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4 Opinión SÁBADO 22 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA NUEVA ETAPA DE A gestora encargada de llevar las riendas del Ayuntamiento de Marbella echó a rodar ayer en medio de los reproches que se cruzaron PSOE y PP. Mal comienzo para un órgano que nace sin el necesario consenso, después de que los socialistas, responsables en buena medida de la crisis marbellí, lograran imponer como presidente al abogado Diego Martín, reconocido militante de su partido, lo que provocó la abstención del PP. En lugar de buscar puntos de encuentro, unos y otros prefirieron abrir la gestora de la misma manera en que se cerró el Ayuntamiento de Marbella: en medio de la polémica y el ruido de fondo. Que el PP enmendara por la tarde su error de designar como responsable de Economía, Hacienda e Inspección Tributaria a Salvador Guerrero, abogado de defensor de dos imputados por la operación Malaya contribuyó a paliar una incompatibilidad estética que no contribuía a regenerar el aire contaminado de una localidad necesitada de un impulso nuevo. La población de Marbella, en mitad del huracán, asiste, con la moral baja, a la riña partidista que mantienen socialistas y populares. Triste y recurrente manera de inaugurar lo que debería ser una etapa nueva en el municipio malagueño. MARBELLA L OPA COLAPSADA A decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la autorización concedida por el Consejo de Ministros a la opa de Gas Natural sobre Endesa representa un revés, probablemente definitivo, a esta operación empresarial. Se trata de la segunda resolución judicial que paraliza la opa: la primera fue dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que condicionó la medida cautelar al depósito de una fianza de mil millones de euros, que Endesa consignó para hacer efectiva la suspensión. El Supremo también ha fijado en la misma cuantía la fianza para suspender la autorización administrativa de la opa. Al tratarse de medidas cautelares, ninguna de estas resoluciones judiciales prejuzga el fondo de las demandas presentadas por Endesa, pero sería un error negar, por esta significación procesal de ambas decisiones jurisdiccionales, la trascendencia jurídica que realmente tienen. Por lo pronto, son dos tribunales de Justicia- -un Juzgado de lo Mercantil y la Sala Tercera del Supremo- -los que han considerado que hay suficiente apariencia de buen Derecho en las pretensiones de Endesa. Esa apariencia de razón jurídica sólo debe ser valorada indiciariamente y ha de estar exenta de cualquier pronunciamiento que prejuzgue el resultado final. Pero, precisamente por las prevenciones procesales tan estrictas que rodean a las medidas cautelares, el hecho de que dos tribunales las hayan impuesto demuestra que, al menos, los indicios apuntan a que esta opa se ha planteado con serias carencias legales. La división entre magistrados- -dieciocho a favor de la suspensión cautelar y catorce en contra- -es un dato llamativo, sobre todo a efectos polémicos, pero sólo revela el grado de complejidad jurídica de la cuestión resuelta. La voluntad de la sala es la que expresan la mayoría de sus magistrados y la discrepancia de la minoría, y aunque se manifieste en votos particulares- -algo frecuente en tribunales colegiados- -no resta legitimidad alguna a la decisión mayoritaria. Cuestión distinta es que el Gobierno se apoye en los argumentos de los discrepantes para recurrir la decisión ante la propia Sala del Tribunal Supremo, lo que podrá hacer una vez que se notifique el auto, lo que se prevé para las próximas semanas. Al margen del desenlace que tengan los procedimientos L ante la Sala Tercera del Supremo y el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, el frenazo judicial pone al Gobierno ante su responsabilidad de haber politizado una operación empresarial, prescindiendo de los resortes propios del sistema regulador y del mercado y generando un marco de inestabilidad en el entero sector energético español. No se pueden gestionar los principios de una economía libre como si aún se viviera en un régimen autárquico o en un sistema basado en la planificación intervencionista. Si existen reguladores, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, es para tener en cuenta sus dictámenes y no para despreciarlos, como ha hecho el Gobierno en esta opa. Y si se pertenece a una comunidad económica, como la Unión Europea, es para jugar, a las duras y a las maduras, las cartas de la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. Cuando no se hace esto, los sistemas reaccionan: los tribunales congelan procesos empresariales que tienen visos de ilegalidad y la Comisión Europea abre expediente a España por