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ABC SÁBADO 22 4 2006 49 Sociedad El cardenal Martini considera aceptable el uso del preservativo como un mal menor Los usuarios aportarán tres de cada diez euros del Sistema Nacional de Dependencia La contribución de cada beneficiario se determinará en función de su renta y patrimonio b El proyecto de la ley de depen- dencia, aprobado ayer en Consejo de Ministros, atenderá a más de un millón de personas que no pueden valerse por sí mismas M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. Una verdadera revolución que se anticipa al futuro Así definió ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el proyecto de ley de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia nada más ser aprobado por el Consejo de Ministros y que previsiblemente entrará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario. Con esta norma se da paso a la creación del Sistema Nacional de Dependencia, el cual se pondrá en marcha progresivamente a partir del 1 de enero de 2007 hasta su total implantación en 2015. La red atenderá a 1.125.190 españoles que no pueden valerse por sí mismos mediante servicios como la teleasistencia, ayuda a domicilio o residencias. Para ello la Administración central invertirá unos 12.600 millones de euros a lo largo de ocho años, una cantidad que tendrán que igualar las comunidades autónomas. No obstante, a ese montante hay que sumar las aportaciones que realicen los usuarios. Según estimó el propio ministro de Asuntos Sociales, el copago de los beneficiarios no superará el 30 por ciento Finalmente, el Gobierno ha incorporado al texto muchas de las recomendaciones que emitió el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado, como la necesidad de garantizar que ninguna persona dependiente quede excluida de los servicios que precise por falta de recursos económicos, o que para financiar el Sistema Nacional de Dependencia se articulase de forma adecuada la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. El Ejecutivo también ha debido asumir otros aspectos que despertaron en su día duras críticas, como fue la exclusión de estas prestaciones de los niños menores de tres años. Ahora, serán beneficiarios cuando padezcan una discapacidad o una enfermedad que les impida desarrollar un vida autónoma. Esta es la arquitectura que presenta el texto de la ley que se desarrolla a lo largo de 32 páginas y al que ha tenido acceso ABC: Para entrar en la red, a partir del 1 de enero de 2007 todos los españoles que lo soliciten podrán ser evaluados y valorados por los organismos que designen las comunidades. Aunque en un principio los menores de tres años quedaban excluidos de estos servicios, el Gobierno ha dado finalmente marcha atrás. Accederán a las prestaciones aquellos que presenten graves discapacidades, tendrán una escala de valoración específica y el Sistema Nacional de Dependencia atenderá sus necesidades de ayuda a domicilio. Si no es posible facilitárselo, recibirán una prestación económica para buscar ese servicio en una empresa privada o una ayuda para que les cuide un familiar. Los servicios de atención a las personas dependientes serán un derecho subjetivo y universal, exigible por vía administrativa y judicial. Servicios. El texto de la ley despliega todo un catálogo de servicios sociales para promocionar la autonomía personal y de atención a la dependencia. Son los siguientes: servicios de prevención de situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio (atención a las necesidades del hogar y cuidados personales) centros de día y de noche- -para mayores y menores de 65 años- -y de atención especializada, y residencias para mayores y personas dependientes con discapacidad psíquica y física. Prestaciones económicas. La ley da prioridad a la prestación de los servicios anteriores, pero en casos determinados se prevé también diferentes tipos de ayudas económicas: Cuando la red pública no pueda prestar un servicio, se concederá una prestación económica al usuario para que lo adquiera en el mercado privado. Bajo determinadas circunstancias y de forma excepcional, la persona dependiente también podrá ser atendida por un cuidador familiar, que recibirá una compensación económica por ello y estará dado de alta en la Seguridad Social. Los cuidadores recibirán formación y disfrutarán de periodos de descanso. Las personas que sufran una gran dependencia contarán con una prestación de asistencia personalizada. Se trata de una contribución económica para que puedan contratar a un cuidador personal durante un número de horas al día. En el caso de que el usuario ya perciba una prestación similar a las anteriores (por ejemplo, una pensión de gran invalidez) las cuantías de éstas se deducirán de las nuevas ayudas que se concedan a través del Sistema Nacional de Dependencia. (Pasa a la página siguiente) Un cuidador presta su ayuda a una persona discapacitada guiente clasificación: dependencia moderada (el usuario precisa ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día) severa (necesita apoyo dos o tres veces cada día) y gran dependencia (pérdida total de autonomía mental o física, requiere la presencia indispensable y continua de un cuidador) Estos últimos- -cerca de 200.000 personas- -serán los primeros usuarios de los servicios a partir del próximo año. A continuación, en 2008, se incorporarán cerca de 160.000 dependientes severos. En cada grado de dependencia se establecerán dos niveles, en función de la autonomía de la persona y de la intensidad del cuidado que precise. Sin embargo, aún está por determinar el baremo que se utilizará para aplicar estos grados y niveles. De ello se ocuparán a lo largo de este año el Gobierno y las comunidades a través del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. ELENA CARRERAS Las cuentas de la dependencia Durante los próximos ocho años el Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia, una cantidad que también deberán igualar las autonomías. En el primer año, 2007, cada administración deberá aportar 400 millones. El sistema costará cada año 4.000 millones de euros, una vez que funcione a pleno rendimiento, lo que ocurrirá en 2015. Esa cifra supone el 1 por ciento del PIB. Y los usuarios deberán aportar el 30 por ciento. Sin embargo, cada beneficiario copagará por el servicio de forma diferente, ya que será en función de su renta y patrimonio. Más del 80 de las personas dependientes son mayores de 65 años. De ellos se ocupan sobre todo las familias, especialmente la responsabilidad recae sobre la mujer que representan el 83 de los cuidadores familiares. Beneficiarios. Tendrán derecho a recibir los servicios todos los españoles que se encuentren en una situación de dependencia en alguno de los grados establecidos en la ley. El texto fija la si-