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4 Opinión LUNES 8 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MARAGALL Y EL CUENTO DE LA LECHERA E CONDICIONES INACEPTABLES DE BATASUNA N el llamado proceso de paz abierto por el anuncio etarra de alto el fuego no sólo se debe verificar la certeza del cese absoluto de la violencia, sino también la finalidad última del diálogo que el Gobierno entablaría con los terroristas. Y si lo primero incumbe al Ejecutivo, a través de los servicios de inteligencia del Estado, lo segundo incumbe a la opinión pública y al principal partido de la oposición, el PP, el único que ha decidido asumir un papel fiscalizador en este momento. Aunque un supuesto tercer informe policial parece reiterar que el alto el fuego es real- -pese a los atentados de Barañáin y Guecho y el envío de cartas de extorsión a empresarios navarros y vascos- la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció el viernes que no hay plenas garantías de la desaparición de la violencia. Mientras sea así, es evidente que el Gobierno no puede considerarse autorizado para emprender un diálogo directo con los terroristas. En todo caso, el entramado terrorista, es decir, Batasuna, está jalonando estos pasos preliminares del alto el fuego etarra con una sucesión de apariciones públicas que deben servir para verificar la viabilidad del diálogo con ETA. No se trata sólo de comprobar que el alto el fuego es real, sino de saber qué pasos se van a dar a partir de esa comprobación. Y esta información es un derecho de la opinión pública y de la oposición, más aún si el presidente del Gobierno pretende comparecer ante el Congreso de los Diputados, pues si Batasuna va a ser interlocutor de ese diálogo, no se puede obviar que esta formación, ilegal y disuelta por ser terrorista, está poniendo condiciones previas y plazos que requieren una descalificación explícita del Ejecutivo. El problema para el Gobierno es que si da crédito a ETA y Batasuna cuando le transmiten que no tuvieron que ver con el atentado de Barañáin- -exculpación que la locuaz ETA podía haber hecho a través de un comunicado- también habrá de dar el mismo crédito cuando Otegi le fija las condiciones irrenunciables para la superación del conflicto Por eso, cuando ETA exige autodeterminación, amnistía y Navarra, no es consuelo alguno pensar que se trata de mensajes de consumo interno para los seguidores de los terroristas, porque ese consumo interno es el que ha justificado el asesinato de casi mil personas y el que utiliza ETA para su propio mantenimiento. E La última condición irrenunciable de Batasuna ha sido su legalización inmediata, oportunamente acompañada por la declaración del Parlamento vasco, aprobada el viernes, que emplaza al Gobierno de Rodríguez Zapatero a que la Fiscalía retire la acusación en el macroproceso que se celebra en la Audiencia Nacional. Evidentemente, el Gobierno debe responder a Batasuna con un mensaje que vaya más allá del rechazo a su relegalización, técnicamente imposible, por otro lado. Debe transmitir a los batasunos que no están en condiciones de exigir nada, ni su legalización ni ninguna otra condición política. Porque, si como dice el Gobierno, ETA está derrotada y convencida del fracaso del terrorismo, no hay ninguna razón para contemporizar con quienes forman parte de la estructura terrorista y deben sentirse tan derrotados como el resto de los terroristas. Sería muy grave que Batasuna no estuviera recibiendo este mensaje o que el Gobierno enfocara el proceso del fin del terrorismo de otra manera. La Ley de Partidos Políticos fue un punto de inflexión en la historia de la lucha antiterrorista al llevar la acción del Estado a las fuentes de la financiación, la captación, la logística y la propaganda de ETA. La asfixia política y económica de los terroristas aumentó exponencialmente la eficacia de la Policía y de la Justicia, realimentó la capacidad de oposición de la sociedad española y, especialmente, de la sociedad vasca no nacionalista y recluyó a ETA en lo que, por primera vez en su historia, podía calificarse como etapa final de su vida terrorista. Sólo gracias a esta acumulación de recursos en manos del Estado y al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, ETA pudo constatar que nunca doblaría el pulso a la sociedad española. