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ABC MIÉRCOLES 3 5 2006 Sociedad LA POLÉMICA DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL 53 tar fundado en los motivos que alcanzan al ejercicio de la propia libertad religiosa o ideológica? En nuestro sistema constitucional ya no es el juez la boca fría de la Ley, porque en cualquier proceso, en cualquier litigio, el primer juicio que el Juez ha de hacer es el juicio a la Ley misma (Rubio Llorente) Tal es su primera responsabilidad, que le obliga con independencia del carácter técnico del proceso en que haya de intervenir, puesto que si es su incardinación en el Poder Judicial la razón que se invoca, para todos los jueces habrá de tenerse en cuenta su doble obligación y su deber previo de juzgar la ley que ha de aplicarse con una u otra consecuencia. Y si lo primero que se advierte es que dicha ley sea injusta, irregular, inconstitucional o incluso una de aquellas leyes que la doctrina ha calificado como leyes que no constituyen derecho (Radbruch, o que son paradigma de un derecho injusto, de un derecho nulo o contrario a la naturaleza de las cosas que, por serlo, puedan convertir en pura arbitrariedad o en ausencia de derecho sectores enteros de disposiciones positivas, no cabe neutralizar de modo general aquellas previsiones del ordenamiento que atribuyen al juez una facultad, un poder de revisión, no ante sí sino ante el órgano competente (en nuestro caso el Tribunal Constitucional) Cerrar los labios a los jueces del Registro Civil tiene el riesgo de alcanzar un grado de radical injusticia y de intromisión en su libertad ideológica El recuerdo de jueces alemanes que, con leyes hitlerianas, dictaron sentencias legales pero injustas y fueron condenados alumbra una inquietante cuestión el procedimiento) no cabe relegarle a la única opción previa, al desproporcionado criterio de abandonar el oficio. El mismo afirma que los daños que pueda producir una ley arbitraria no se evitan dejando a los jueces que abandonen el estrado del Tribunal cuando su conciencia jurídica, ideológica o religiosa le veda intervenir. En tal caso, ha de serle reconocido el mismo derecho que a cualquier ciudadano, que deriva de su fundamental M as cuando sólo le quepa a un juez la posibilidad de abstenerse de intervenir en su aplicación (incluso en libertad ideológica, de formular el necesario juicio previo y en su caso alegar la objeción de su conciencia para que pueda juzgarse luego en la instancia adecuada acerca de la legitimidad de esta invocación y de si su alegación se apoya en convicciones o creencias que alcanzan nivel de obligatoriedad, seriedad, coherencia e importancia procedentes de un sistema de pensamiento coherente y suficientemente orgánico y sincero como exigía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia citada. ¿Hace falta señalar que el nivel de seriedad, coherencia e importancia de las convicciones alegadas respecto de la ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra avalado, no sólo por opiniones religiosas de la máxima solvencia, sino por otras de carácter jurídico y jurídicoconstitucional de no menor prestigio, a las que se han unido criterios generalizados de amplísimos sectores intelectuales y sociales? El cerrar los labios en uno y otro aspecto a los jueces del Registro Civil tiene el riesgo de alcanzar finalmente un grado no deseable de radical injusticia y de intromisión en el ámbito de su personal libertad ideológica, si, en todo caso, les quedare absolutamente impedido hacer valer sus personales dudas de conciencia. Evidentemente, no se puede privar a los jueces en general de su legitimación para plantear cuestiones de inconstitucionalidad (ciertamente, habrán de producirse en el futuro cuandoesa ley seapli- que en procesos variados, dado su alcance y la complejidad de situaciones confusas e irresolubles a las que sin duda dará lugar) Pero la cuestión que aquí se plantea es inmediata y más amplia. Al juez, en general, si se le impide eludir su intervención en leyes injustas, no se le puede privar de justificar su abstención mediante objeción de su conciencia, lo cual presenta un fundamento sin duda más amplio que la sola cuestión de inconstitucionalidad; y sin perjuicio de que, según los casos, pueda o no llegarse a esta. l recuerdo de aquellos magistrados alemanes que, aplicando leyes hitlerianas, dictaron sentencias legales pero de evidente injusticia material y fueron mas tarde condenados por ello alumbra una inquietante cuestión. Se les condenó por la aplicación de aquel derecho injusto; pero, si alegándolo se hubieran abstenido, ¿no habría sido condenada su abstención dado el régimen político autor de aquellas leyes? ¿No se hubiera invocado también entonces para ello su estricta sumisión al imperio de la ley, de aquellas leyes injustas a las que su conciencia pudo haberse opuesto? Tal alternativa sin salida ofrece en toda su crudeza el riesgo de la libertad personal que se manifiesta en la objeción de conciencia, y el valor humano y de adhesión a la justicia que la misma comporta. ¿Privaremos de ello a nuestros jueces? ¿Fundaremos esa privación unas veces en que son jueces y otras en que actúan en funciones administrativas? ¿Hasta tal punto puede llegar un positivismo jurídico radical? E