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4 Opinión LUNES 24 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil INMIGRACIÓN DESDE IBEROAMÉRICA L MARAGALL SE HACE SOBERANISTA ASQUAL Maragall extendió ayer, en el día de San Jorge, la certificación política de inconstitucionalidad del proyecto de Estatuto para Cataluña al afirmar que ha sido fruto del pacto entre la representación de la soberanía popular catalana y la representación de la soberanía popular española Con semejante afirmación, Maragall liquida su proceso personal de absorción nacionalista mediante la adopción de un lenguaje y de una actitud ante el autogobierno que compiten directamente con el independentismo de Esquerra Republicana de Cataluña. Puede que la intención de Maragall sea atraer a ERC al voto favorable en el referéndum, pero hacerlo a costa de transmutarse en un peón del soberanismo es una manera de poner al descubierto a su propio partido y a quienes, desde Madrid, le han patrocinado en esta aventura. La sinceridad de Maragall es la misma que la de los nacionalistas que ven en el nuevo Estatuto para Cataluña un acto de soberanía. Y este planteamiento, por sí mismo y al margen de cualquier futura decisión del Tribunal Constitucional, contraviene la letra y el espíritu de la Constitución, pero, al mismo tiempo, y esto es lo grave, resulta ser una interpretación legitimada por el contenido del texto estatutario. La diferencia entre Maragall y los nacionalistas catalanes, por un lado, y el PSOE y el Gobierno central, por otro, es que aquéllos no tienen reparo en sincerarse ante los catalanes acerca del fundamento soberanista del nuevo Estatuto, mientras éstos se afanan en minimizar ante el resto de la sociedad española la dimensión nacionalista, insolidaria y agraviante del texto. Ha tenido que ser, precisamente, un socialista el que encarne mejor que nada y que nadie el fracaso del apaciguamiento del nacionalismo mediante políticas de concesiones sin reciprocidad. El pacto entre soberanías, al que aludió ayer Maragall, es la semilla para un reguero de conflictos constitucionales y de demandas nacionalistas crecientes, porque el proyecto estatutario, lejos de calmar las ambiciones soberanistas en Cataluña, las P ha exacerbado, tanto por lo que supone de refuerzo al nacionalismo, como por lo que implica de debilitamiento del Estado para afrontar nuevas presiones en el futuro. Ninguna razón habrían de encontrar los nacionalistas para frenar sus aspiraciones cuando el actual escenario político, fruto en gran parte de sus reivindicaciones, les sirve ya de catapulta para incrementar sus demandas al Estado. Sin embargo, la aportación decisiva al optimismo del nacionalismo catalán por lo que han obtenido, pero, sobre todo, por lo que creen que podrán obtener a corto o medio plazo, no consiste en la desubicación política de Maragall, sino en la facilidad con que ha conseguido sumar al socialismo español a una política que centrifuga el Estado y parcela la nación, con todo lo que esto supone de abdicación de la identidad socialista. Que tal situación es exponente de un problema esencial para el PSOE, y no meramente accidental, se demuestra con la exportación a Andalucía de la rifa identitaria inaugurada con el nuevo Estatuto catalán, confirmando así la grave sospecha de que estas reformas estatutarias esconden- -aunque ya no tapan- -una revisión encubierta del modelo constitucional del Estado y de España. Pasqual Maragall es, por tanto, el síntoma de males mayores y no el único culpable, aunque sea fácil ahora para el PSOE convertirlo en chivo expiatorio de sus propios errores. Maragall expresa el mal de una clase política en Cataluña que, a excepción del PP, ha abandonado el sentido de la prudencia y la moderación para ofrecer no sólo un modelo nacionalista de autogobierno, sino también un modelo social sectariamente de izquierda. Es también la prueba- -no precisamente la primera ni la más reveladora- -del fracaso de toda declinatoria ante el nacionalismo. Y, por supuesto, revela la profunda crisis de valores de la izquierda española, convertida en acelerador de movimientos nacionalistas que aceptan de buen grado cambiar la crisis del modelo de Estado por un pacto de poder político a largo plazo. VIVIENDA, PROBLEMA CRÓNICO C ON cierta improvisación, José Luis Rodríguez Zapatero incorporó a su programa electoral la promesa de crear un Ministerio de la Vivienda como bálsamo para afrontar el problema de los elevados precios inmobiliarios. Era una ocurrencia no suficientemente madura que, cuando llegó al Gobierno, puso en práctica nombrando para la nueva cartera a una persona que, dos años después, no ha logrado ninguno de los objetivos previstos. María Antonia Trujillo, al frente de un Departamento incapaz por su propia