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20 Nacional SÁBADO 6 5 2006 ABC La AUGC critica al Gobierno por ratificar el carácter militar del Cuerpo ABC MADRID. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Joan Miquel Perpinya, acusó ayer a los ministros de Defensa, José Antonio Alonso, y de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ir en contra de la opinión de millones de españoles incluidos muchos votantes del PSOE, cuando aseguran que el Instituto Armado seguirá siendo de naturaleza militar. No nos parece democrático decir que no se va a desmilitarizar si esa declaración no va acompañada de una explicación razonada y razonable de los motivos que inducen al Gobierno a mantener un cuerpo de policía militarizado dijo. Asimismo, la AUGC volvió a reclamar al Gobierno socialista el cumplimiento estricto de su programa electoral porque llevan dos años diciendo que van a cambiar el régimen disciplinario y que van a sacar un nuevo estatuto profesional que regule los derechos y los deberes de los guardias civiles y no lo han hecho No obstante, la asociación tiende la mano al nuevo director de la Benemérita para superar el clima de enorme conflicto Expertos juristas afirman que los consejos autonómicos politizarán más la Justicia Cuestionan a los jueces de proximidad por falta de independencia y preparación b Denuncian la posible inconstitu- cionalidad de la reforma en cuanto que existe el riesgo de que la Justicia deje de ser el poder único que configura la Carta Magna ABC MADRID. Jueces de proximidad y Consejos Autonómicos de Justicia fueron las materias sometidas a debate en las últimas sesiones de las jornadas organizadas por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid sobre las reformas de la LOPJ aprobadas por el Gobierno. Las conclusiones de los ponentes- -todos ellos magistrados y catedráticos- -fueron muy críticas con las dos principales novedades de los proyectos, que aún se tramitan en el Congreso. Para Jaime Vegas, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la reforma en su conjunto merece una valoración negativa porque nadie espera de ella un beneficio para la justicia, ni siquiera los que la han promovido Además de la dudosa constitucionalidad de los Consejos de Justi- cia, el ponente denunció el grave riesgo que existe de que aumenten la politización de la Justicia, dado que, al introducirse en dichos órganos miembros nombrados por las cámaras autonómicas, es de esperar que en ellos se reproduzcan las luchas políticas que en la actualidad tienen lugar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) También muy crítico, el consejero permanente de Estado José Luis Manzanares opinó que los cambios suponen ir para atrás y que los nuevos Consejos no van a servir para nada no teniendo otra justificación, aseguró, que la cesión a las reivindicaciones de los partidos nacionalistas. También criticó la elección de los nuevos jueces de proximidad- -mediante un concurso de méritos sin suficientes garantías- -y su acceso a la categoría de juez, que requiere una valoración de un órgano de origen político, lo que puede afectar a su independencia. El profesor emérito de la Universidad Complutense Pedro Aragoneses puso de manifiesto la contradicción que supone que el mismo partido político que suprimió, sin justificación alguna, los jueces de distrito en 1985, in- troduzca veinte años después una categoría similar aunque empeorada, pues en la nueva configuración los jueces de proximidad no entrarían por oposición, como antes, sino por concurso, lo que merma las garantías sobre su capacidad y, sobre todo, sobre su independencia. Para Aragoneses, el nuevo sistema no permite una justicia independiente ni preparada En el coloquio posterior se incidió en que los nuevos Consejos no son necesarios, en el riesgo de que la Justicia deje de ser el poder único estatal que configura la Constitución, y en la justicia de baja calidad que pueden terminar impartiendo los jueces de proximidad. No es verdadera doble instancia Por último, Pía Calderón, de la Universidad de Valencia, dudó del diseño dado a la doble instancia penal. En su opinión, el proyecto no sólo no ha generalizado esa doble instancia, sino que ha suprimido la que existía creando un recurso de apelación que no es sino una casación disfrazada. Además, dijo, podría no cumplir las exigencias de la Comisión de Naciones Unidas, que es precisamente lo que justifica la reforma.