Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES 1 5 2006 11 El PSC impone al alcalde de Barcelona un relevo de su equipo tras un mandato negro Treinta y dos personas han perdido la vida en los 23 accidentes mortales ocurridos desde el principio del puente La instrucción del caso Ballena Blanca está muy avanzada y antes del verano se habrá levantado el secreto del sumario en todas las actuaciones Si la Justicia no ha intervenido antes en el Ayuntamiento de Marbella es porque desde el punto de vista legal no ha tenido las herramientas necesarias para hacerlo Quizás haya que replantearse el catálogo de penas previstas para los delitos en materia de corrupción La Fiscalía Anticorrupción de Málaga cuenta con un grupo de investigadores, aunque lo ideal sería parecernos a la de Madrid, que es mucho más operativa que la nuestra lo suficientemente dotada para combatir y detectar fenómenos como el de Marbella? -Estamos en una situación transitoria, y por lo tanto tenemos que ser realistas y no pretender reformas y arreglos en la actual sede, pero al mismo tiempo tenemos una gran confianza en la Ciudad de la Justicia, que se está terminando y que va a estar bien dotada y satisfará nuestras necesidades. En materia de recursos humanos, contamos con un grupo de investigadores, aunque lo ideal sería parecernos a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que es mucho más operativa que la nuestra. ¿Lo ocurrido en Marbella puede servir de vacuna contra la aparición de otros fenómenos similares? -La decisión que se ha tomado de intervenir en el Ayuntamiento de Marbella es importante porque ataja de raíz la corrupción institucional. Durante los últimos años, el Consistorio marbellí ha venido cometiendo numerosos delitos, y si la Justicia no ha intervenido antes ha sido porque desde el punto de vista legal no ha tenido las herramientas necesarias ni ha contado con las medidas suficientes. Las penas previstas para los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos de funcionarios y políticos no permiten adoptar medidas como la prisión preventiva o utilizar medios de investigación más eficaces como la interceptación de las comunicaciones. Quizás haya que replantearse el catálogo de penas para los delitos en esta materia. -En la operación Malaya el juez del caso sí ha tenido las herramientas necesarias para tirar de la manta y ordenar el ingreso en prisión de los implicados... -Aquí había indicios muy claros de Juan Antonio Roca, en el momento de ser puesto a disposición judicial soborno, que comportan penas de cárcel. Pero la prevaricación lleva sólo a la inhabilitación. Es muy difícil, salvo que el caso lo requiera, que en el curso de una investigación por prevaricación un juez autorice la restricción de un derecho fundamental como es la intimidad personal y ordene intervenir la comunicación telefónica. ¿Continúa abierta o se ha cerrado ya la primera fase de la trama de corrupción inmobiliaria e institucional de Marbella? -No podemos hablar de primera o segunda fase, ya que es una medida continua. Hay aspectos que están muy avanzados y otros que hay que consolidar. Por tanto, la operación sigue abierta, y AFP El ariete de Marbella J. M. C. MÁLAGA. Juan Carlos López Caballero es uno de los funcionarios más apasionados, vehementes y trabajadores de la Fiscalía de Málaga. Su dedicación al frente del área de Delitos Económicos contra la Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Artístico le ha llevado a denunciar al Ayuntamiento de Marbella en más de un centenar de ocasiones. El 80 por ciento de sus investigaciones han sido contra políticos, y el 20 por ciento restante se refieren a particulares, empresarios, constructores y promotores de la Costa del Sol. La aplicación de sus conocimientos jurídicos ha sido fundamental para la detención de los implicados en el caso Malaya El fiscal antimafia, que nació en Sevilla en 1956, ha sido uno de los primeros profesionales en hablar de un urbanismo a la carta (los convenios que se firmaban en Marbella se ejecutaban antes de aprobarse) de cohecho en política y de delitos relacionados con el Medio Ambiente, su otra gran pasión. A través de sus escritos, expresa su vocación jurídica y su deseo de aplicar la ley. Santa Cruz de Tenerife fue su primer destino, cuando apenas tenía 25 años; Sevilla y Málaga completan un currículum profesional repleto de éxitos. Entre otros casos importantes figuran los de Belmonsa, Yeregui, Jotsa, Promotorauno, Proinsa, Turasa, Artola Inversiones, Beach Home, Moansa, Las Herreras y Lardea. Todas estas promotoras recibieron licencias ilegales, según el fiscal, aunque no se tienen indicios de que pagaran comisiones. Casado con una funcionaria del Ayuntamiento de Málaga, López Caballero tiene dos hijos. Como buen aries, es elocuente, agudo y emprendedor. En los últimos años ha investigado, entre otros asuntos, la moción de censura presentada contra Julián Muñoz; también interrogó al polémico Jesús Gil cuando estaba al frente del Consistorio y como presidente del Atlético de Madrid. López Caballero asegura que no ha recibido indicaciones ni presiones del Gobierno ni de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para poner en marcha operaciones como Ballena Blanca o Malaya con el fin de tapar polémicas políticas como la reforma del Estatuto catalán. las actuaciones, secretas. ¿Qué se puede hacer en las zonas de España que son más problemáticas en la regulación urbanística? -La mejor solución es el cumplimiento de la ley, pero habría que insistir en reforzar los mecanismos de respuesta jurisdiccional. En materia de urbanismo, los ámbitos de decisión de la administración sólo pueden ser corregidos mediante la actuación de los tribunales. -La Junta de Andalucía ha apostado por demoler el complejo por cuya edificación ha sido condenado el ex alcalde Julián Muñoz. ¿Cómo se puede restituir la realidad física alterada? -La Fiscalía no pidió en el caso Banana Beach la demolición de lo construido. A Muñoz se le condenó por prevaricación y la sentencia reconoce que la licencia fue ilegal y contraria a derecho. La restauración del orden jurídico perturbado debe articularse a través de una decisión de la autoridad administrativa. Antes de demoler, hay que indemnizar a la persona que, de buena fe, compró una vivienda o un aparcamiento. Hasta ahora, nosotros no hemos solicitado la demolición porque entendemos que, de acuerdo con la norma penal que existe en estos momentos, no es posible. Sin embargo, en la norma urbanística se contempla restablecer la legalidad. ¿Se pondrán los casos Ballena Blanca y Malaya en manos de la Audiencia Nacional, tribunal competente para investigar hechos que afectan a más de una provincia y a ciudadanos extranjeros? -No concurren los supuestos que determinarían la atribución de estos asuntos a la Audiencia Nacional y, por tanto, las causas corresponden al Juzgado de Marbella.