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18 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA MIÉRCOLES 26 4 2006 ABC Recurren un auto que une 14 delitos de Muñoz en un solo procedimiento J. M. C. MÁLAGA. La Fiscalía malagueña ha recurrido un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella que une 14 causas por delitos urbanísticos en un solo procedimiento judicial contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz y otros seis ex concejales del GIL, imputados en delitos urbanísticos. El fiscal entiende que no se pueden unir los mencionados procesos debido a que el más antiguo es de 1997 y ya se ha finalizado su instrucción y está pendiente de señalar la fecha del juicio, mientras que en otros posteriores no se ha determinado quiénes formaban la Corporación que votó a favor y, por tanto, no se han concretado las imputaciones. Para el fiscal, la unión de todas las causas ocasionaría un enorme retraso en los procedimientos que ya se han instruido y están pendiente de señalar juicio. Todas las causas se deben a delitos de prevaricación urbanística, tras conceder licencias de edificación en zonas verdes, espacios libres, equipamientos públicos o suelo no urbanizable, según el auto. La acusación pública entiende que no hay conexidad entre los delitos, pese a que el juez mantiene que sí, ya que el bien jurídico lesionado en todos los casos es el mismo, la legalidad urbanística de Marbella. El instructor considera que los imputados son prácticamente los mismos y que todos actuaron con la misma intencionalidad delictiva, infringiendo el PGOU legalmente vigente y con el mismo modus operandi Los ediles autorizaron presuntamente la concesión de licencias urbanísticas por unanimidad de todos los miembros presentes en las comisiones de gobierno. Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local de Marbella, de baja, tuvo que declarar ayer como imputado en otro caso EFE Detenidos el presidente y vicepresidente de autobuses Portillo por cohecho El gerente de la empresa fue arrestado al inicio de la operación Malaya documentación intervenida por la Policía se han hallado pruebas de que ordenaron pagos para conseguir adjudicaciones en servicios de transporte C. MORCILLO J. M. CAMACHO MADRID MÁLAGA. Primero cayó el gerente de autobuses Portillo, Julio de Marco, quien quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros, y ahora casi un mes después le han seguido el presidente y vicepresidente de la empresa que explota las estaciones de autobuses de Marbella y La Línea de la Concepción y cuenta con 58 líneas. Joaquín M. V. y José María P. L. fueron detenidos ayer por la Policía en Madrid, acusados de un presunto delito de cohecho en el marco de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí. Hasta el momento ya han sido detenidas 27 personas, según informó la Dirección General de la Policía. El juez instructor ordenó las detenciones a la vista de la documentación intervenida e incluso de alguna declaración previa que atribuye a los dos directivos supuestos pagos para conseguir adjudicaciones en servicios de transportes, según explicaron fuentes de la investigación. Los dos máximos responsables de Portillo ocupan cargos ejecutivos (directores generales) en el organigrama de transporte de viajeros de una de las principales constructoras de España. La marca para la que trabajan atiende el transporte urbano en diez ciudades y el interurbano de la Costa del Sol. b En la Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ha decidido prorrogar la situación de prisión para la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, como adelantó ABC el pasado 18 de marzo. Torres denegó ayer la petición de libertad de la ex regidora, encarcelada desde el 1 de abril, por riesgo de fuga y porque la instrucción está en su fase inicial. El abogado de Yagüe, Pablo Luna, presentó el 10 de abril un escrito en el que solicitaba su excarcelamiento argumentando que los delitos que se le imputan no eran tan graves como pa- ra que continuase en prisión y que difícilmente podría obstruir la acción de la justicia. Ninguno de los argumentos del letrado han convencido al juez. Por otra parte, el jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, relevado del cargo por baja médica al sufrir una depresión, tuvo que volver ayer al juzgado. Lo hizo como imputado ante el juez de Instrucción número 4 por un presunto delito de vulneración de la libertad sindical, informó su abogado en esta causa, Francisco Cobo. Del Pozo se encuentra en libertad provisional tras abonar 20.000 euros de fianza por el caso Malaya La Seguridad Social ejercerá la acusación particular para cobrar una deuda de 177 millones C. M. MADRID. La Tesorería General de la Seguridad Social se ha personado como acusación particular en las diligencias contra el Ayuntamiento de Marbella. El Consistorio adeuda a la Seguridad Social la cifra de 177 millones de euros, el 80 por ciento de la deuda de todos los ayuntamientos españoles a la Tesorería, según fuentes del Ministerio de Trabajo. De esa cantidad, casi un 55 por ciento corresponde a cotizaciones de la coroporación municipal no pagadas y el resto a deuda por el mismo concepto de empresas municipales de Mar- bella. La Seguridad Social se ha personado no sólo en el Juzgado de Instrucción de Marbella, sino también en los Centrales número 2 y 6 de la Audiencia Nacional. Según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento no ha pagado ni una sola cuota de sus trabajadores desde que Jesús Gil llegó al Consistorio marbellí en 1991. El abogado del Estado ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en el que explica que hay una relación causaefecto entre los hechos investigados por su titular y el perjuicio a la Segu- ridad Social por la actuación de la empresa municipal Cactus Enterprises, que ha contado con el consentimiento del Ayuntamiento de Marbella. Esa empresa encargada de la retirada de vehículos mal estacionados tiene una deuda con la Tesorería de más de 500.000 euros por no pagar las cotizaciones entre 2002 y 2005. Antes del encarcelamiento de los responsables municipales marbellíes, la Inspección de Trabajo ya puso en marcha un expediente contra la empresa citada, que acabó en una resolución de Trabajo (6 de marzo pasado) en la que se declara al Ayuntamiento responsable solidario de los impagos de la empresa Cactus. Según el letrado, la Corporación marbellí ha vulnerado la prohibición de contratar con compañías que defrauden a la Seguridad Social. Pero es que el propio Ayuntamiento lleva años haciendo lo mismo.