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4 Opinión MIÉRCOLES 3 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL DESAFÍO HISPANO EN LOS EE. UU. E ESTATUTOS PARA LA RUPTURA E L Parlamento andaluz aprobó ayer el proyecto de reforma estatutaria, con el voto favorable de PSOE e Izquierda Unida y la oposición del PP y del Partido Andalucista. Se consumó así, en primera instancia, el fracaso del método de consenso prometido por Rodríguez Zapatero para legitimar las reformas estatutarias con amplias mayorías o, al menos, tan amplias como las que respaldan a los actuales estatutos. La reforma catalana se aprobó en el Congreso con algo más de la mitad de los parlamentarios y cuenta ahora con más rechazo en Cataluña que cuando fue aprobada por la Cámara catalana el pasado 30 de septiembre. La degradación del consenso político se ha agravado en Andalucía, donde PSOE y PP habían llegado a un acuerdo de principios que los socialistas dinamitaron al incluir en el preámbulo del texto estatutario la definición de la comunidad andaluza como realidad nacional y suprimir la mención a la unidad de la Nación española. La situación, por tanto, es inequívoca, en el sentido de que los hechos desmienten los discursos del PSOE y demuestran que este partido se encuentra embarcado en una estrategia de ruptura política y social que no sólo contradice el designio constitucional de fijar con la oposición las cuestiones de Estado, sino también la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, que ni han dado su mandato para este proceso de fines constituyentes ni refrendan, según las encuestas, los proyectos estatutarios aprobados hasta el momento. El caso andaluz implica un salto cualitativo en la estrategia socialista, porque transfiere a una comunidad sin nacionalismo un proyecto político generado por demandas nacionalistas. Es evidente que el PSOE sirve en Andalucía a sus intereses como partido y que, con este criterio, la colaboración institucional con la oposición popular resulta imposible. Por eso rondan la hipocresía política las anunciadas intenciones del PSOE de buscar en Madrid el consenso que rompió en Sevilla, pues uno de los objetivos finales de la reforma andaluza es encubrir el carácter agraviante de la catalana, extendiendo al mayor número posible de comunidades autónomas el modelo confederal que se votará en Cataluña- -y sólo en Cataluña- -el próximo 18 de junio. Pero el problema de este modelo no se soluciona aplicándo- lo a todas las autonomías, porque su vicio es de origen, al empujar al Estado a una revisión que se ejecutará al margen del procedimiento debido de reforma constitucional. Andalucía se suma a un guión ajeno a la voluntad de sus ciudadanos y a su auténtica realidad nacional, que es España, salvo que a falta de derechos históricos el PSOE andaluz base la condición nacional andaluza en un súbito prurito identitario. El argumento de que España no se rompe, empleado ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, es falaz y engañoso. Desde luego, España no se romperá porque son sus instituciones las que están bendiciendo un proceso de emancipación territorial que hace innecesaria la ruptura formal y la independencia. Basta el vaciamiento del Estado al que se llegará en cuanto entre en vigor el Estatuto catalán y le siga su clon andaluz. España corre el riesgo no de la ruptura, sino de su consunción, de su neutralización como proyecto político capaz de mantener compromisos colectivos y, llegado el caso, de exigir efectivamente su cumplimiento mediante políticas comunes de cohesión, fiscalidad, educación, infraestructuras o justicia. Si Andalucía también se define como realidad nacional y se blinda competencialmente frente al Estado- -es decir, frente a la Administración central, pero también frente a las demás autonomías- -no habrá razones para oponer a otras comunidades que aspiren a lo mismo y, dada su riqueza, con una incidencia sobre la solidaridad nacional más acusada aún. El proyecto estatutario andaluz es, como el catalán, un proyecto ideológico y de partido. Ninguno aspira realmente a una mejora del respectivo autogobierno, pues en tal caso habría que haber auditado antes sus numerosos fracasos para ver si realmente el principio autonómico ha sido correctamente ejecutado en ambas comunidades y, en función del saldo, decidir colectivamente si está justificado o no que aumenten sus capacidades. Por el contrario, los consensos menguantes con los que se afronta esta etapa neoconstituyente demuestran que se está buscando la exclusión del centro- derecha y la imposición de un nuevo modelo de Estado que satisfaga el pacto de intereses entre la izquierda y los nacionalismos. MORALES Y LA AMENAZA GLOBAL S ALVO el casi incontenible regocijo cosechado en La Habana y Caracas, el mundo entero recogió con honda preocupación la nacionalización de todos los hidrocarburos de Bolivia decretada por su presidente, Evo Morales. Tanto Argentina, Brasil, Paraguay y buena parte de los países de la región como la Unión