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18 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA JUEVES 4 5 2006 ABC El CGPJ avala al juez Torres en la investigación del caso Malaya N. C. MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno a la tramitación por el juez Miguel Ángel Torres de las diligencias abiertas en Marbella a raíz de la operación Malaya en la que se investiga la trama de corrupción del Ayuntamiento de esa localidad. La jurisdicción del juez Torres ha sido cuestionada por Javier Gómez de Liaño, defensor de la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos. En el recurso planteado contra la orden de prisión provisional dictada por Torres el pasado 2 de abril contra su cliente, Gómez de Liaño señalaba la posibilidad de que el instructor no fuera competente para investigar el sumario porque no es el titular del Juzgado, sino que se encuentra en comisión de servicios. La Comisión Permanente del CGPJ concluyó el pasado 18 de abril que todas las causas incoadas por el magistrado hasta el 1 de febrero de 2006- -fecha en la que concluía la comisión de servicios- cayeron obligatoriamente dentro de su plena jurisdicción por el simple hecho de ser el único magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, al tener diferido su cese y no haber tomado posesión aún el nuevo titular Las diligencias previas sobre el escándalo del Consistorio marbellí se abrieron el 12 de noviembre de 2005. Pero también las actuaciones posteriores al 1 de febrero fueron practicadas con plena jurisdicción, pues están amparadas por un acuerdo de 28 de marzo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior andaluz cuyos efectos son retroactivos. Promotores beneficiados se plantean denunciar a Roca por extorsión La legislación atenúa la pena por pagar comisiones si se comunica al juez años noventa, una decena de empresarios de Marbella que reconocieron los pagos a concejales pidieron que se les aplicara la eximente de necesidad JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. Promotores afectados por los convenios urbanísticos de Marbella estudian denunciar a los principales implicados en la operación Malaya por extorsión, según señalaron fuentes cercanas al caso. Ésta no sería la primera vez que unos promotores de la localidad malagueña estarían dispuestos a reconocer haber pagado a miembros de una Corporación municipal con el fin de obtener licencias de obras. En la década de los noventa se destapó un importante escándalo en Marbella cuando decenas de promotores urbanísticos reconocieron haber sido extorsionados. Fuentes de la investigación señalaron que algunos promotores estudian denunciar estas irregularidades si son llamados a declarar ante el juez Miguel Ángel Torres, quien ha tomado ya declaración a algunos empresarios. Hasta ahora, la Fiscalía anticorrupción no tiene en su mesa ninguna denuncia de promotores supuestamente implicados en el pago de comisiones ilegales a miembros del anterior equipo de gobierno de Marbella (el cohecho castiga tanto al que da dinero como al que lo recibe, pero hay una previsión legislativa en nuestro código para atenuar la pena del denunciante) o de haber sido extorsionados. El fiscal sí ha comenzado junto al insb En los tructor a analizar la amplia documentación sobre la operación Malaya que sigue bajo secreto sumarial, lo que ha creado una gran expectación entre empresarios, constructores y promotores, algunos de los cuales han desaparecido como ayer adelantó ABC, por temor a los flecos del caso. Desde el sector empresarial se señala que existe también una gran inquietud por las declaraciones del presidente de la gestora, el socialista Martín Reyes, quien se ha mostrado partidario de derribar las promociones ilegales. Diego Martín está convencido de que habrá demoliciones de viviendas ilegales y recordó que la gestora dispone de competencias de gestión y disciplina urbanística de acuerdo con el reglamento de organización y funcionamiento aprobado el pasado lunes en el primer pleno del nuevo órgano de gobierno tras su constitución. Fuentes de la Federación de Urbanizadores de Andalucía manifestaron que el derribo no sería un problema El presidente de la gestora, Diego Martín, está convencido de que habrá demoliciones de viviendas ilegales Para los urbanizadores, el derribo no sería un problema siempre y cuando se indemnice a los afectados siempre y cuando se indemnice a los afectados Las mismas fuentes eximieron de culpa al ciudadano que de buena fe compró una vivienda o al promotor que obtuvo su licencia aprobada por el pleno de un ayuntamiento y por los miembros de una corporación elegida democráticamente. En Marbella hay en torno a 32.000 viviendas ilegales, según un informe de la Junta de Andalucía. Los empresarios recordaron que en la década de los noventa, una decena de promotores de Marbella reconocieron haber pagado comisiones de diez a trescientos millones de pesetas a concejales del Ayuntamiento marbellí, entonces gobernado por PSOE e IU, para poder construir las obras que tenían en proyecto. En aquella ocasión, los promotores mostraron su disposición a que les aplicaran, como medida excepcional, la eximente de necesidad que significaría un perdón para sus actividades inicialmente ilegales. El ex alcalde de Marbella Jesús Gil también denunció haber pagado comisiones para poder edificar en la localidad malagueña. Gil reconoció que sobornó con once cheque al portador- -seis de diez millones y los restantes de cinco- -a los familiares del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía José Miguel Salinas. Según el ex alcalde, los promotores afectados por las comisiones ilegales no eran culpables, sino víctimas de un sistema instalado en el municipio. La Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable a eximir a los promotores supuestamente extorsionados de Marbella de responsabilidad penal por el presunto pago de comisiones ilegales. Comienzan las demoliciones de viviendas ilegales en la Costa del Sol J. M. C. MÁLAGA. El Ayuntamiento de Manilva (Málaga) cuyo ex alcalde Pedro Tirado fue encarcelado por el caso Ballena Blanca la operación más importante desarrollada en España contra el blanqueo de dinero, anunció ayer el derribo de un bloque de viviendas ilegales construidas en zona verde. También en Marbella, el vocal de la gestora ha anunciado demoliciones en el plazo de cuatro meses. El administrador judicial de la empresa Green Blue Properties S. L. comunicó al Consistorio de Manilva que el próximo miércoles, 10 de mayo, comenzarán los trabajos de demolición y derribo del bloque 6 del complejo denominado Cortijos Altos Según explicó el alcalde de Manilva, Salvador Zotano, quien sustituyó a Pedro Tirado tras su encarcelamiento en Alhaurín de la Torre, estos trabajos se van a poner en marcha después del plazo otorgado mediante un decreto firmado a primeros de marzo El regidor municipal destacó que el Ayuntamiento concedió una prórroga a la empresa propietaria de esos inmuebles, ya que el proyecto de demolición, visado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, se demoró más de lo previsto. Zotano recordó que firmó un decreto por el que ordenaba la demolición del bloque número 6 de la urbanización Cortijos Altos situado en la zona alta del Hacho, por estar construido sobre una zona verde pública de titularidad municipal. Las demoliciones de estas viviendas serían las primeras que se llevan a cabo en la Costa del Sol tras la aprobación de la nueva ley del suelo. Solamente en Marbella hay unas 32.000 vivien- Bloque de Cortijos Altos en Manilva, que será demolido el 10 de mayo das ilegales, de las cuales unas 5.000 han sido construidas en zona de equipamiento público. Ayer, el vocal de la gestora de Marbella, Rafael Duarte, anunció también de- J. M. CAMACHO moliciones de viviendas ilegales en la localidad malagueña en un plazo de cuatro meses y señaló que la comisión iniciará en los próximos días los procedimientos para los primeros derribos.