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ABC MIÉRCOLES 3 5 2006 91 El mercado de la vivienda creció un 23 en 2005 y movió una séptima parte del PIB español La Comisión Europea expedientará hoy a España por dar más poderes a la CNE para vetar a E. ON REACCIONES Mariano Rajoy Presidente del PP Es una decisión mala para España y para Repsol, porque genera una gran inseguridad jurídica Josép Piqué Ex ministro de Exteriores Castro, Chávez, Morales y Zapatero coinciden en su animadversión hacia Estados Unidos Pedro Chávez Miembro de IU La decisión tomada se ha realizado por un poder democrático y soberano de acuerdo con la legalidad vigente José Montilla Ministro de Industria La nacionalización no es positiva para los bolivianos. Puede desincentivar las inversiones en el país Javier Solana Alto representante de la PESC Produce una gran intranquilidad. Serán los bolivianos los que sufran las consecuencias El Gobierno convoca al encargado de negocios boliviano y le avisa de que peligran las relaciones Altos cargos preparan los pasos oportunos en coordinación con el Ejecutivo brasileño Morales que abra una negociación antes de poner en marcha el decreto y advierte del posible impacto negativo en los precios del petróleo LUIS AYLLÓN, MARIBEL NÚÑEZ MADRID, BRUSELAS. El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, mantuvo ayer por la tarde una reunión con los secretarios de Estado de Economía, David Vegara, y de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y con el secretario general de Industria, Joan Trullen, para analizar los pasos oportunos tras conocerse el decreto de nacionalización de los recursos petroleros, según supo ABC de fuentes gubernamentales. Las citadas fuentes precisaron que, en cualquier caso, las medidas que se adopten se harán teniendo en cuenta las necesidades de las empresas españolas en Bolivia. De hecho, ayer mismo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la b La CE aconseja a Vega, anunció que las empresas con intereses empresariales y comerciales en Bolivia serán convocadas por el ministro de Industria, José Montilla, previsiblemente esta misma semana, con el fin de repasar la situación. Durante las últimas horas, responsables del Gobierno han mantenido contactos con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau. Tanto estos contactos como el encuentro de altos cargos de ayer forman parte de la ofensiva emprendida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por la decisión de Evo Morales. Ayer por la tarde, Exteriores convocó al ministerio al encargado de negocios de Bolivia, Álvaro del Pozo, ya que Morales no ha designado aún embajador. En nombre del Gobierno, el director general de Iberoamérica, Javier Sandomingo, transmitió al diplomático boliviano la más profunda preocupación por la medida y sus consecuencias para las relaciones bilaterales según una nota de la Dirección General de Comunicación Exterior. El Ejecutivo español hizo extensiva su preocupación a las formas que rodearon la adopción Zapatero recibió a Evo Morales el pasado enero en La Moncloa de la medida y recordó el compromiso de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto. Finalmente, reiteró que el Gobierno espera que se llegue a una solución satisfactoria a través del diálogo y la negociación Las autoridades españolas están actuando en coordinación con las de Brasil, el país más afectado por la medida, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, conversó ayer con su colega brasileño, Celso Amorin, con quien coincidió en la necesidad de responder con firmeza y diálogo Desde Bruselas el portavoz del presidente de la Comisión Europea, José JAIME GARCÍA Manuel Durao Barroso, mostró ayer su preocupación por las noticias procedentes de Bolivia y aconsejó a Evo Morales que abra un proceso de negociación y discusión antes de la adopción del decreto En el mismo sentido, la CE advirtió de que la decisión del Gobierno boliviano puede tener un impacto negativo en el mercado internacional de petróleo y gas, sometido ya a fuertes tensiones Javier Solana, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, afirmó ayer que la falta de seguridad jurídica no beneficia en nada a Bolivia.