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16 Nacional MARTES 2 5 2006 ABC (Viene de la página anterior) El hecho de que en Asturias no haya ningún partido nacionalista no anula las prisas por reformar el Estatuto (PNC) de corte peneuvista. En su hornacina simbólica tienen especial relieve los homenajes ante la estatua erigida en Tenerife a Secundino Delgado, padre de este movimiento. La decisión del fiscal del Tribunal de Cuentas de pedir a Anticorrupción que reabra la investigación por la publicidad de las pensiones durante su etapa de ministro apunta otra vez al portavoz del PP en el Congreso. El informe del Tribunal refleja una gestión irregular e ineficiente Las campañas de Zaplana TEXTO: ABC FOTO: CHEMA BARROSO Asturias y su partiu El hecho de que en Asturias no haya ningún partido nacionalista con representación parlamentaria (sólo la obtuvieron el PP, el PSOE e IU) no anula las prisas por dar empuje a la reforma del Estatuto. El futuro texto, aún en estado embrionario, ya plantea problemas fronterizos pues se temen los efectos colaterales de otro Estatuto en vías de reforma, el de Galicia, ya que el BNG ha incluido entre sus propuestas la incorporación de municipios limítrofes y propugna la normalización del gallego en las zonas que lo hablan y que no forman parte de su territorio. Entretanto, la bandera nacionalista la sigue enarbolando el Partiu Asturianista (PAS) descafeinado tras formar la llamada Unión Asturianista con la Unión Renovadora Asturiana (URAS) encabezada por Sergio Marqués, escindido del PP. El líder asturianista, Xuan Xosé Sánchez Vicente, llegó a ser diputado autonómico, pero ahora está fuera del Parlamento. Los postulados del Partiu Asturianista están colgados en el ciberespacio con el dominio as Cuando Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares hierven por los problemas que plantea la utilización o el rechazo del cat reservado para los sitios culturales oficiales en Asturias es uso común y frecuente el as ¿Cómo es posible, dadas las limitaciones que impone el SCIC, organismo internacional que administra los dominios de internet? Con astucia, se apuntan a la matrícula de American Samoa un diminuto país del Pacífico, y dan el pego de singularidad. MADRID. La decisión del fiscal del Tribunal de Cuentas de pedir a Anticorrupción que reabra el expediente informativo que cerró en septiembre de 2004 por la campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones de 2003 ha puesto de nuevo en el punto de mira las adjudicaciones del Ministerio de Trabajo cuando era dirigido por el actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. El fiscal adoptó la decisión el pasado miércoles después de conocer el informe del Tribunal de Cuentas sobre la publicidad del ministerio en los ejercicios de 2003 y 2004, en el que el máximo órgano fiscalizador del Estado considera que Trabajo hizo un uso partidista de la publicidad contratada y difundida para mejorar su imagen antes de las últimas elecciones municipales y generales. Pese a que el fiscal del Tribunal de Cuentas señala que en el contrato para la citada campaña publicitaria no hemos encontrado indicios de que existiera responsabilidad contable por parte de los dirigentes de la Administración insiste en remitir la información a Anticorrupción para que decida con una mejor comprensión de lo acontecido al número tres del partido coincide con una campaña coordinada de La Moncloa y de Ferraz para promover la división interna en el principal grupo de la oposición, etiquetando a Rajoy con el supuesto papel de moderado en contraposición a su portavoz parlamentario. Además, en el PP se tiene la sospecha de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, está detrás de lo que consideran una maniobra basada en lanzar el mensaje a la sociedad de que en el PP existen conductas poco claras. En las filas del principal grupo de la oposición se estudia estos días el camino para contrarrestar la campaña contra Zaplana. Uso partidista de la publicidad Por su parte, los socialistas y sus aliados creen que tienen en sus manos un escándalo que puede hacer daño al PP y se han lanzado contra el portavoz popular con toda su artillería. La frase que resume toda la estrategia del PSOE la pronuncian los diputados