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no debe dar ningún paso, ni sugerirlo siquiera, que implique reponer a ETA y Batasuna en una situación previa a la decadencia forzada por la Ley de Partidos Políticos y el Pacto Antiterrorista. La posibilidad de futuros pactos entre el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna, reconocida ayer por su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, sólo anima a ETA a no renunciar a nada. El error estratégico sería dramático, pero el daño moral y político a la sociedad española, aún mayor. El horizonte del fin del terrorismo debe estar despejado de terroristas y exento del más mínimo precio político. Debe ser una victoria inapelable del Estado y de los españoles. EN BUSCA DE UNA SALIDA PARA IRAK L AS cifras se acumulan sin dejar siquiera tiempo a asimilar la gravedad de la situación, y no es posible ignorar que lo que está sucediendo en Irak es una guerra civil, con múltiples líneas de enfrentamiento entrecruzadas. Aunque se han reducido sensiblemente las bajas de las tropas occidentales- -pese a que el reciente derribo de un helicóptero británico en Basora pudiera dar la impresión contraria- el principal reproche que se le puede hacer es que ni han sido capaces de garantizar la seguridad de la población civil ni han dado pruebas de la eficacia que se le supone a las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Lo peor es que ya no es posible aplazar por más tiempo el debate sobre la retirada de esas tropas, porque su presencia allí constituye un lastre político insoportable para los gobiernos concernidos y un elemento que ya no contribuye al equilibrio geoestratégico en la región. Pero, al mismo tiempo, la sucesión dramática de episodios violen- tos demuestra que abandonar a los iraquíes a su suerte sería una decisión suicida: si no se les puede dotar antes de medios adecuados para su autodefensa, cualquier autoridad política, del signo o confesión que fuera, duraría menos de una semana sin el apoyo militar exterior. Es difícil pensar que aún es posible tener éxito y alcanzar lo que no ha sabido hacerse en más de dos años, pero no hay más remedio que intentarlo. Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo más sólido de lo que ha sido su política hasta ahora para levantar unas fuerzas armadas iraquíes capaces de llevar a cabo una misión de la que depende el futuro del país. Ha de llegar pronto el momento en el que se ponga a prueba la teoría de los que piensan que la estabilidad se producirá de forma natural en cuanto se retiren las fuerzas ocupantes. Tanto si es así como si no, la única salida aceptable para el mundo pasa por poner fin cuanto antes a esta sangría. El problema es encontrar la manera. STÁ claro que no son meras coincidencias, sino elementos de una estrategia definida cuyo objetivo último podría dañar seriamente la convivencia democrática. En el espacio de pocas semanas, Zapatero elogia a la II República, afloran banderas tricolores en el Primero de Mayo, se anuncia una recuperación sesgada de la memoria histórica y- -hace unos días- -Pasqual Maragall proclama que el Estatuto y los catalanes son herederos de aquel periodo histórico. Todo ello, entre aplausos y vítores, en un acto aderezado con un extraño simbolismo, mezcla de enseñas republicanas y versiones del Himno de Riego y de la Marsellesa, con actuaciones musicales, lecturas literarias y discursos políticos. Los otros socios del tripartito aprovecharon también la oportunidad para aportar su grano de arena a la ceremonia de la confusión. Así, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, asegure que la Monarquía parlamentaria no está en cuestión, la opinión pública empieza a contemplar, entre la sorpresa y la indignación, cómo se minusvalora la Transición y la Monarquía de todos en favor de un régimen cuyo fracaso objetivo se refleja en las trágicas consecuencias a que dio lugar. Sin negar los elementos positivos (sobre todo, en materia educativa y cultural) los historiadores rigurosos califican de fracaso el periodo comprendido entre 1931 y 1936, como se recogía en el suplemento que publicó ABC con motivo del 75 aniversario, titulado precisamente El fracaso de un régimen convulso Proclamar los valores republicanos es lo último que le faltaba a Maragall, un personaje en busca de un papel que se le niega en la extraña tragicomedia desplegada en los últimos meses en torno al Estatuto catalán, rechazado por sus socios de ERC y con serias dudas acerca del resultado del referéndum. En las páginas de Nacional se informa hoy sobre la última pirueta del presidente de la Generalitat para continuar haciendo equilibrios sobre un alambre que amenaza hace tiempo con romperse. Se trataría, según fuentes de ERC, de un pacto con Carod- Rovira (otro líder en serios apuros en el seno de su peculiar formación política) con objeto de anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas en otoño y, eventualmente, el aplazamiento del referéndum del Estatuto para después de esos comicios, ya con un nuevo gobierno. Si el asunto le sale bien, sería un golpe de mano respecto de los amplios sectores del PSC y de ERC que cuestionan abiertamente las candidaturas de Maragall y de Carod para las próximas elecciones autonómicas, ya que cogerían desprevenidos a sus compañeros ante la imposibilidad material de plantear otras opciones. El círculo se cierra- -si no se repite el cuento de la lechera- -con una renovación del acuerdo de gobierno, una vez ganadas las elecciones, con la peculiaridad de que el segundo puesto del Ejecutivo volvería a manos del líder republicano, desplazado después de la entrevista de Perpiñán. Una jugada habilidosa, pero en la que falta un elemento decisivo: la última palabra la tendrán en las urnas los ciudadanos catalanes.