Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC VIERNES 28 4 2006 11 ERC desoye el clamor de sus bases a favor del no y pide el voto nulo al nuevo Estatuto catalán La Guardia Civil encuentra en Almería el cadáver carbonizado de una mujer embarazada LA HISTORIA COMO ARMA ARROJADIZA MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Diputados de IU y el PSOE aplauden al finalizar el Pleno. Guerra no lo hizo abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra memoria histórica, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de afrontar nuestro futuro de convivencia. Hoy resulta así oportuno recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en España, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a quienes lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y de derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos se señala en la enmienda transaccional que será aprobada, finalmente, en la Cámara Alta. En cambio, el PP propuso que, cuan- EFE do se cumplen setenta años desde el comienzo de la Guerra Civil, se hace necesario recordar el indiscutible papel de la Constitución de 1978 como instrumento y símbolo de la reconciliación entre los españoles Esta conmemoración debe ir unida inextricablemente al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la división y el enfrentamiento entre españoles. En este sentido, toda iniciativa que se lleve a cabo, sobre todo en el ámbito local, debe recibir el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil uede que a algunos les cueste creerlo, pero son ya muchos años los que los historiadores españoles llevan dedicados al estudio de la historia política de la España contemporánea. La Segunda República, como la Guerra Civil, ha ocupado un lugar privilegiado de esa exhaustiva, aunque no siempre provechosa, investigación. Y todo, porque fue entonces cuando, una vez abortada la única vía que habría podido suponer un tránsito gradual del liberalismo a la democracia- -la monarquía constitucional de la Restauración- y después de siete años de lamentable dictadura militar, los españoles vivieron una convulsa y aleccionadora experiencia de democratización que terminó trágicamente. La República fracasó, y lo hizo no porque acabara en una guerra civil, sino porque durante sus cinco años de existencia fue incapaz de convertirse en el régimen político de todos los españoles, en una democracia liberal que asegurara la alternancia pacífica a través de las urnas. La Constitución aprobada en diciembre de 1931, tanto por su diseño como por su desarrollo inmediato, no pudo ser ese conjunto de reglas del juego en torno a las que diferentes opciones ideológicas vieran posible la competición electoral y el ejercicio del gobierno. Fue, por tanto, una democracia fallida, diseñada para asegurar que unos cuantos, no todos, pudieran llevar a cabo una transformación radical del país, una revolución pacífica pero que conllevaba la exclusión de todas aquellas opciones ideológicas que no compartieran esos propósitos de cambio radical. Muchos años después, la Transición a la democracia, lejos de ignorar nuestra Historia, se basó en una conciencia clara y firme de que no podían cometerse nuevamente los P errores del pasado, incluidos los del proceso constituyente republicano de 1931. Los protagonistas de aquellos años sabían que la democracia liberal no necesita de ninguna memoria histórica oficial, que si los historiadores difícilmente iban a ponerse de acuerdo en las causas de la quiebra de la Segunda República, ningún sentido tenía que el parlamento votara cuál era la interpretación histórica correcta. Los fundamentos de la legitimidad de una democracia liberal no residen en la interpretación del pasado que apruebe un legislativo, y menos aún si el recuerdo y el análisis de ese pasado dividen profundamente a sus ciudadanos. Todos los gobiernos de nuestra actual democracia, a pesar de ciertas decisiones menores, habían comprendido ese mensaje. Sabían, además, que la fortaleza de la democracia no residía en la posibilidad remota e innecesaria de que todos los diputados fueran a ponerse de acuerdo en los motivos por los que los españoles acabaron matándose, unos a otros, en una guerra civil. Hoy, la situación parece haber cambiado y sólo se me ocurre una explicación para esta renovada obsesión con el pasado, para este sorprendente deseo de vincular la democracia de 1978 al régimen de la Segunda República: la voluntad de restar legitimidad al adversario y, llegado el caso, pasar a considerarle como un enemigo. Mal camino. Una prueba, además, de que la Transición que muchos creyeron modélica- -algunos todavía seguimos creyéndolo y argumentándolo- despertó muchos más enemigos de los que habíamos imaginado. Quizá sea porque aquella, gracias a enormes sacrificios y renuncias, quiso, ante todo, evitar la exclusión y hacer posible la alternancia pacífica en el gobierno.