socialistas estos días por los pasillos del Congreso: Zaplana- -aseguran- -debe buscarse un buen abogado El PSOE sostiene que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado la existencia de un presunto delito de malversación de caudales públicos en la actitud del entonces ministro de Trabajo. El portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso- Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés, afirmó que esto confirma lo que todo el mundo sabía desde hace tiempo, y es que Zaplana hizo un uso partidista de la publicidad institucional para mejorar la imagen de su Gobierno y perjudicar al PSOE De todas formas, los socialistas apuntan al líder de la oposición, Mariano Rajoy. Nos sorprende el silencio de Rajoy ante este y otros elementos claros de corrupción. ¿Qué más tiene que pasar? Según Vallés, la decisión del fiscal del órgano fiscalizador demuestra que Anticorrupción no contó con toda la información necesaria cuando decidió archivar el caso en septiembre de 2004 pues no dio audiencia a los imputados ni se tuvo en cuenta la opinión de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, la cual aseguró que el procedimiento de contrato negociado sin publicidad utilizado para esa campaña no estaba debidamente justificado. Y desde IU, su coordinador general, Gaspar Llamazares, se mostró convencido de que la Justicia castigará a Zaplana. Eduardo Zaplana Campaña de 7,2 millones de euros En enero de 2003, el Ministerio de Trabajo adjudicó mediante el denominado procedimiento de contrato negociado y sin publicidad -al que concurrieron seis empresas- -una campaña de revalorización de las pensiones por un importe de 7,2 millones de euros a una agencia que presidía Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de José María Aznar. El Tribunal de Cuentas refleja en su informe que la finalidad de la publicidad, más que informar a los jubilados, fue la de ofrecer una imagen favorable al Gobierno en los meses anteriores a las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. Y concluye que las autoridades podrían haber realizado una actuación irregular e ineficiente con una finalidad distinta de aquella para la que se diseñó inicialmente la campaña, incurriéndose en tal caso en un gasto no necesario El máximo órgano fiscalizador también denuncia la vulneración de la ley en el proceso de selección del contratista, ya que los trámites de adjudicación de la campaña se hicieron en pocos días (tres para la solicitud y presentación de ofertas y uno para evaluar y adjudicar la campaña) Al día siguiente de la adjudicación comenzaba la difusión de la campaña, que se extendió El PP ve los ataques a Zaplana como un intento del PSOE de dividir al partido, y los socialistas creen que debe buscar un buen abogado desde el 15 de enero al 11 de febrero de 2003 por lo que la brevedad del plazo pudo repercutir negativamente en las empresas que participaron en la licitación especialmente si se tiene en cuenta que el promedio para la adjudicación de estas campañas es de 110 días, según señala el informe. Asimismo, tras analizar la eficacia de la campaña, el llamado estudio pos- test (que exige el propio contrato) afirma que la campaña y su lema- Dicho y hecho -presentan una doble intencionalidad la de vincular el antes con el miedo y la gestión del PSOE y el ahora con la seguridad y el Gobierno del PP. Así las cosas, se espera en las próximas semanas una dura batalla entre socialistas y populares por este asunto. El Grupo Popular en el Congreso entiende que existe una campaña de presión por parte del PSOE para condicionar la labor de oposición de Zaplana. Es más, los populares se hacen eco de que este último intento de cuestionar Otros localismos Unos por pretender diluir los máximos obtenidos por Cataluña y otros por ambicionarlos, todos terminan contaminados por gestos nacionalistas. Hasta el Partido Popular se ha sumado (por primera vez en treinta años) al manifiesto del Día de Castilla y León que cada año se lee en Villalar de los Comuneros. Mientras, en esta comunidad UPL (Unión del Pueblo Leonés) reclama la secesión de la provincia. No es nacionalista, pero sí supone un desafío al Estado autonómico. Igualmente, un histórico de la izquierda, Tierra Comunera, continúa vivo en la región.