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4 Opinión JUEVES 13 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL PETRÓLEO EMPEORA LA INFLACIÓN C UNA FINANCIACIÓN JUSTA PARA LA IGLESIA NTE la inmediata campaña para la Declaración del Impuesto sobre la Renta cobran gran interés los datos de la evolución de la asignación de ingresos tributarios a la Iglesia en los últimos años. El proceso de negociación sobre la financiación de la Iglesia en España tiene su punto de partida ineludible en el artículo 16 de la Constitución, que proclama con toda claridad la libertad religiosa y de cultos y determina que ninguna confesión tendrá carácter estatal si bien los poderes públicos habrán de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones. Nuestro modelo es, por tanto, propio de un Estado aconfesional, pero no laicista, como pretenden algunas interpretaciones interesadas, alentadas a veces desde el seno del PSOE. La Constitución hace suya una realidad histórica y social cuyo arraigo es evidente, sin ir más lejos, en la propia tradición popular de la Semana Santa o en el excepcional patrimonio artístico y cultural, cuya titularidad (y, con frecuencia, su mantenimiento) corresponde a las instituciones eclesiásticas. El legítimo derecho de las confesiones minoritarias a ser tratadas de forma objetiva por los poderes públicos no puede plantearse como una equiparación, que sería ficticia y poco realista. El Gobierno debe emprender un giro razonable en sus relaciones con los católicos tras una primera parte de la legislatura marcada por leyes que rompen el consenso social en materias como el matrimonio homosexual o la enseñanza de la Religión. Es hora de que rectifique y, en este sentido, el enfoque de las negociaciones sobre la financiación ofrecerá un indicio relevante sobre la anunciada nueva voluntad. Es una falsedad rotunda presentar las cifras que aportan los Presupuestos Generales a la Iglesia como si fuera una donación a fondo perdido o un privilegio injustificado para los católicos respecto del resto de los ciudadanos. La Iglesia y las instituciones a ella vinculadas (fundaciones, institutos religiosos, escuelas... cumplen unas funciones educativas, sanitarias y asistenciales que exigirían de los poderes públicos una fuerte aportación de fondos si alguien no lo hiciera en su lugar. El beneficio de dichas prestaciones recae en los sectores sociales más desfavorecidos, incluyendo a inmigrantes, enfermos o personas que carecen de cualquier ayuda oficial. Tales datos son bien conoci- A dos y merecen ser recordados a quienes pretenden hacer demagogia anticlerical en términos que deberían haber sido superados hace ya mucho tiempo. Así pues, los ministerios competentes (en particular, Economía y Hacienda y Justicia) y los responsables de la Conferencia Episcopal tendrán que negociar con el ánimo de buscar una financiación cabal y equilibrada conforme con las aportaciones efectivas de los católicos a la vida social, sin dejarse llevar por dogmatismos ideológicos o por comparaciones sin sentido con otras creencias y confesiones. A su vez, los católicos tienen que ser conscientes de la responsabilidad que les incumbe como creyentes y como ciudadanos. Los datos resultan muy significativos: en 1999, el 39,69 por ciento de los contribuyentes en el IRPF marcaban de forma expresa la casilla correspondiente a favor de la financiación específica de la Iglesia. La cifra se reduce al 33,47 en 2003, producto de un descenso progresivo en los últimos años. Un sentido elemental de coherencia exige a todos los que se sienten vinculados a la religión católica que manifiesten su opción de forma explícita. Para evitar la sobrefinanciación se debe aumentar el porcentaje que se destina de la cuota íntegra del 0,5 actual al 0,8. Se trata de la mejor y más justa solución, que, además, ayudaría a desbrozar de malas interpretaciones y equívocos sobre los dineros de la Iglesia de común espuriamente explotados por los sectores laicistas más recalcitrantes, que olvidan la homérica y vital labor en favor de la sociedad antes descrita. Las relaciones Iglesia- Estado en la España democrática están reguladas por los acuerdos de 1979 (sobre asuntos jurídicos, económicos, culturales y educativos, entre otros) que sustituyen al viejo concordato de 1953, con objeto de adaptar dichas relaciones a la nueva situación social y política. Los acuerdos han funcionado a satisfacción de ambas partes, según la opinión generalizada de los expertos, y lo han hecho bajo gobiernos de muy diferente signo político. No hay razón alguna para prescindir de un instrumento jurídico tan eficaz, ni para ofrecer una interpretación sesgada o unilateral de sus cláusulas. El Gobierno debe atender la justa reivindicación de los católicos españoles en el sentido de una financiación adecuada para la