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20 Nacional VIERNES 14 4 2006 ABC Las comunidades del PP coinciden en que la propuesta del ministro de Administraciones Públicas de evaluar a los funcionarios públicos y moverlos de puesto, si no son eficientes, puede inducir al clientelismo político. Las del PSOE cierran filan en torno al proyecto de Jordi Sevilla El examen a los funcionarios no pasa la reválida autonómica TEXTO S. R. FOTO ABC MADRID. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han unido a los sindicatos en el rechazo al anuncio realizado en el Congreso por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, de que los funcionarios ya no tendrán su cargo asegurado, aunque sí su puesto de trabajo, y que se les podrá designar otra labor en el caso de que no rindan y no obtengan los resultados esperados El ministro, que presentó en la Cámara las líneas básicas del futuro Estatuto de la Función Pública, pretende que los empleados se sometan a evaluaciones periódicas para comprobar su productividad, aunque las autonomías del PP consideran que esta propuesta- -que afectará a 2,4 millones de empleados públicos- además de atentar contra el derecho de igualdad de acceso y movilidad de los funcionarios, puede convertirse en un instrumento del Gobierno para buscar destituciones arbitrarias y partidistas dan que el Estatuto Básico del Empleado Público del Gobierno de Zapatero no conlleva el principio de homogeneidad para todos los funcionarios de España, porque el Estatuto de Cataluña asume una serie de competencias en materia de función pública por las que a los funcionarios de esta Comunidad no les afecta la reglamentación que promueve el Ejecutivo central Navarra Una propuesta vacía En la misma línea, desde el Ejecutivo navarro (UPN) el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, define la propuesta del ministro Sevilla como vacía, porque no se explican los criterios que pretende establecer para evaluar la productividad de los funcionarios. Murcia Provoca desasosiego a los funcionarios El director general de Función Pública de Murcia, Ventura Martínez, también rechaza el proyecto por la arbitrariedad que conlleva y el desasosiego que puede producir en los funcionarios En este sentido, Martínez incide en que en la propuesta ministerial no se especifican los criterios objetivos para evaluar la productividad de los empleados públicos y recuerda que la movilidad de los funcionarios en sus cargos no puede utilizarse como un castigo, sino que debe ser siempre negociada informa J. A. Moreno. El representante del Gobierno presidido por el popular Ramón Luis Valcárcel critica que, con su proyecto, el Ejecutivo socialista fomenta el clientelismo y crea un nuevo problema en lugar de dar una solución a la función pública La Rioja Desigualdades entre comunidades El gabinete de Pedro Sanz se suma a las críticas de otras autonomías populares al asegurar que la propuesta de evaluación puede derivar en un instrumento del Gobierno socialista para buscar destituciones partidistas El Ejecutivo riojano, a través de un comunicado, rechazó el proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, porque también ocasiona desigualdades entre los funcionarios de las distintas comunidades. En este sentido, según el gabinete de Pedro Sanz, el proyecto de Sevilla generará 19 modelos de función pública distintos, lo que provocará imposibilidad de movilidad entre administraciones, diferencias retributivas con agravios comparativos y un deterioro de los servicios públicos Castilla y León Un estatuto para cada comunidad La Junta, presidida por el popular Juan Vicente Herrera, ha mostrado un rechazo absoluto al plan de Jordi Sevilla porque atenta contra los derechos de igualdad de acceso y movilidad de los funcionarios, una situación que achaca a una quiebra del modelo de la función pública, informa J. L. Martín. Además, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno regional, María Jesús Ruiz, denuncia que la propuesta reproduce la presión nacionalista y tensión territorial y propicia que cada comunidad tenga su propio modelo de función pública en el trasfondo del futuro Estatuto de la Función Pública subyace el interés del Gobierno socialista de crear una masa de funcionarios serviles, donde no tengan cabida los trabajadores que no estén dispuestos a pagar un peaje, al igual que está sucediendo con los socios de Rodríguez Zapatero en Cataluña informa J. Reigadas. El Ejecutivo valenciano coincide con la opinión de otras autonomías populares al entender que la consecuencia inmediata del modelo que propone el Ministerio será la existencia de 19 funciones públicas independientes, tantas como comunidades y ciudades autónomas. La medida permitirá mejorar la prestación del servicio público, defienden las autonomías socialistas Comunidad Valenciana Intenta crear funcionarios serviles La Generalitat denuncia que el anuncio de Jordi Sevilla ha sembrado la incertidumbre entre los empleados públicos A juicio de la Administración presidida por Francisco Camps (PP) Madrid Un planteamiento equivocado El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) tilda de equivocado el planteamiento del Ejecutivo socialista sobre la evaluación del desempeño al consi- Baleares Ya han acreditado sus conocimientos El Gobierno popular de Jaume Matas tampoco considera necesarias las evaluaciones sobre la productividad de los funcionarios porque todos han acreditado sus conocimientos y aptitudes en el proceso de acceso, muchas veces conocimientos muy especializados, lo que les convierte en profesionales cualificados y altamente especializados Fuentes del Ejecutivo balear admitieron, sin embargo, que es necesario evaluar el trabajo, pero para que los funcionarios puedan progresar en sus carreras y ofrecerles todos los medios formativos, materiales y de apoyo que les permita realizar su labor en las mejores condiciones para mejorar el servicio público Las mismas fuentes, informa J. M. Aguiló, recuer- Temor entre los sindicatos por la falta de objetividad en los criterios que se utilicen para evaluar MADRID. La objetividad de los criterios de evaluación que utilice el Gobierno es la principal preocupación de los sindicatos tras el anuncio del ministro de Administraciones Públicas de que los funcionarios podrán ser movidos de su cargo en el caso de que no rindan en el puesto que ocupan. La Federación de Servicios Públicos de UGT, a través de su secretario general, Julio Lacuerda, ha solicitado a Jordi Sevilla que los sistemas de evaluación de los funcionarios- -que todavía no se han dado a conocer- -sirvan para que el empleado pueda desarrollar una verdadera carrera profesional y no se utilicen como una especie de premio o castigo ejercida autoritariamente por el político de turno informa Efe. Por ello, el sindicato socialista incide en que los mecanismos de evaluación deben ser transparentes y objetivos a la vez que demanda una modernización de la administración pública que estimule de una manera muy importante a sus empleados Por otra parte, UGT critica los argumentos utilizados por Jordi Sevilla en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, con motivo de la presentación del Estatuto Básico, al considerarlos ofensivos para los empleados públicos y entiende que no responde a la realidad de los hechos Desigualdades y lagunas jurídicas El portavoz del CSI- CSIF, Francisco Gallardo, por su parte, ha denunciado que la movilidad forzosa bajo una supuesta baja de rendimiento atenta a los principios constitucionales de imparcialidad del funcionario porque existen ya procedimientos para mover de puesto a los trabajadores que no rinden Además, critica que el ministro no informara de quién, ni cómo, va a realizar esas destituciones,