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18 Nacional TRAMAS DE CORRUPCIÓN CANARIAS MARTES 11 4 2006 ABC Más de 35 imputados, tres encarcelados y seis casos de presunta corrupción en la Administración pública de Canarias han hecho que se dispare la preocupación en las islas El honor en la picota La trama eólica Es una investigación sobre los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y tráfico de información privilegiada en torno a la concesión de parques de generación de energía eólica. Saltó a la luz el 8 de febrero con la detención de varios funcionarios, empresarios y del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, el único que aún permanece en prisión. El empresario que presentó la denuncia la continúa ampliando hasta implicar a políticos y dirigentes de las dos islas capitalinas y de todos los partidos políticos. Hay 15 imputados. El caso Faycán. En Telde (Gran Canaria) se investiga un presunto cobro de comisiones a la concesión urbanística protagonizado por la concejala de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento María Antonia Torres (PP) Ella y el asesor municipal, Francisco Gordillo, permanecen en prisión. Hay 14 imputados. Instituto Canario de Vivienda. El caso más reciente, versa sobre la falsificación de firmas en algunos expedientes de desclasificación de VPO en Canarias. Este organismo depende de la Consejería de Infraestructura y Vivienda del Gobierno de Canarias (CC) cuyo titular se ha apresurado a desvincular cualquier conocimiento o responsabilidad de la misma en una operación que tiene ya cuatro detenidos. Martín y Martín. El ex presidente de la Audiencia de Las Palmas, ha sido víctima colateral de la investigación sobre el concurso eólico. Fue una de las conversaciones telefónicas intervenidas en las que presuntamente la voz de Martín y Martín aparecía vinculada a un caso de favores judiciales a un narcotraficante. Los hechos provocaron su inmediato relevo en la Audiencia. Caso Amorós. Recibe el apellido del titular de la dirección general del Tesoro en la anterior legislatura. Existen presuntas irregularidades en la gestión contable y administrativa y el informe de fiscalización de cuentas elaborado por Alberto Amorós (CC) Una comisión de investigación en la Cámara canaria y el TSJC tratan de establecer responsabilidades. Grabación en Fuerteventura. Según una grabación, unas voces que el denunciante atribuye a un importante cargo del PP de Canarias y su colaboradora de confianza en Fuerteventura, intentaron comprar el apoyo del denunciante a una moción de censura a través de la oferta de prebendas y dinero. El caso está en el TSJC. Saltan las alarmas en Canarias TEXTO: PABLO ALCALÁ LAS PALMAS. Existe unanimidad en Canarias a la hora de transmitir el mensaje de que, lejos de existir un ambiente generalizado de corrupción política, empresarial y hasta judicial, los casos que, sin solución de continuidad, se aparecen a ojos de la opinión pública son excepciones sin opción a la generalización. Pero esta percepción funciona como un bálsamo de corrección política que, sin embargo, se revela como tal cuando en el reciente debate sobre el estado de la región, celebrado en el Parlamento autonómico, el asunto de la corrupción ocupó un altísimo porcentaje de la preocupación institucional y, también, de una ciudadanía perpleja. Los hechos y los números relatan una realidad cuando menos inquietante: más de treinta personas entre políticos, empresarios y empleados públicos- -entre ellos, un magistrado- -se han visto imputadas en casos de presunta corrupción. De ellos, cuatro fueron encarcelados y tres permanecen en prisión. Aunque con inicial ensañamiento en cargos públicos del PP- -dos de sus ya ex afiliados, hoy en la cárcel, encabezan las dos tramas de presunta corrupción más destacadas de la actualidad canaria, la trama eólica y el Caso Faycan- -el recorrido judicial ha imputado, en los diferentes casos, a significativos representantes o afiliados de base de las restantes fuerzas políticas del archipiélago. Ninguna formación política, de hecho, ha jugado al rédito político con intensidad especial en sus denuncias, ante la generalización de algunas de las ramificaciones, sobre todo del primer caso. La actualidad canaria viene marcada por cuatro operaciones policiales y judiciales que han salpicado de lleno a la clase política y empresarial. Pero a diario los medios de comunicación y los políticos destapan nuevos casos posibles de la misma naturaleza y de mayor o menor envergadura. Todo lo relacionado con la gestión pública y todos aquellos que la representan viven ahora con la desconfianza de la sociedad canaria y el cuestionamiento sobre la claridad de su gestión. Tampoco ayuda el hecho de que las próximas elecciones municipales y autonómicas estén relativamente cerca en el tiempo. Tradicionalmente, el ambiente de desconfianza y acusaciones mutuas han precedido a la cita con las urnas con presuntos casos de irregularidades al frente de la administración canaria. Denominaciones como Timanfaya, Icfem, Bango o el recientemente resucitado asunto de La Mareta, por citar algunos célebres apellidos de la corrupción pretérita, forman parte de la historia más oscura de la gestión política de fondos europeos, irregularidades administrativas o de concesiones inmobi- El juez José Miguel Perramón, que investiga la trama eólica liarias en el archipiélago. Todos ellos, sin embargo, se resolvieron con cortinas de humo, culpas sin culpables, brumas que no han hecho más que alimentar la desconfianza sobre la gestión pública. La situación actual, dada la contundencia con que han actuado las autoridades judiciales y las consecuencias penales inmediatas para algunos de los imputados, dista mucho de los casos anteriores. EFE Señal de peligro Detenciones al asalto de cargos públicos y reputados empresarios; registros minuciosos de despachos y domicilios particulares; pinchazos autorizados de teléfonos móviles; denuncias multiplicadas y extendidas de modo físico y geográfico; encarcelamientos inmediatos de algunos de los imputados; la suspensión cautelar del presidente de la Audiencia de Las Palmas, tras ser sorprendido a través de una escucha telefónica enmarcada dentro de la Operación Eolo profusión de comisiones de investigación, para las que el Parlamento autonómico apura su calendario y la duda sembrada sobre cualquier vínculo de amistad o familiaridad con cualquiera de los imputados han disparado las alarmas sobre lo que ocurre en Canarias. No seré yo quien suscriba una declaración despectiva de mi tierra, porque además no creo que seamos una excepción en España. La diferencia es que aquí aún somos nuevos ricos, de repente mucha gente se subió al carro vertiginoso de las oportunidades de negocio que proliferaron en Canarias en las últimas cinco décadas; la empresa se confundió casi sin límite con la política y la población estuvo un tiempo abotargada dando sensación de absoluta impunidad. Es un caldo de cultivo excelente para la corrupción, pero, por suerte, la población no es tan ajena ya a lo que ocurre en los despachos y ahora se depuran responsabilidades. Más que preocupante, es una magnífica noticia para los canarios lo que ocurre en esta tierra Esta descripción de la situación, tal vez por ello sin firma autorizada, ha sido la más descriptiva que alguien se ha atrevido a dar entre los consultados por la explicación a lo que acontece en las islas. Los demás han restado trascendencia al clima actual, particularizando los casos de corrupción y negando tajantemente su posible extrapolación a un retrato generalizado de la Canarias del siglo XXI.