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ABC MARTES 18 4 2006 Nacional 25 Las obras de La Romareda, paralizadas por orden judicial el día que comenzaban El juez atiende el recurso presentado por el PAR y frena el proyecto de Belloch PAR piden al alcalde que descarte definitivamente esta obra. En el auto judicial se reconocen las dudas de legalidad de los trámites que se han seguido ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA. Las obras de reconstrucción del estadio de fútbol de La Romareda iban a comenzar ayer, pero sólo se hicieron trabajos testimoniales. No dio tiempo a más, porque un auto judicial ha ordenado la paralización cautelar del proyecto impulsado por el gobierno municipal PSOE- CHA que preside el socialista Juan Alberto Belloch, profesional de la Judicatura y ex ministro de Justicia e Interior. Y ha sido precisamente un juez de Zaragoza el que ha reconocido los argumentos planteados por el PAR en el recurso con el que ha intentado, con éxito inicial, evitar que las obras se realizaran. Además del PAR, el PP presentó su propio recurso, aún pendiente. Ambos expusieron argumentos similares. Cuestionan la legalidad con la que se ha tramitado el proyecto y las operaciones económicas con las que se pretenden financiar las obras. El auto, de entrada, considera que puede haber elementos razonables que avalen esos argumentos de la oposición, así que dicta la paralización cautelar de las obras y fija un aval de 200.000 euros a aportar por el PAR, para hacer frente a posibles daños a terceros en el caso de que finalmente se desestimara el recurso. Ayer, el PP ya anunció que, si es necesario, colaborará económicamente con el PAR para formalizar ese aval. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zab PP y El PP critica a la Junta por revelar las indemnizaciones por el incendio de Guadalajara b La diputada Ana Guarinos denuncia que el Gobierno de Castilla- La Mancha también incluye en su informe ayudas de una Caja y otras anteriores al siniestro ABC GUADALAJARA. El Partido Popular calificó de extremadamente grave que el informe de gestión del Plan de Actuación Integral elaborado por la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para la zona afectada por el incendio de Guadalajara haga públicas las indemnizaciones a las familias de las víctimas e incluya ayudas otorgadas por una entidad financiera. En una rueda de prensa celebrada ayer en Guadalajara, Ana Guarinos, diputada regional del PP por esta provincia, criticó que el informe del Gobierno presidido por el socialista José María Barreda exponga que las familias de los once muertos en el incendio- -que quemó casi 13.000 hectáreas en julio del pasado año- -han cobrado entre 346.579 y 362.000 euros. El informe de la Junta detalla que cada familia ha cobrado 270.000 euros del seguro contratado por el Gobierno regional, 13.000 más de la mutua de accidentes de trabajo, otros 18.000 euros del Gobierno central, 31.000 euros del Consorcio de Compensación de Seguros y entre 14.000 y 30.000 euros del seguro de la empresa pública Tragsa. Asimismo, expone que Caja Guadalajara abona 18.000 euros por cada uno de los siete hijos de los fallecidos que está en edad escolar. Las obras se paralizaron cuando los operarios se disponían a empezarlas ragoza cuestiona la legalidad del sistema de permuta que ha elegido el gobierno PSOE- CHA para financiar las obras. Esa permuta consiste en lo siguiente: la unión de empresas Sacyr y Acciona acometen la reconstrucción de La Romareda a cambio de una parcela de 42.500 metros cuadrados situada junto al estadio, la que ahora ocupan los edificios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se trasladarán al antiguo Seminario de Zaragoza. Esos 42.500 metros cuadrados se destinarán a usos terciarios, entre ellas cen- FABIÁN SIMÓN tro comercial y oficinas. Además, al Real Zaragoza se le compensa con el aprovechamiento comercial de otros 12.000 metros cuadrados. 70 millones de euros Tras conocerse el auto judicial, tanto el PAR como el PP reclamaron al equipo de gobierno que descarte definitivamente el proyecto de reconstrucción de La Romareda, que se había adjudicado a Sacyr y a Vallehermoso y cuyas obras están valoradas en 70,7 millones de euros. Partidas anteriores al fuego Guarinos criticó que se hagan públicos estos datos y que se incluyan en el informe de gestión las inversiones de Caja Guadalajara o compensaciones de otras administraciones y seguros como si fueran parte del plan de actuación de la Junta. La diputada popular, según informa Efe, lamentó también no haber accedido al informe de manera oficial y consideró muy grave que recoja partidas y actuaciones comprometidas antes de originarse el fuego en esa comarca y que se anuncian hoy a bombo y platillo Asimismo criticó que otras inversiones para esta zona hayan surgido precisamente como consecuencia del incendio, originado hace nueve meses. Guarinos, acompañada del también diputado regional José María Bris, anunció la intención del grupo parlamentario popular de solicitar que se les dé traslado puntual de todas las actuaciones que realiza esta Comisión Técnica de Seguimiento creada tras el incendio. Un alcalde cordobés acusa a su antecesor socialista de falsear certificados para vender suelo verde ROSA G. NARANJO FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) El alcalde de la localidad cordobesa de Fuente Palmera, el independiente Manuel García, compareció ayer para explicar el procedimiento de venta de suelos verdes y dotacionales que realizó el Ayuntamiento entre los años 1999 y 2003 y que él ha denunciado en el juzgado al entender que se perdieron más de 21.000 metros cuadrados, culpando de ello a su antecesor en el cargo, el socialista Antonio Guisado. García señaló que, en total, el Ayuntamiento vendió 8.345 metros cuadrados de suelo verde y 12.725 de suelos dotacionales de carácter público, por los que obtuvo unos ingresos de 1.079.085 euros. Algunos tenían un destino prefijado, como el dotacional de la unidad de ejecución FP- 04 para la ampliación del colegio Inmaculada Concepción y que se han perdido, siempre según su versión. La mayor parte de estas ventas se realizó por convenios con los compradores y tan sólo en una ocasión existe un acuerdo del Pleno para la enajenación de uno de estos solares. Se trataba de un terreno de 1.500 metros cuadrados de suelo dotacional que, tal y como denunció en su día, se vendió mediante subasta a la empresa propiedad del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido. Éste negó, la semana pasada, que el proceso fuera irre- gular, aunque no pudo aportar pruebas concluyentes, tan sólo una copia del registro de la propiedad donde se especifica que el suelo es edificable. Según la versión del alcalde denunciante, siempre hubo buena fe de los compradores Para avalar esta afirmación explicó que el registrador de la propiedad nunca registraría un suelo catalogado como verde o como dotacional, así que se emitían certificados, por parte del Ayuntamiento o de su secretario, Carmelo Tubío (también denunciado) en los que se afirmaba que el suelo tenía una calificación distinta a la real o bien se cambiaba de ubicación El caso es que en cada momento se usa una figura distinta, aunque lo claro es que se han tenido que emitir documentos de los cuales nosotros tenemos muy pocos; estos documentos formaban parte de este engaño que ha enredado a los promotores urbanísticos también concluyó García.