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4 Opinión MIÉRCOLES 26 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL VALOR DE CUATRO MILLONES DE FIRMAS L DIPLOMÁTICOS PRESELECCIONADOS E acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración pública debe servir con objetividad a los intereses generales. Para ello, es imprescindible el pleno respeto al derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad, y la selección basada- -de forma exclusiva- -en los principios de mérito y capacidad. Desde este punto de vista, resulta muy preocupante la información que hoy publica ABC en relación con las próximas oposiciones para el ingreso en la carrera diplomática. Ante todo, por el factor sorpresa introducido en una convocatoria de 35 plazas, en la que se modifican dos tercios del programa anterior y se otorga a los aspirantes un plazo muy breve, alrededor de dos meses, para adaptar sus conocimientos a las nuevas exigencias. Como es notorio, la desagradable sorpresa que ha causado esta decisión entre los candidatos merece un severo reproche desde la perspectiva de la seguridad jurídica, principio proclamado también al más alto nivel constitucional. La sorpresa se transforma en perplejidad cuando se analiza el contenido del programa. La historia sólo existe al parecer desde el siglo XIX, a partir del Congreso de Viena y de la independencia de las repúblicas iberoamericanas. No hay temas sobre la Antigüedad Clásica o la Edad Media, ni siquiera sobre la Edad Moderna, en la que el protagonismo de España como potencia internacional era evidente. Así, nuestros futuros diplomáticos no necesitarán saber nada acerca de los Reyes Católicos, de Carlos V o de Felipe II. Tampoco deberán estudiar el Tratado de Utrecht, con lo cual queda garantizado su desconocimiento sobre los orígenes del problema de Gibraltar. Se echan también de menos otras referencias imprescindibles para entender la sociedad internacional contemporánea. Por ejemplo, apenas hay una alusión indirecta a la OTAN, la organización internacional más importante en materia militar. Será tal vez porque el autor del programa considera que va a ser en el futuro una cuestión secundaria. Entre las novedades, hay algunas francamente sorprendentes. Bajo el rótulo genérico de Sociología se encubre un cajón de sastre que incluye cuestiones tan variadas como la igualdad de género o el estudio de las civilizaciones. En este último caso, es llamativa la presencia de un epígra- D fe concreto sobre la Alianza de Civilizaciones que a día de hoy es más una ocurrencia presidencial (impulsada con desigual fortuna desde el Ministerio) que un concepto científico arraigado entre los estudiosos de las relaciones internacionales. Entre otros ejemplos, podría añadirse la recuperación de un tema sobre el sistema político suizo, como si la Confederación Helvética se apuntara como un modelo de organización territorial que dará que hablar entre nosotros próximamente. Asimismo, no resulta lógico que se hablara al más alto nivel hace algún tiempo de quitar importancia al ejercicio de idiomas, que es fundamental- -por razones obvias- -para trabajar en el servicio exterior. Lo peor de todo, a juicio de muchos sectores, es la sospechosa coincidencia de un programa que rompe todos los precedentes con el contenido de un máster impartido en los últimos tiempos en la Escuela Diplomática, con un protagonismo especial a cargo de profesores vinculados con la Universidad Carlos III. Parece que entre todos los centros, Exteriores ha optado sin pudor por dar preferencia a la formación que se imparte en la universidad cuyo rector es Gregorio Peces- Barba. Como es lógico, los alumnos que se matricularon en dicho máster cuentan ahora con una notable ventaja sobre el resto de los aspirantes. La interferencia de criterios ideológicos es intolerable a la hora de buscar a los candidatos más adecuados, porque una vez ganada la plaza estos funcionarios habrán de servir al interés general durante toda su carrera, sin que puedan quedar marcados por la sospecha del favoritismo. En realidad, este cambio radical- -que anula toda la metodología tradicional que se ha venido utilizando para seleccionar al personal que accede a la Carrera- -forma parte de la misma política rupturista puesta en marcha por el Ejecutivo socialista en la acción exterior. Ahora se cambia de arriba abajo el temario, lo mismo que nada más llegar al poder se buscó como socios preferentes a países como Venezuela, Cuba o Marruecos, mientras se arrinconaba a aliados y socios tradicionales. Si hay algo que no precisa de vaivenes ni zarandeos es la política exterior de un país, que ha de tener unas líneas maestras continuistas, pues son esos los raíles por donde suele discurrir la credibilidad de un Estado y su mejor progreso e influencia mundial. OPA, LA TERCERA EN LA FRENTE A aprobación ayer sin condiciones por la Comisión Europea de la opa de E. ON sobre Endesa deja al Gobierno de Rodríguez Zapatero sin argumentos de peso para