Iglesia, que no debe buscar privilegios de ningún tipo, sino compensaciones fundadas en razones objetivas y al amparo de datos contrastados que están a disposición de todo el que quiera conocerlos. ON el petróleo en máximos históricos, bordeando los 70 dólares por barril de Brent, la esperada mejoría de la inflación se esfuma: en marzo subió siete décimas, aunque baje ligeramente la tasa interanual hasta el 3,9, aún muy alejada de la media de los países de la UE, nuestros verdaderos competidores. Esta cifra de inflación compromete seriamente el futuro de nuestra economía, aquejada ya de una preocupante caída de la competitividad. Y el indicador de la futura marcha de los precios- -la inflación subyacente, que repuntó en marzo- -cercena también las felices perspectivas que vendía el Gobierno, que sigue sin tomarse en serio atajar de forma urgente esta escalada de precios, que, a su vez, provocará el empeoramiento de los otros dos graves problemas de nuestra economía: la baja competividad y un alarmante y creciente déficit exterior, especialmente crítico en la balanza comercial. Los buenos datos macroeconómicos, un aún fuerte crecimiento del PIB y la creación de empleo pueden verse afectados a corto plazo si no se adoptan medidas, estructurales y coyunturales, para atajar la inflación, máxime con un petróleo que seguirá muy caro y con su nefasto efecto multiplicador en los precios. ETA CADA VEZ HABLA MÁS CLARO E EL RETO INMIGRANTE EN EE. UU. AJO el grito ¡Sí se puede! dicho en español, un millón de hispanos se han lanzado a las calles para reclamar la reforma de la política de inmigración estadounidense. Coneste gesto de movilización quieren ver cumplido un sueño: que los once millones de inmigrantes que residen ilegalmente al norte del Río Grande puedan acceder a la ciudadanía estadounidense sin discriminación. De este modo, la cada vez más poderosa comunidad hispana ha expresado su oposición al proyecto de ley que se debate ahora en el Senado y que promueve el republicano James Sensenbrenner. Tras lograr su aprobación en la Cámara de Representantes el pasado mes de diciembre, el proyecto ha suscitado una fuerte polémica. La razón descansa en la filosofía discriminatoria que inspira el proyecto, al obstaculizar el acceso a la ciudadanía norteamericana de los indocumentados, estableciendo incluso un tratamiento criminal para éstos a pesar de estar en su mayoría integrados dentro del mercado laboral y contribuir con su esfuerzo a la prosperidad del país. B Como otras veces en su historia, los EE. UU. tienen que afrontar el reto de ser fieles a sí mismos y hacer todo lo posible para asimilar la nueva oleada de inmigrantes que los han elegido como destino de sus esperanzas. En realidad, ésta y no otra es la exigencia que han planteado los cuarenta millones de hispanos que habitan los EE. UU. con las manifestaciones vividas. Por cierto, un importante aviso ante las próximas elecciones legislativas del mes de noviembre y en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un terciodel Senado. Algo que deberían tener en cuenta los republicanos si no quieren ver cómo las reivindicaciones hispanas son capitalizadas por los demócratas, tal y como evidencia el inmediato apoyo manifestado por Edward Kennedy y Hillary Clinton a los inmigrantes. Que el partido de Lincoln olvide sus orígenes sería un torpísimo error, sobre todo porque el compromiso con los EE. UU. pasa por defender que sigan siendo la tierra de oportunidades y de libertad que ha sido siempre: el paradigma planetario de la sociedad abierta. L máximo dirigente batasuno y reo en causa penal, Arnaldo Otegi, manifestó ayer- -casi recién salido de prisión y en un discurso cuajado de bravuconadas- -que en apenas tres semanas ha perdido parte de la confianza que había depositado en los socialistas vascos. El mismo día se conocía el último boletín interno de ETA, en el que- -de manera bastante más explícita que en el comunicado que anunciaba su alto el fuego- -la banda condiciona el éxito del proceso a que cambie el marco político tras un acuerdo sobre autodeterminación (soberanía) y territorialidad (aspiraciones expansionistas que afectan directamente a Navarra) Parece que los etarras pretenden, por lo tanto, seguir llevando la iniciativa. Compete al Gobierno poner en su sitio toda esta contaminación acústica que emite el entramado etarra y que sólo contribuye a sembrar el desconcierto en la ciudadanía. Y para eso sólo vale la claridad de palabra y de obra. Lo primordial es que los españoles estén persuadidos de que no se va a pagar precio político alguno en el proceso que comenzó hace tres semanas. Por el momento, ETA- -en sus diferentes frentes- -se empeña en demostrar que sí lo habrá. Cada día, una de sus patas da un paso más en este sentido, comprometiendo el ánimo y el sosiego de los ciudadanos.