ABC MADRID 04-05-2006 página 80

80 JUEVES 4 5 2006 ABC Economía La Comisión Europea cumple su amenaza y expedienta a España por el decreto anti- E. ON Rodríguez Zapatero dice que el nuevo revés de Bruselas entra dentro de lo previsible b El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, considera que el decreto aprobado por el Gobierno en febrero da a la CNE poderes vagos y discrecionales MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL BRUSELAS. La Comisión Europea abrió ayer la primera fase del expediente sancionador a España por restringir indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento de las empresas en su territorio, libertades que se recogen en los artículos 43 y 56 del Tratado de la UE, tal y como anunció ABC en su edición de ayer. Esta infracción se ha materializado en el real decreto aprobado por el Gobierno español en febrero de este año por el que se le otorgaban más poderes a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) incluso para vetar una posible toma de control de empresas españolas por parte de otras extranjeras, como es el caso actual de Endesa y la alemana E. ON, basándose en argumentos como el interés general Hay que recordar que esta ley vio la luz sólo tres días después de que la alemana lanzase la opa, lo que activó todas las alarmas en Bruselas. El Ejecutivo comunitario, a través de sus comisarios de Interior y de Competencia, Charlie McCreevy y Neelie Kroes respectivamente, han criticado desde el principio abiertamente estas atribuciones de la CNE porque, a su juicio, eran un intento de obstaculizar la opa de E. ON y proteger a Endesa. El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha impulsado el nuevo expediente de la CE a España carta de emplazamiento la primera fase del procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado de la CE. Si en el plazo de dos meses el Gobierno español no da respuesta satisfactoria a esta carta, Bruselas puede decidir instar formalmente a España a revisar la ley en cuestión, petición que en ese caso se haría bajo la forma de dictamen motivado segunda fase del procedimiento de infracción contra un Estado miembro. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, aseguró ayer que la decisión de la CE contra España a causa del decreto que amplía las funciones de la CNE entra dentro de lo previsible, y que no es más que la apertura de un expediente EPA Autorización previa de la CNE Este decreto, según la Comisión Europea, establece que se requiere la autorización de la CNE para la adquisición de participaciones superiores a un 10 del capital social o cualquier otro que conceda influencia significativa en empresas que realicen actividades reguladas o sujetas a un control administrativo especial, así como la compra de los activos precisos para desarrollar las mencionadas actividades. Entre los argumentos que puede invocar la CNE para no autorizar una adquisición, destaca la CE, figura por ejemplo la protección del interés general y cualquier otra causa de seguridad pública. El portavoz del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, calificó ayer estas atribuciones de la CNE de vagas y discrecionales, y sin justificación La Comisión Europea, tras la decisión adoptada ayer por el Colegio de Comisarios, enviará a España una El Gobierno español tiene dos meses de plazo para justificar la ampliación de los poderes de la CNE El PP insiste en el intervencionismo El Partido Popular, sin embargo, considera que la actuación de Bruselas corrobora las acusaciones de intervencionismo sin límites de Rodríguez Zapatero en el sector energético. Tercer suspenso en energía en Bruselas a los gobiernos españoles M. N. BRUSELAS. El expediente de infracción abierto ayer por la Comisión Europea a España en el sector de la energía se suma a los dos que nuestro país tenía ya también relacionados con esta actividad. El primero data de 2003, hace referencia a una ley de 1995 y reprocha que no se haya supri- mido del ordenamiento español la conocida como acción de oro que confiere al Gobierno poderes especiales sobre las empresas que fueron privatizadas y, por tanto, limita la libre circulación de capitales. En este caso España perdió ante el Tribunal de la UE el caso, tercera fase del procedimiento de infracción, y ahora la CE se plantea volver a denunciar a España ante el Tribunal. El otro expediente es sobre la ley de Acompañamiento de 1999, que limitaba los derechos de voto de las empresas estatales extranjeras que entraran en empresas energéticas españolas, lo que también pone trabas a la circulación de capitales. Las posibilidades de que el Gobierno español consiga convencer a Bruselas de la necesidad de la ampliación de poderes de la CNE son aparentemente escasas, habida cuenta de que ya lo ha intentado en una ocasión. Ante la petición informal de detalles por parte de McCreevy sobre este tema el Gobierno español mandó una exhaustiva respuesta de 12 folios en la que desgranaba sus argumentos, entre los que destacaba las diferencias entre los modelos energéticos europeos, lo que hace, por ejemplo, que en el caso de España la SEPI sólo controle el 2,9 del capital de Endesa, a diferencia del caso italiano, donde el Estado controla el 32 de Enel, o del francés, que tiene en sus manos el 87,3 de EDF o el 80,2 de GDF. El deseo de la Comisión Europea, según el portavoz de McCreevy, es que el Gobierno español responda en el plazo previsto, que se cumplirá el 3 de julio, a esta nueva petición de información de Bruselas, y que no tenga por tanto que pasar a la segunda pase del procedimiento de infracción. Bruselas, cúmulo de malas noticias El varapalo que dio ayer la Comisión Europea a España no ha venido solo, sino que se produce tan sólo una semana después de que Bruselas autorizase sin condiciones la opa de la alemana E. ON sobre Endesa, una vez que Madrid había apostado claramente por una operación entre Gas Natural y Endesa.