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50 Sociedad EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DE DEPENDENCIA SÁBADO 22 4 2006 ABC (Viene de la página anterior) Niveles de protección. La ley contempla un nivel mínimo de protección y cobertura para las personas dependientes que será igual en todo el territorio y estará sufragado por la Administración General del Estado. Aparte, existirá un segundo nivel de protección que podrá acordar el Gobierno con cada comunidad mediante convenios. En este caso se tratará de un régimen de cooperación y la financiación se realizará al 50 por ciento entre ambas administraciones. Por último, el tercer nivel de protección adicional podrán desarrollarlo las propias autonomías para sus ciudadanos. Financiación. Para sufragar el coste del Sistema Nacional de Dependencia deberán colaborar todas las administraciones públicas y los propios usuarios. La Administración General del Estado y las comunidades aportarán las mismas cantidades. Se prevé que es necesario realizar una inversión de unos 12.600 millones de euros a lo largo de los próximos ocho años, un montante que deberán igualar también las autonomías. De tal modo que, cuando en 2015 la red esté a pleno rendimiento, supondrá el 1 por ciento del PIB, es decir unos 4.000 millones de euros al año. Esto significa que las administraciones públicas invertirán 375 euros al mes por persona dependiente. Para llegar a esas cantidades globales también deberán colaborar los usuarios. Se calcula que de forma general aportarán el 30 por ciento del coste total del sistema (es decir, de los 4.000 millones de euros anuales) A nivel individual cada beneficiario contribuirá- de forma progresiva especifica la ley- -en el coste del servicio que utilice en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta tanto su renta como su patrimonio. Por tanto, cada uno pagará un porcentaje diferente. Sin embargo, todavía no se ha establecido el baremo y los criterios que se aplicarán para fijar quién paga y cuánto. Esta será una tarea de la que se ocupará en los próximos meses el Consejo Territorial y que tendrá su desarrollo reglamentario. No obstante, el ministro de Asuntos Sociales aseguró ayer que ningún usuario quedará fuera del sistema por falta de recursos económicos. Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. Estará integrado por representantes de diferentes ministerios y de comunidades autónomas. Tiene un gran trabajo por hacer durante los próximos meses, ya que se encargará de fijar, por ejemplo, la cuantía de las prestaciones económicas que se podrán conceder, el baremo para establecer quién es o no dependiente y en qué grado, el porcentaje que pagará el usuario... Multas. La ley prevé sanciones e infracciones para proteger a las personas dependientes. Las multas van desde 300 a un millón de euros. El PP exige al Gobierno que incluya en la ley el dinero para su puesta en marcha CiU presentará una enmienda a la totalidad a un proyecto que califica de fiasco b Los mayores piden al Gobierno que establezca con rapidez el baremo que establecerá el grado de dependencia y el importe que tendrá que pagar cada persona R. B. MADRID. El abanico de reacciones provocado por la aprobación de la ley de dependencia osciló ayer entre la satisfacción y el descontento pasando, sobre todo, por la cautela. El Partido Popular exigió al Gobierno que incluya la financiación del Sistema Nacional de Dependencia en el texto de la ley y no en una memoria económica, como está previsto hacer. La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, resumió con claridad la posición de su partido: Compartimos los objetivos de la ley, pero no su redacción en tres aspectos: los servicios nuevos que presta, cómo los va a llevar a la práctica y con qué dinero los va a sostener Así, insistió en que lo primero que hay que definir es el derecho básico, no mínimo, que van a tener las personas beneficiarias de esta ley y pidió que se recoja una prestación universal para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. Además, agregó que piden una cartera de servicios básica definida de forma clara para que se sepa, por ejemplo, si una persona con alzheimer tendrá derecho a una cama en un hospital o no. En la valoración política de la norma, Pastor señaló que el Gobierno tiene amnesia total si no reconoce que puede elaborar un sistema nacional de dependencia por el superávit de la Seguridad Social que dejó el PP en 2004 de 15.000 millones de euros. La diputada popular tampoco quiso dejar pasar la ocasión de reprocharle al Ejecutivo que ponga color político a la norma diciendo que es de izquierdas porque sólo será una buena ley cuando cuente con el apoyo de todos, porque la financian todos los españoles En este sentido, reiteró su ofrecimiento para mejorar el texto en el Parlamento, especialmente en lo relativo a su financiación. Una persona dependiente es atendida por una enfermera JAVIER PRIETO Los sindicatos, vigilantes Cautela también desde el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO. que advierte que el proyecto de ley no garantiza un Sistema Nacional de Dependencia profesional y de calidad. Uno de los principales valores de esta ley es la creación de más de 350.000 puestos de trabajo, que queremos que sean de calidad y cualificados y en buenas condiciones laborales señaló su responsable de Política Social, Pura García. Así, anunció que CC. OO. estará vigilante para que se establezca un modelo basado en servicios profesionales y no en las familias. UGT manifestó que espera un amplio apoyo parlamentario a una ley que cumple una de las reivindicaciones históricas del sindicato y recoge los criterios de financiación establecidos en el acuerdo entre sindicatos y empresarios. Asimismo, afirma que el proyecto introduce una participación más extensa de las entidades locales, dada su importancia en la implantación del sistema al ser las de mayor proximidad al ciudadano. Desde el sindicato USO, se exige que la futura ley fije con claridad los contenidos mínimos exigibles con independencia del lugar de residencia del beneficiario. puesta se remita al Congreso sin consenso con las comunidades autónomas y sin acuerdo con los representantes de colectivos de personas mayores y discapacitados por lo que augura que si ello no se corrige en la tramitación parlamentaria, su puesta en marcha será un fiasco Por todo ello, el grupo catalán anunció que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley con texto alternativo. Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) el visto bueno dado ayer por el Consejo de Ministros fue recibido con esperanza pero con cautela ante las dudas sobre cómo se aplicarán los baremos y cuánto tendrán que pagar exactamente los beneficiarios. Inquietud entre los jubilados El presidente de los pensionistas, Luis Pindado, consideró que hay que pulir aspectos como la aceleración de la creación del Consejo Territorial y del Plan Integral de Acción, que calificó de imprescindibles para poner el sistema en funcionamiento. Pindado llamó la atención sobre la necesidad de elaborar con rapidez el baremo que establecerá el grado de dependencia de cada persona. La elaboración del baremo y la creación de los órganos de valoración son unas de las cosas que más nos preocupan a los mayores señaló y añadió que es necesario saber cuál va a ser el importe que van a tener que pagar los usuarios Conocemos que será en función de su renta personal, pero desconocemos la cuantía exacta y es algo que también nos inquieta concluyó. Intromisión en el Estatuto Más descontento se mostró el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, quien denunció que el proyecto de ley de dependencia ignora las competencias exclusivas que el nuevo Estatuto de Autonomía otorga a Cataluña en materia de servicios sociales Campuzano dijo que CiU se opone al texto por entender que no clarifica la aportación del Estado para cubrir las prestaciones y no garantiza la libertad de elección de las personas en situación de dependencia ni una suficiente protección a las familias con parientes dependientes a su cargo Asimismo, lamentó que la pro-