo en las aportaciones de la oposición oriolana, sino que reforzó la investigación con un informe de la Policía Judicial. Además, catorce de los treinta presuntos delitos se desprenden de las declaraciones del ex interventor municipal, José Manuel Espinosa, en relación a malversación de fondos, irregularidades en adjudicaciones urbanísticas y sobrecostes en obras públicas. De hecho, el testigo de cargo de Briones en la causa contra el alcalde es precisamente Espinosa, cuya rocambolesca desaparición, reaparición en Zaragoza y autoinculpación permitió al fiscal, meses después, tirar del hilo de las supuestas corruptelas oriolanas. José Manuel Medina, alcalde de Orihuela Cerco judicial tras el declive orgánico Medina sucedió en el cargo al alcalde popular Luis Fernando Cartagena, condenado por estafar a una congregación religiosa a través de unas facturas falsas. Si bien todas las denuncias presentadas por presuntas corruptelas del equipo de gobierno fueron archivadas, la sombra de la sospecha no dejó nunca de planear sobre la Corporación. El primer aviso lo recibió el alcalde cuando parte del PP se escindió bajo la marca de Centro Liberal, liderada por el ex edil popular Jesús Ferrández. El detonante de la ruptura fue el desacuerdo en torno a la adjudicación de la contrata de recogida de residuos. El último golpe a su cada vez más debilitada posición institucional y orgánica llegó con la asamblea en la que se debía renovar el comité ejecutivo local, ya con Francisco Camps como presidente autonómico y del partido. La lista de Medina fue derrotada por la que encabezó la portavoz municipal Mónica Lorente, apoyada por una dirección provincial dominada por la corriente zaplanista. El enfrentamiento institucional fue sólo cuestión de meses. nacional valenciana, decide judicializar, aún más si cabe, su tarea. Mientras el alcalde se muestra deseoso de que el fiscal inicie una investigación que le permita demostrar la transparencia de su gestión, y apunta a los socialistas- -quizá más a las altas esferas que a sus opositores- García Ortuño comienza a visitar con asiduidad el despacho de Briones. Entre las acusaciones socialistas destaca la del uso del alcalde de un vehículo de lujo a nombre de un promotor al que adjudicó una actuación urbanística contra el criterio de ocho de sus catorce concejales- -pero con el apoyo de seis independientes, Guillén y un tránsfuga del grupo socialista, que la pasada semana presentó su renuncia al acta- A ésta se une rápidamente la de que Medina vive en un chalé a nombre de otro promotor. García Ortuño, recientemente personado como acción popular, acusa también al promotor beneficiado por el PAI de la ruptura de haberle ofrecido una subvención La empresa anuncia una querella pero no la presenta. El estallido de la contrata Con la investigación judicial en marcha, el Ayuntamiento de Orihuela se dispone a adjudicar el servicio de recogida de basuras, hasta el momento realizado, en virtud de sucesivas prórrogas, por el empresario Ángel Fenoll- -condenado por facilitar a Cartagena las facturas falsas- La empresa de Fenoll obtiene el tercer puesto en el baremo técnico. Días antes de la reunión de la comisión de Hacienda, que debe determinar qué propuesta se lleva a pleno, Fenoll divulga unas cintas en las que presuntamente ha registrado una conversación con Ferrández. En ellas, el concejal supuestamente desvela el pago de comisiones por obtener la contrata. El testigo de cargo Un interventor municipal que desaparece entre sospechas de irregularidades contables- -archivadas siempre hasta ese momento- Tres días después, de noche, se entrega en una Comisaría en Zaragoza. A decir de algunos, después de reunirse con el ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena- -condenado por falsificar unas facturas- En su declaración, admite que ha defraudado las arcas municipales. La esperpéntica situación lleva al Ayuntamiento a destituir a Espinosa y solicitar ser auditado por el Tribunal de Cuentas, pero la respuesta se posterga. La oposición, con especial intensidad el grupo socialista, cuya agrupación local es disuelta por la dirección El PP insta a Chaves a expulsar a los ex alcaldes de Sanlúcar y Chipiona, condenados por cohecho ABC MADRID. El Partido Popular emplazó ayer al presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a que expulse del partido a Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero, ex alcaldes socialistas de las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, tras haber sido declarados culpables por un jurado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho- -el primero- -y de cohecho- -el segundo- Además, el jurado que analizó el denominado caso Sanlúcar consideró también culpable de cohecho y tráfico de influencias al ex secretario de Organización del PSOE en Sanlúcar Rafael García Raposo. El jurado considera probado que Raposo y Cuevas ofrecieron 50 millones de pesetas, dos billetes de avión a Lisboa y un contrato en el Ayuntamiento de Chipiona al concejal del PP en Sanlúcar Manuel Ramírez para que no votase en el año 1999 a favor de una moción de censura contra el entonces alcalde sanluqueño, Agustín Cuevas. Fuentes del PP indicaron que hay tres cargos y dirigentes del PSOE condenados por la Justicia por lo que, además de la responsabilidad judicial ya depurada, ha de asumirse la responsabilidad política. Desde el PP exigen al presidente andaluz que suspenda de militancia y expulse del partido a los tres condenados o, de lo contrario, presente su propia dimisión. Los populares recuerdan que uno de los principales implicados en el caso de presunta corrupción del Ayuntamiento de Marbella es Isabel García Marcos, también socialista.