Europea se mostraron preocupados por una medida que vino aderezada con una parafernalia militarista absolutamente improcedente y que ofende a todo aquél que no tenga una concepción autárquica del poder político. Mandar a las tropas a custodiar los yacimientos y las gasolineras forma parte de la ostentación del autoritarismo, tan al gusto de los regímenes de Cuba o Venezuela, de los que Morales parece alumno aventajado. Una vez que el dirigente cocalero ha decido convertirse en outsider de la comunidad internacional, a la que desafía, al Gobierno español no le queda más remedio que cortar amarras y eliminar los miramientos que le ha dispensado desde que España se convirtió en el primer chambelán de Morales, cuando aún era presidente electo, en su gira europea. El Ejecutivo debe velar por los intereses españoles, injustamente tratados por un dirigente con ganas de hacerse famoso muy rápidamente. ¿De qué le han valido a Repsol las lisonjas que Zapatero ha dedicado al nacionalizador? De poco. Urge rectificar. La llamada a consultas al encargado de negocios de Bolivia en Madrid parecía inevitable, porque a estas horas sólo puede hablarse de un fracaso de la diplomacia española, sobre la que Morales ha pasado por encima. La simplista lectura realizada por el Ejecutivo socialista, que amparó al líder indigenista sólo por ser de izquierdas, choca ahora con la realidad, después de que hasta el Gobierno del izquierdista Lula da Silva haya calificado de gesto no amistoso el decreto. Tampoco parece casual que la medida llegue tras un reunión con Castro y Chávez y en un contexto tan complicado como el actual, con el precio del crudo batiendo récords históricos y cuando Irán echa un órdago nuclear al planeta. Que el trío bolivariano apoye la política delinquietante presidente iraní resulta ilustrativo. Morales ha decidido dar un paso al frente sin calcular las nefastas repercusiones que- -a tenor de las reacciones despertadas en la mayoría de las cancillerías y del previsible aumento del precio del petróleo- -esta estrategia tendrá para los bolivianos y para la economía mundial. STADOS UNIDOS tiene ante sí el reto de demostrar si es fiel a sus propios principios, que es lo que en alguna medida está planteando la población hispana con sus reivindicaciones y movilizaciones. En realidad esta situación no es nueva. Desde su fundación en 1776, los EE. UU. -primigeniamente un país de inmigrantes- -han atravesado por debates similares en los que estaban en juego los valores de igualdad de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, la capacidad de asimilación de grupos diferentes en el combinado social que compone su población. La última vez fue durante los años sesenta, cuando el movimiento Pro- Derechos Civiles logró poner fin a la discriminación que seguía pesando sobre la población negra en numerosos estados de la Unión. Aquella lucha social, distinta a esta en que la violencia fue entonces sustancial- -fue ardua, a pesar de que había transcurrido un siglo desde que la esclavitud fuese derogada y la Unión, consolidada con la derrota de los confederados en la guerra civil. De hecho, resolver el problema requirió altas dosis de constancia y responsabilidad entre sus líderes, tal y como puso en evidencia la figura de Martin Luther King. A pesar de las resistencias y obstáculos que pusieron algunos sectores de la sociedad norteamericana a la plena equiparación racial, cierto es que entonces el desenlace fue finalmente el único que podía haber sido, de acuerdo con los fundamentos igualitarios que sustentan su Declaración de Independencia. Ahora, aunque no haya un Martin Luther King hispano, ni todas las personas que solicitan ser reconocidas legalmente hayan usado a su vez los cauces legales para instalarse en el país, en el fondo de esta discusión late la misma necesidad de integrar y convertir en ciudadanos plenos a quienes han dado pruebas sobradas de que pueden comprometerse a serlo. El resultado más razonable debería ser que la comunidad supiera articular la fuerza de estas movilizaciones en el sistema de representación democrática, para intervenir en los destinos políticos de su país de adopción como ciudadanos organizados. Pero todo ha de hacerse respetando estrictamente las reglas del juego. Si las autoridades norteamericanas sucumbiesen a los cantos de sirena de los extremistas y procediesen a regularizaciones masivas, no es difícil aventurar lo que sucedería: una aceleración del efecto llamada y una multiplicación de la imagen negativa de la emigración en la mentalidad del conjunto de los ciudadanos del país. Y peor aún si detrás de estas movilizaciones hubiera otros objetivos espurios, como, por ejemplo, el intento de desestabilizar la sociedad estadounidense, como es fácil suponer que les gustaría ver a los inspiradores de esa extraña coalición que forman Cuba, Venezuela y Bolivia. Cualquiera de estas últimas opciones no haría sino perjudicar a la vibrante comunidad de origen hispanoamericano que quiere vivir en Estados Unidos.