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18 Nacional SÁBADO 29 4 2006 ABC CORRUPCIÓN EN MARBELLA La gestora cifra en 8,5 millones el dinero para que el Ayuntamiento pueda funcionar Uno de los miembros, nombrado por el PSOE, asesoró a un alcalde que fue detenido Popular pide al PSOE que actúe como ellos lo hicieron, mientras el presidente de la gestora asegura que los dos casos no son comparables J. M. C. MÁLAGA. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, se reunió ayer con la gestora del Ayuntamiento de Marbella para analizar la situación en la que se encuentra el consistorio. Lo que debía ser uno de los primeros pasos para la normalización de las instituciones quedó finalmente empañado al conocerse que uno de los miembros de la gestora, nombrados por el PSOE, Rafael Duarte, había asesorado al alcalde de Manilva Pedro Tirado, en libertad provisional por prevaricación y cohecho por el caso Ballena Blanca De momento, y al contrario de la reacción del PP cuando se supo que el bufete de otro de los miembros de la gestora nomb El Partido brado a petición suya defendía a dos de los implicados en la Malaya no se han producido dimisiones. En cualquier caso, la reunión de ayer sirvió para que el presidente de la gestora comunicase a Zarrías que tras cuantificar los gastos corrientes del Consistorio y los ingresos, la nómina completa de los trabajadores municipales, incluyendo la Seguridad Social y las retenciones del IRPF, rondaría los 10 millones de euros al mes y sólo se generarían cinco millones de ingresos, por lo que necesitarían otros cinco millones para pagar estas nóminas. Pe- ro hay más. Los gastos inexcusables de los distintos departamentos- -mantenimiento de servicios públicos y edificios- -ascienden a otros 3,5. Al parecer, la gestora encontró una buena predisposición en el consejero de Presidencia para solucionar esta situación. En cualquier caso, la polémica del día fue la protagonizada por Rafael Duarte, miembro de la gestora. Como es lógico, el PP aprovechó la circunstancia de que fuera elegido por el PSOE para recordar a los socialistas su inmediata reacción cuando fue su partido el afectado y pidió ahora deci- siones similares. El presidente de la gestora, sin embargo, no ve tan claro el paralelismo. Diego Martín Reyes aseguró que la presencia de Duarte como vocal de Urbanismo no le genera ninguna duda Martín Reyes explicó que, a su juicio, el que cualquier profesional tenga o haya tenido muchas relaciones de muchas clases y naturaleza con alguien que después resulta imputado en unas diligencias judiciales no supone automáticamente la contaminación de ese profesional Ayer, el juez del caso, Miguel Ángel Torres Segura, decidió rechazar el recurso en el que el ex gerente de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, solicitaba su excarcelación. Torres argumenta que existe riesgo de fuga y no descarta que pudieran destruirse pruebas. También recuerda que Roca tiene varias causas pendientes, que la investigación está aún en su fase inicial y que no se ha examinado toda la documentación intervenida. El fiscal, a favor del ingreso en prisión de Muñoz El futuro del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se complica por momentos. El fiscal del caso Banana Beach por el que está condenado y podría ingresar en prisión, se opondrá a la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel tanto para él como para seis ex concejales mientras se resuelven las solicitudes de indulto y los recursos de apelación que han presentado sus abogados defensores. Las fuentes consultadas explicaron que la Fiscalía considera que el auto del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, que da cinco días a los condenados para ingresar voluntariamente en prisión, no debe paralizarse hasta que el Gobierno resuelva sobre las peticiones de indulto. También se opondrá a que se celebre un recurso de apelación en la Audiencia de Málaga al considerar que Muñoz y los ex ediles ya han sido condenados y deberían ingresar en prisión en el plazo decidido por el juez. En el caso de que Julián Muñoz acabe entre rejas será el segundo ex alcalde de la localidad costasoleña que sea encarcelado. Dado que el fallecido Jesús Gil también lo fue, los tres últimos regidores de la localidad habrían pasado por prisión. La madre de María José Campanario sale en libertad tras prestar declaración ante el juez OSCAR CHAMORRO La Guardia Civil detiene a la suegra del torero Jesulín de Ubrique por la trama de Cádiz ABC CÁDIZ. La operación Karlos de la Guardia Civil, que ha permitido poner al descubierto una trama de fraude a la Seguridad Social en Cádiz, continúa dejando un goteo de detenciones. A la importancia intrínseca de la investigación se une en este caso la aparición de personajes del papel couché, y si primero se detuvo a María Jesús Campanario, mujer del torero Jesulín de Ubrique, en las últimas horas se arrestó a Remedios Torres, madre de Campanario y suegra del diestro. En realidad, era una detención esperada y simplemente los agentes aguardaban el momento adecuado para realizarla. Remedios Torres fue arrestada el jueves y desde primeras horas de la mañana de ayer prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, tras lo cual quedó en libertad. La mujer fue detenida junto a otras cuatro personas y cinco más fueron capturadas ayer. Según las investigaciones, María José Campanario consiguió presuntamente a su madre la baja médica por incapacidad total. Ésta, después de ser detenida fue puesta en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción. Con las últimas detenciones, el número de personas que han sido arrestadas dentro de esta operación se eleva ya a veinte, de las que sólo una per- manece en prisión, mientras los restantes están en libertad con cargos, entre ellas María José Campanario. Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona podría pertenecer a una trama organizada dedicada a la concesión de incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales. Tras las primeras investigaciones se pudo constatar que esta persona contaba con la connivencia de un médico, encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas. Para ello, los beneficiarios de estas pensiones, al objeto de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la posterior pensión de invalidez, abonaban una importante cantidad de dinero, que alcanzaba los 24.000 euros, cantidad que era posteriormente repartida entre los implicados.