Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión SÁBADO 29 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LOS OBISPOS Y LA SECULARIZACIÓN INTERNA L Plan Pastoral aprobado por la Conferencia Episcopal y presentado ayer por su secretario y portavoz trata de hacer frente a un proceso de secularización que se pone de manifiesto en los más recientes informes sociológicos, ya procedan del CIS o de instituciones privadas. Conviene, sin embargo, no llegar a conclusiones extremistas: la Iglesia católica mantiene un fuerte arraigo en la sociedad española, que continúa escuchando la voz de los obispos con respeto y con interés más allá del ámbito estricto de los creyentes. El documento es realista porque, junto con un buen análisis de la realidad exterior, acepta también con valentía las responsabilidades internas. Es cierto que el contexto cultural ofrece graves dificultades en España y en el resto del mundo desarrollado. La cultura pública se aleja de la fe para dar prioridad a un humanismo inmanentista, que niega la trascendencia. Más ampliamente, predomina el punto de vista materialista sobre un enfoque espiritual de la vida individual y colectiva. Los obispos denuncian que se pierden las señas de identidad del matrimonio y la familia, no se respetan los derechos del concebido y no nacido y crecen las tendencias laicistas en materia educativa. Todo ello es muy cierto, por lo que cabe exigir con rigor a los poderes públicos el cumplimiento de los deberes respecto de los católicos que vienen impuestos por el artículo 16 de la Constitución y por los acuerdos Iglesia- Estado. Estamos en un Estado aconfesional, pero no laicista como pretenden sectores del PSOE, con evidente influencia en ciertas decisiones del Gobierno, que- -en los últimos tiempos- -intenta reorientar sus relaciones con el Vaticano y con la Conferencia Episcopal. Sin embargo, los obispos no caen en el reduccionismo de culpar a los demás de todos los males. Así, el Plan Pastoral pone énfasis en la secularización interna destacando la débil transmisión de la fe a los jóvenes y la pobreza de la vida litúrgica, así como fenómenos tan patentes como el descenso de las vocaciones o el disenso sobre determinados temas en el seno de la comunidad eclesial. La influencia de Benedicto XVI es patente en algunos puntos muy específicos, en particular en el reforzamiento del papel de la eucaristía y en la insistencia sobre la presencia activa de los católicos en la vida pública. La visita del Papa a Valencia en el mes de julio debe servir para dar mayor visibilidad a la función básica que corresponde a la familia. A su vez, el anuncio de la convocatoria para 2010 de un congreso eucarístico servirá de guía a la acción eclesial en los próximos años. El texto de los obispos españoles refleja un replanteamiento inteligente de aquello que la Iglesia puede y debe hacer para reforzar su presencia en la sociedad española. No hay que desconocer la realidad de nuestro tiempo, pero tampoco dejarse arrastrar por el peso- -más aparente que real- -de ciertas modas cuyunturales. E UNA ECONOMÍA QUE YA NO VA TAN BIEN E S previsible que el año concluya para la economía española con un crecimiento superior al 3 por ciento, conforme a lo previsto, y que el Gobierno mantenga sus previsiones optimistas para 2007 (Solbes suele decir: el 2007, bien; para el 2008, ya veremos Pero también es evidente que la fortaleza del crecimiento se resiente, que se nota fatiga y que se acumulan indicadores que revelan dificultad, que no todo el monte es orégano y que el ya veremos puede venir unos trimestres antes del 2008. Es persistente el desequilibrio de precios, la inflación, probablemente el problema más grave de la economía española. El IPC español se aleja cada año más del 2 por ciento que el Banco Central Europeo ha fijado como objetivo y al que se ajusta su política monetaria. El dato español de abril (el avanzado que conocimos ayer) mantiene el IPC anual al borde del 4 por ciento, con casi inapreciable tendencia a la baja. Los más optimistas apuntan una inflación por encima del 3 por ciento como media del año 2007 y para este año estiman un 3,8 por ciento. De esta forma, España habrá perdido en los siete años de vigencia del euro casi quince puntos de competitividad en precios, que se traducen en un severo recorte del potencial de crecimiento de la economía. Y nada se ha hecho para hacer frente a ese problema, convertido en crónico y fatal ante la indiferencia de casi todos. Buena parte de los apuros que sufre la balanza de pagos, segundo escollo en importancia, se debe a esa pérdida progresiva y constante de competitividad que estimula las importaciones y desincentiva las exportaciones. Es cierto que el desequilibrio comercial y de pagos se financia sin problemas; al menos hasta ahora. Pero la economía española carece de las capacidades de la estadounidense para compensar y mitigar ese desequilibrio. El