posible vulneración de las libertades comunitarias. La viabilidad de la opa no está formalmente condenada por los Tribunales de Justicia, porque las suspensiones decretadas son cautelares. Sin embargo, estas operaciones empresariales se basan, fundamentalmente, en la confianza de los accionistas destinatarios de la oferta y en la seguridad jurídica de los procedimientos. Con dos resoluciones judiciales que aprecian, al menos aparentemente, la ilegalidad de la opa y con la dilación propia de todo proceso judicial, que remite a largo plazo las sentencias definitivas, la operación promovida por Gas Natural parece haber encallado en los tribunales. Caben ahora dos alternativas: que las empresas implicadas entren en un proceso negociador o que Endesa pueda ser víctima de su propia estrategia de judicialización, lo que sólo podría evitar con un movimiento, rápido, que le permita sostener el valor actual de su acción en el parqué. Si la paralización de la opa de Gas Natural y el bloqueo gubernamental de la de E. ON hacen descender la cotización de las acciones de Endesa, los opantes habrían perdido la pieza, pero la energética presidida por Manuel Pizarro también se encontraría en un grave aprieto. EL CASO VENDRELL ACTO SEGUNDO E FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA L Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia. Esta prolija denominación encabeza un proyecto ambicioso que se anuncia- -tal vez con exceso de retórica- -como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y como expresión de un derecho universal de ciudadanía. Se trata de un asunto sensible para sectores muy amplios de la población, en particular los ancianos, con la consiguiente repercusión en la vida cotidiana de muchos miles de familias. El objetivo es dar un fuerte impulso a las ayudas a domicilio, las plazas residenciales, los centros diurnos y nocturnos y, en general, las prestaciones económicas que permitan mantener niveles de vida razonables en una sociedad que conoce cambios demográficos sin precedentes; entre ellos, una notable prolongación de la esperanza de vida, que sitúa a nuestro país en los puestos más altos de la UE. Aunque diversas Comunidades Autónomas están ya realizando un serio esfuerzo, es notorio que el Ejecutivo ha apostado fuerte en un asunto que esta vez no sólo afecta al reparto de E poder entre la clase política, sino también a las preocupaciones reales de los ciudadanos. Quedan, sin embargo, muchas cuestiones abiertas. Ante todo, el confuso sistema de financiación de una ley que tiene un fuerte coste económico. Por una parte, el Estado compromete una cantidad importante para la atención básica en toda España, pero se apela igualmente a las Comunidades Autónomas para sufragar una parte de los gastos. No se aclara cuál habrá de ser la aportación de los usuarios, porque decir que estará en función de su capacidad económica personal no es decir casi nada. Por tanto, hay que esperar para valorar un proyecto que suscita grandes expectativas sociales que, en caso de verse defraudadas, podrían resultar muy negativas para la imagen del Gobierno. Se olvida además que la familia, una institución notablemente agraviada por las políticas sociales del Gobierno, es la célula social básica y el ámbito natural en que se desarrolla la atención a las personas que más lo necesitan. Sería muy conveniente revisar esta cuestión en la tramitación parlamentaria del proyecto. L culebrón del tripartito catalán se extiende a medida que los protagonistas de la serie entran o salen de escena, ofreciendo un lamentable espectáculo, puro vodevil, que pone de manifiesto dos cosas: que Pasqual Maragall está dispuesto a morir matando y que el Estatuto catalán no es más que una inmensa cortina de humo, tan debilitada como el propio tripartito, que la clase política catalana ha utilizado a conveniencia de parte y al servicio de sus intereses. Mientras que la Fiscalía pedía procesar al saliente consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Joan Carretero, por la concesión arbitraria de licencias ambientales y de obras a las entidades Bonpreu y Supeco el nuevo consejero de Gobernación, Xavier Vendrell- -polémico secretario de Organización y Finanzas de ERC- se estrenaba en el cargo arremetiendo con dureza contra el PSOE por su posición en relación con el Estatut, que- -dijo- -ha sido una tomadura de pelo En el escenario político catalán, unos vienen y otros van defendiendo lo suyo y olvidando los intereses de la Comunidad. Patético protagonismo de una clase política enfrascacada en una batalla en la que cada cual pretende marcar su territorio a costa del territorio del vecino. Modelo territorial para el análisis de los actores de un folletín tragicómico.