estructura y naturaleza de hacer frente al problema de la carestía de la vivienda, es hoy la ministra peor valorada del Gabinete, lo que pone de manifiesto que, en términos de opinión pública, su gestión es calificada de deficiente. La relevancia del problema debería haber conducido a José Luis Rodríguez Zapatero a un asesoramiento más riguroso sobre la materia y a encargar esa gestión a una persona más avezada. No fue así, y el problema, lejos de encauzarse, parece haberse hecho crónico ante la impotencia de un Ministerio sobrepasado, atrapado en sus propias contradicciones y sin instrumentos a su alcan- ce para poner remedio a la situación. A los dos años, sigue inédito en resultados y fértil en despropósitos. El Ministerio pretendía dar cumplimiento a la promesa electoral de 180.000 viviendas de protección oficial, compromiso que en sí mismo era inadecuado, pues el problema central no está en la cantidad de viviendas. Ahora el Gobierno tiene comprometido un plan, con una inversión de más de 6.000 millones de euros, para promover esas 720.000 actuaciones (concepto tan novedoso como equívoco) de venta, alquiler y rehabilitación, destinadas fundamentalmente a familias sin recursos y especialmente a jóvenes. No parece probable el éxito de la iniciativa gubernamental. Se ha invertido mucha palabrería y promesas, pero se han alcanzado muy pocas realidades tangibles. El Ministerio de la Vivienda tiene pocas competencias, pues casi todas están transferidas, y se ha equivocado a la hora de aplicar soluciones, como ha quedado acreditado con la creación de la Empresa Pública de Alquiler, cuyo funcionamiento, hasta ahora, resulta especialmente insignificante. Pocas veces una promesa electoral dio tan pocos y tan estériles frutos. A estabilidad social y política de los países iberoamericanos es, por razones evidentes, una cuestión de máximo interés para los españoles. ABC ha informado sobre un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) organismo adscrito a Naciones Unidas, según el cual el número de emigrantes en la región alcanza ya los veinticinco millones de personas, frente a los once millones contabilizados a principios de la década anterior. Las razones de fondo son tan sencillas de diagnosticar como difíciles de resolver: inseguridad, desempleo crónico y fracaso de los sistemas económicos y financieros conducen al deterioro radical de las clases medias. El caso de Argentina resulta particularmente significativo. No sólo porque ha pasado de ser un faro de atracción para gentes del mundo entero (incluidos muchos miles de españoles) a producir una emigración masiva de ciudadanos que huyen de una crisis endémica, sino también por su incapacidad para asumir a los trabajadores que llegaron de los países vecinos en tiempos de bonanza. En un clima social marcado por la corrupción y la economía sumergida, saltan a la luz datos lamentables sobre la explotación inhumana de bolivianos (llamados despectivamente bolitas sobre todo en el sector textil, en la construcción y en el servicio doméstico. A su vez, los movimientos migratorios desde los países centroamericanos y del Caribe crecen sin cesar, dando lugar a que la frontera entre México y Estados Unidos se considere la más transitada del mundo: doscientos millones de personas la cruzan cada año, además de los ilegales cuya situación no ha podido ser regularizada por discrepancias políticas en el Senado de Washington. El drama humano se reproduce día tras día en una zona marcada por la violencia, las olas de calor e incluso el resentimiento histórico. Los hispanos son ya- -con diferencia- -la principal minoría étnica en el país más rico del mundo y los demógrafos calculan que, para 2050, representarán casi un 25 por ciento de la población. Su presencia en la vida pública se ha hecho patente hace poco a través de manifestaciones multitudinarias. No existen soluciones fáciles para problemas de tanta complejidad. No basta con reclamar desde los países ricos una política expeditiva de orden público, ni, a la inversa, con exigir una regularización permanente de los ilegales y el acceso a derechos sociales que desequilibran sin remedio cualquier previsión presupuestaria. Hay que luchar con firmeza contra las mafias explotadoras, tanto en los países de origen como en los de destino, y contra los empleadores sin escrúpulos. Debe exigirse a los gobiernos implicados una intensa colaboración en favor de las personas de buena fe, que se ganan la vida con su esfuerzo y contribuyen decisivamente al desarrollo del país en el que trabajan y también del suyo propio, mediante fuertes remesas de divisas. El desafío principal es, por supuesto, promover el desarrollo socioeconómico, desplazando al populismo y reforzando los sistemas democráticos y el imperio de la ley.