déficit de pagos pasará factura al ritmo de crecimiento, y antes o después se presentará al cobro en forma de menos crecimiento. El empleo es el otro indicador sobresaliente de la actividad, sin duda el más elocuente y determinante, entre otras razones porque es el espejo de la realidad y del porvenir. Cuando los empresarios contratan es porque hay pedidos o expectativas de que lleguen, cuando el empleo decae ha llegado la crisis o está llamando a la puerta. Los datos de empleo que refleja la Encuesta de Población Activa dada a conocer ayer siguen favorables, pero reflejan debilidades y apuntan claros síntomas de agotamiento. Crecen todos los parámetros, los buenos y los malos: aumenta la población activa durante el primer trimestre (180.000 personas) hasta 21,35 millones; también crecen los ocupados (86.000 personas) hasta los 19,4 millones. Pero también crece el paro en 95.000 personas, lo que sitúa la tasa de desempleo por encima del 9 por ciento, una de las más bajas de los últimos treinta años, pero más alta que las de trimestres anteriores. Y crece el paro entre los jóvenes y las mujeres, los sectores más castigados por el desempleo. Y también crecen los tipos de interés de referencia, incluso antes de que lo determine el BCE; el euribor de abril se situará en el 3,2 por ciento, que coloca el precio de las hipotecas en torno al 4 por ciento, un punto más que un año atrás. Ese dato en las endeudadas economías doméstica significa un serio aviso y una clara restricción al consumo. Frente a este panorama del empleo, ni el Gobierno ni las fuerzas sociales, patronal y sindicatos, reaccionan para tomarse con más diligencia las negociaciones para la reforma laboral. Todos han asumido que van a firmar un acuerdo de mínimos, más de cara a la galería que para afrontar los problemas de fondo, que quedan aplazados para cuando las cosas vayan peor. El Gobierno confía en la inercia de esta larga fase de crecimiento y espera llegar a las próximas elecciones con carburante suficiente como para que la economía no sea un factor crítico en su contra. Pero el cálculo puede resultar equivocado, lo cual no iría sólo en su contra, sino también en la de todos los ciudadanos víctimas de esa crisis económica que nadie desea. El semáforo económico luce ámbar y puede pasar a rojo, a estancamiento o recesión. La información económica es instantánea y los agentes reaccionan para anticiparse. La última recesión, la de 1992- 93, fue aguda; el empleo se derrumbó en pocos meses, en otoño- invierno, y el PIB del año siguiente fue negativo. Si no se toman medidas a tiempo, hay razones para temer algo semejante en 2007. RUPTURA EN DEFENSA L A decisión del Consejo de Ministros, celebrado ayer, de destituir al jefe de Estado Mayor del Ejército, general José Antonio García González, a menos de dos años de su nombramiento, demuestra que el Gobierno de Rodríguez Zapatero gestionó mal y cerró de peor manera el polémico episodio protagonizado por el teniente general Mena y su discurso sobre el papel constitucional del Ejército como garante de la unidad nacional. El relevo de García González- -a quien sucederá el general Carlos Villar Turrau, hasta ayer director general de Armamento y Material- -requiere, por tanto, una explicación convincente por parte del Ejecutivo, porque las condiciones del puesto no justificarían la decisión del nuevo ministro de Defensa sólo por el criterio de mera confianza personal. La cúpula del Ejército debe gozar de continuidad y estabilidad, como corresponde a una institución no política del Estado. Por eso, el cambio tiene una gravedad objetiva y debe ser explicado en el Parlamento, pues no encaja con aquellas valoraciones reduccionistas que aplicaron tanto el ex ministro José Bono como el propio Rodríguez Zapatero a la polémica suscitada por Mena. Si realmente éste nunca expresó un sentimiento compartido en el Ejército y sus manifestaciones fueron de su exclusiva responsabilidad, el cese de García González vendría a desmentir semejante interpretación o, al menos, a dar a lo sucedido una dimensión que entonces se le negó. Por otro lado, es evidente que el relevo en Defensa va a ir acompañado de una ruptura con la etapa de José Bono, confirmándose así las inocultables diferencias de criterio que mantenía con su sucesor, José Antonio Alonso. Otra de esas diferencias, la gestión del general Gómez Arruche, se ha zanjado con su cese al frente de la Guardia Civil. Lo que está saliendo a la luz es una clara discrepancia en el seno del Ejecutivo sobre la forma en que se ha dirigido el Ministerio de Defensa, y esta evidencia requiere explicaciones. Cabe esperar que el Gobierno asuma con inteligencia y tacto- -sin merma alguna del principio de subordinación- -la responsabilidad política que le corresponde en la dirección del Ejército y no abra una etapa de desestabilización, que acabe transmitiendo desconfianza o inseguridad al estamento castrense.