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40 Madrid JUEVES 4 5 2006 ABC Madrid colabora para construir la primera línea de Metro en Mallorca MERCEDES CONTRERAS MADRID. Los técnicos del Metro colaborarán con sus colegas mallorquines para construir la primera línea subterránea con que contará Palma de Mallorca. Para ello, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, firmó ayer un protocolo con el jefe del Ejecutivo de las islas Baleares, Jaume Matas. Tras informarle sobre la importante ampliación de 90 kilómetros que se está efectuando en la red, los dos presidentes autonómicos se desplazaron hasta la Alameda de Osuna, donde comprobaron el avance en las obras de una de las estaciones que ampliará la línea 5 madrileña. El protocolo suscrito supone la creación de un marco de colaboración entre ambas instituciones para compartir esa experiencia en materia no sólo de construcción de infraestructuras ferroviarias, sino de gestión, así como sobre el soterramiento de líneas de ferrocarril y la construcción de una estación intermodal. Para ello, se intercambiarán informes y visitas técnicas como la efectuada ayer por los dos presidentes autonómicos. Los eurodiputados aplazan hasta junio la decisión de visitar la M- 30 El grupo popular pide que se pronuncien los vicepresidentes de la cámara Comisión de Peticiones fije la fecha para que un grupo de eurodiputados venga a Madrid para ver las obras que se están ejecutando ENRIQUE SERBETO, CORRESPONSAL BRUSELAS. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió ayer aplazar hasta el mes de junio la aprobación del envío de una delegación a Madrid para informarse sobre la situación de las obras de la M- 30. El grupo popular alegó defectos de forma en la tramitaciónde esta propuesta, ante lo cual el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, no se atrevió a seguir adelante con el procedimiento y pidió un informe de los servicios jurídicos, que deja la decisión en el aire hasta la próxima reunión. El eurodiputado socialista Carlos Carnero calificó esta actitud de los populares como filibusterismo parlamentario porque a su juicio está claro que el procedimiento para enviar una delegación es siempre el mismo y se conoce perfectamente El represenb Será en junio cuando la tante del grupo popular, Richard Atkins, quería que la decisión tuviera el visto bueno de la Mesa del Parlamento donde están todos los vicepresidentes y se nota más el peso del PPE. Pero en realidad, normalmente las comisiones pueden decidir autónomamente si envíen o no delegaciones para recibir información concreta sobre el terreno, siempre que no se excedan del presupuesto que tienen asignado. Poco después de que Libicki decidiera dejar la discusión para el próximo mes de junio a la espera de los correspondientes informes jurídicos, los asistentes de los eurodiputados ya difundían argumentos jurídicos para justificar el criterio general de la organización de visitas de diputados. El procedimiento de infracción En cualquier caso, la delegación del Parlamento carece de mandato o de competencias concretas para tomar ninguna decisión. La insistencia de eurodiputados como Carnero han llevado este tema a la Comisión de peticiones sin más efectos concretos que el de exponerlo a la publicidad. Otra cosa ha sido la decisión de la Comisión Europea de iniciar un procedimiento de infracción contra España, como se anunció el pasado día 4 de abril, porque antes de iniciar las obras no se había realzado un estudio de impacto ambiental que según la legislación europea debe ser preceptivo aunque se trate de zona urbana. En la promoción de este procedimiento de infracción intervino una pregunta ofcicial de Carlos Carnero a la Comisión. Sin embargo, este procedimiento de infracción tampoco compromete directamente al Ayuntamiento de Madrid ni puede tener como resultado que se paren las obras o que se ordene la demolición de lo que ya se haya construido. Lo que la Comisión Europea pide es que se haga al menos el informe de impacto ambiental de las obras que queden por terminar. En caso de que esto no se produzca antes de que se termine la ejecución del proyecto, la Coomisión puede imponer una multa al Gobierno español. Por otro lado, la decisión de la Comisión obliga a cambiar la legislación española sobre la exigencia de informes de impacto ambiental, y ponerla en línea con los criterios de la reglamentación comunitaria.