vetarla. Además, Bruselas abrirá el próximo día 3 de mayo un procedimiento de infracción contra España por la aprobación por el Ejecutivo, cuatro días después de la opa de la empresa alemana sobre Endesa, del controvertido decreto que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, por el que se le otorga poderes para que ésta examine esta opa. La Comisión advierte, además, de que estará vigilante de las actuaciones en España sobre la operación. Decisiones que ponen en claro las interferencias desde el Gobierno en todo el proceso de la opa de Gas Natural sobre Endesa, como evidencia también el propio Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el pasado viernes el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó con veinte condiciones la opa de Gas Natural sobre Endesa, en contra del criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia. Suspensión que se suma a la dictada por el Tribunal de lo Mercantil de Madrid. Corres- L ponde ahora a la CNE examinar la opa de E. ON después de haber presentado en 22.000 folios la documentación requerida. Una oferta por 29.000 millones de euros, competidora de la de Gas Natural, que ofrece 22.000 millones. Según Bruselas, la opa de E. ON no obstaculiza de forma significativa la competencia en el mercado europeo, ya que Endesa y la empresa alemana sólo compiten de forma limitada en Francia, Alemania, Italia y Polonia. Constata no obstante el carácter predominantemente nacional de los mercados energéticos de la UE que achaca a los diferentes grados de liberalización, las barreras reguladoras y la falta de capacidad de interconexión europeos La propia comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, denunció ayer la aparente tendencia de algunos gobiernos a interferir contra este tipo de operaciones en el sector energético y financiero Pretende Bruselas dar vía libre a la creación de grupos europeos fuertes, lejos de la teoría de los campeones nacionales. En esta situación, no es descartable un acuerdo entre los actores de este enrevesado cruce de opas. A cifra de firmas recogidas por el Partido Popular- -más de cuatro millones- -para apoyar su propuesta de referéndum sobre la continuidad nacional de España y de los principios de igualdad y solidaridad sólo permite calificar la iniciativa como un gran éxito de movilización y respaldo ciudadano. Aunque sea seguro que el Gobierno no atenderá la petición de celebrar esa consulta, Mariano Rajoy, que ayer presentó esas firmas, junto con su proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados, ha alcanzado el objetivo político de demostrar que la oposición de su partido tanto al proyecto de Estatuto para Cataluña como a la reforma encubierta del modelo de Estado es compartida por una gran parte de la sociedad española. Es un error absoluto que el Gobierno haga cuentas y conteste al PP diciendo que le falta el 60 por ciento de sus votantes Es un error porque prejuzga que todos los firmantes son votantes del PP y también porque desprecia el dato esencial de que el voto es secreto y no compromete, mientras la firma identifica públicamente al ciudadano. Y esto es lo que debería valorar con mayor respeto el Gobierno: los millones de ciudadanos que han hecho explícita su oposición a la deriva que ha tomado la política territorial del Ejecutivo socialista. No hay antecedentes de una respuesta popular de semejante dimensión. La política de alianzas del Gobierno socialista con los nacionalismos y su traducción en un movimiento de confederalización del Estado han provocado una partición en la sociedad española. El temor al desmantelamiento competencial y financiero del Estado, así como a la desaparición política de la Nación española, es un sentimiento mayoritario entre los ciudadanos. Y a esto se debe el éxito de la iniciativa del PP. Ciertamente, España no se va a romper al día siguiente de que se apruebe el nuevo Estatuto para Cataluña, pero entonces se estará más cerca que nunca de que el Estado español implosione y de que la Nación española deje de tener un contenido político de soberanías, derechos y libertades. Y cabe temer que dentro de otros tantos años, o antes, se planteen nuevos y definitivos saltos en la segregación de la estructura constitucional de España. Las bases ya están puestas. Además, el tiempo está dando razón a quienes denunciaron el nuevo Estatuto de Cataluña como el banderazo de salida para una subasta de identidades nacionales. Andalucía ha sido la primera prueba. Sin embargo, esta situación llegará en un momento crítico, cuando se plantee la viabilidad política y financiera del Estado. Quizá sea entonces cuando en España sea inevitable una reforma constitucional, en los términos anunciados por el PP y como la que se ha pactado en Alemania, donde el Estado federal y los estados federados han asumido la necesidad de reforzar los instrumentos políticos de cohesión nacional. El mal español continúa siendo no aprender en cabeza ajena y seguir por caminos que otros, con más experiencia, han abandonado.