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ABC MARTES 18 4 2006 Nacional 17 54.000 EUROS, COSTE DEL 11- M 5 Un cayuco con 63 inmigrantes, el último que arribó a las costas de Tenerife, el pasado jueves 13 AFP El TC rechaza que la cárcel sea la única vía para los inmigrantes condenados a los que no se puede expulsar No admite una cuestión de inconstitucionalidad de un Juzgado de Alicante en 2004 la expulsión automática de extranjeros condenados a menos de 6 años y obligó a los jueces a individualizar y motivar la medida C. MORCILLO MADRID. El artículo 89 del Código Penal, reformado por el PP en 2003, vuelve a suscitar dudas constitucionales. El precepto establece la expulsión del territorio español, en lugar de su ingreso en prisión, de aquellos inmigrantes que se encuentren irregularmente en España y hayan sido condenados a menos de seis años de cárcel. Pero, ¿qué ocurre si esa expulsión no se puede llevar a cabo? ¿Debe ser encarcelado el inmigrante o es posible otra medida como ocurre con los españoles o los residentes legales? Con ese planteamiento el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con el último párrafo del 89.1 que establece: En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente El TC no ha admitido a trámite dicha cuestión y ha dictado un auto en el que respalda que se puedan adoptar medidas alternativas a la cárcel para un exb El Supremo anuló tranjero ilegal delincuente, que no puede ser expulsado, al margen de las causas por las que la expulsión sea inviable. Para el titular del Juzgado de Alicante el ingreso en prisión del extranjero podía resultar inconstitucional por introducir un tratamiento discriminatorio El hecho que suscitó la cuestión fue la condena de un extranjero a seis meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Se acordó expulsarlo tres años, pero fue imposible puesto que el penado no tenía documentos y no se podía acreditar su país de origen. El Pleno del TC argumenta que la redacción del Código Penal resulta plenamente razonable porque al no poder llevarse a cabo la expulsión, es lógico que la pena privativa de libertad retorne al primer plano Pero añade a continuación que esto no es en modo alguno obligado y cumplimiento no es sinónimo de ingreso en prisión. El inmigrante puede acceder a la sustitución de esa medida por otras menos gravosas en las mismas condiciones que los penados españoles o extranjeros con residencia legal La expulsión automática de extranjeros irregulares que hayan sido condenados vuelve así a cuestionarse. El Tribunal Supremo la anuló en julio de 2004 y obligó a los jueces a individualizar y motivar en cada caso la aplicación de la medida, previa audiencia con el extranjero. Además, el TS recordó que el artículo 89 ha sido reformado tres veces y cada una ha supuesto una versión más endurecida contra los inmigrantes ilegales condenados 4.000 euros es todo lo que costó a los terroristas preparar el atentado del 11- M. Con ese dinero y con bombas de fabricación casera que depositaron tranquilamente en trenes con nulas medidas de seguridad asesinaron a 191 personas. Esa es toda la complejidad del 11- M. Podía haber sido realizado por cualquier grupo de criminales sin ningún master en terrorismo. Eso sí, se requería un fanatismo enloquecido, la única peculiaridad de los autores, como lo es de todos los terroristas del mundo, incluidos los etarras. Y, sin embargo, todavía hay numerosas personas en España que insisten en poner en cuestión todas las evidenEDURNE cias policiales y judiciaURIARTE les, ahora, las aportadas por el auto del juez Juan del Olmo, porque se niegan a creer, dicen, que un atentado tan complejo hubiera podido ser planeado por asesinos tan vulgares. En realidad, con eso de la complejidad no se refieren a la operación en sí misma. Supongo que son conscientes de que una buena parte de los atentados etarras han sido bastante más complejos por la sencilla razón de que sus objetivos tenían nombre y apellidos. Se refieren a las consecuencias políticas, al vuelco del Gobierno, sin querer admitir nuevamente que hasta el terrorista más tonto sabe que el efecto principal de sus crímenes es el pánico y todo tipo de efectos asociados, incluidos los electorales. Pero el ofuscamiento intelectual que ha causado el 11- M en tantos y tantos tiene otros muchos ingredientes asombrosos. El incomprensible empeño, por ejemplo, en sostener la hipótesis de la vinculación con ETA, a pesar de que no se ha encontrado una sola prueba ni existe siquiera la más mínima lógica política o terrorista en el vínculo. Y, sobre todo, la empecinada negativa a reconocer que una buena parte de atentados islamistas a lo largo y ancho del mundo tienen características similares al español, el 7- J británico, por ejemplo. No se trata de ignorancia porque los datos sobre el terrorismo islamista están a disposición de todo aquel que se quiera enterar en los medios de comunicación, en los libros o en internet. Ni siquiera es sectarismo ideológico. Se trata de emociones. El 11- M causó miedo y deseos de huída, de Irak o de donde fuera, en una buena parte de ciudadanos y esa fue la causa de los votos inesperados que el PSOE cosechó entre el 11 y el 14 de marzo. Pero en otros muchos provocó este espejismo de la teoría de la conspiración. Dediqué un libro a explicar los efectos del miedo (Terrorismo y democracia tras el 11- M, 2004) Pero haría falta otro para analizar esta nueva fantasía colectiva que también huye, pero de la verdad del atentado. Me hace pensar en lo frágiles que pueden ser la lógica o el respeto a los datos en el comportamiento colectivo, o, peor, la facilidad con la que una sociedad puede caer en la insensatez. Por unos motivos y por otros.