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4 Opinión MARTES 11 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil FRANCIA, EL TRIUNFO DE LA PROTESTA A calle ha vuelto a triunfar sobre las instituciones de la V República. Más allá de cualquier análisis precipitado, lo cierto es que la decisión del Gobierno del primer ministro De Villepin de retirar el contrato de primer empleo (CPE) a instancias de Jacques Chirac, debe ser interpretado de este modo. Por enésima vez, la presión sindical ha logrado torcer la voluntad del Gobierno legítimo de Francia. De hecho, que éste desista en su empeño de sacar adelante sus proyectos de reforma económica ha pasado a ser una lamentable costumbre. Desde que Raffarin vio cómo su primera iniciativa de reforma fracasaba ante la oposición de los sindicatos, una tras otra las diversas medidas de liberalización impulsadas por la mayoría de centro- derecha que gobierna el país desde 2003 han padecido la misma suerte. Después de tres meses de crisis social y de masivas movilizaciones sindicales y estudiantiles, el Gobierno ha cedido finalmente ante las exigencias de quienes reclamaban la retirada del polémico CPE. A pesar de la resistencia del primer ministro De Villepin y del hecho de que hubiese reconocido públicamente que no estaba dispuesto a ceder ante las presiones sindicales, el desenlace ha sido el esperado. Cada vez más aislado, y sin el apoyo del presidente Chirac y de su propio partido- -la UPM- Dominique de Villepin ha tenido que tirar la toalla, enterrando así prácticamente sus expectativas como candidato del centro- derecha a la presidencia de la República. Las encuestas están ahí. Los índices de popularidad de Chirac y de su jefe de Gobierno son los peores en los últimos años. Por el contrario, la crisis provocada por el CPE ha fortalecido al ministro Nicolas Sarkozy y a la izquierda que lidera François Hollande, que ya ha anunciado que hará un marcaje férreo a las medidas de flexibilización del mercado laboral que trate de poner en marcha la mayoría parlamentaria de la UPM en los próximos meses. Con este escenario por delante, la vida política francesa vive cada vez más polarizada y con una clase política entregada al gesto populista, ya sea de izquierdas o de derechas. En realidad, Francia tiene un serio problema de respetabilidad institucional. Sobre todo si se tiene en cuenta que nadie discute que el país necesita la adopción de medidas que encaucen la cada vez más difícil situación económica por la que atraviesa y que, todo hay que decirlo, se ceba especialmente entre la juventud estudiantil que se ha manifestado en las últimas semanas. Así, el descrédito institucional de la V República es enorme, ya que el eje de la política francesa no gira alrededor de las iniciativas que se toman en El Eliseo y en la Asamblea Nacional. Hoy, desgraciadamente, la calle es la que decide. L LOS OBISPOS CONTRA EL RELATIVISMO MORAL L A Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha elaborado una Instrucción Pastoral que ayer se dio a conocer bajo el título de Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II Se trata de un texto de treinta folios, densos y muy meditados, que se destinan a una sociedad que se siente tentada a apostatar silenciosamente de Dios Quizás en ese adverbio- -silenciosamente- -deba explicarse el tono convencido y rotundo de un documento episcopal que, aunque polémico, sólo sorprenderá a quienes han malinterpretado los signos eclesiales posteriores al Concilio Vaticano II, en cuyo nombre se ha producido eso que los prelados denominan secularización interna en cuyo origen, consideran los obispos, se encuentra la pérdida de fe y de su inteligencia, en la que juegan, sin duda, un papel importante algunas propuestas teológicas deficientes, relacionadas con la confesión de fe cristológica Los obispos apuntan, en consecuencia, a la aparición y extensión, en los circuitos eclesiales internos y en los soportes mediáticos, de unas tesis teológicas y morales que no se atienen a la ortodoxia eclesial, sin la cual, concluyen, se está produciendo una profunda crisis. Los obispos españoles describen cuatro aspectos esenciales de esa crisis que aparta la sociedad de Dios. Apuntan en primer término a una concepción racionalista de la fe y de la revelación después piensan que la crisis se alimenta de un humanismo imanentista aplicado a Jesucristo que se completa con una interpretación meramente sociológica de la Iglesia y se añade a un subjetivismo- relativismo secular en la moral católica El elemento que hace común todos estos factores críticos es, dicen los obispos, el abandono y el no reconocimiento de lo específicamente cristiano, en especial, el valor definitivo y universal de Cristo en su Revelación, su condición de Hijo de Dios vivo, su presencia real en la Iglesia y su vida ofrecida y prometida como configuradora de la conducta moral A partir de este diagnóstico, los obispos españoles desarrollan unas argumentaciones que refutan con solvencia teológica y moral impugnaciones formuladas desde disidencias internas y reiteran los vectores esenciales de la teología católica y de la teoría moral. Respecto ni de una ni de otra se han producido relativismos- -seriamente denunciados por el Pa- pa Benedicto XVI- -en las formulaciones autorizadas, pero es cierto que se ha ido gestando una cierta ausencia de referencias para acotar algunas versiones sobre el magisterio de la Iglesia, en las que el disenso ha ganado mucho terreno. A esos disensos se refiere la Instrucción de la Conferencia en términos muy concluyentes (párrafos 48 a 51) que hacen referencia directa a asuntos de índole ética muy álgidos en la vida pública española. La Iglesia no es una institución coyuntural, sino permanente y que trasciende situaciones históricas concretas, incluso las más adversas; la Iglesia es jerárquica y exige una adhesión en la que la razón y la fe son compatibles hasta un cierto grado, aquél en el que interviene una entrega personal a la creencia de Cristo como Dios y la Iglesia, cuarenta años después del Concilio Vaticano II, se desenvuelve en una sociedad de libertades y no impone nada a nadie, aunque pretende convencer e influir, con plena legitimidad, sobre el devenir de las sociedades en las que está presente. Los cristianos, en este contexto, tienen- -y la Instrucción Pastoral lo recuerda- -el deber moral de no interiorizar como cierta esa afirmación según la cual estaríamos ante un postcristianismo que se propone vivir como si Dios no existiera De ahí que los obispos alerten del relativismo radical que conduce a una fractura entre la fe y la vida. Los prelados quieren llevar al ánimo de los católicos- -y hacer reflexionar a los que no lo son- -de la posibilidad natural de compartir vida y fe para proyectarlas como un todo moral sobre la convulsa realidad de nuestros días. Y a esa labor llaman los obispos a los católicos. Sería incongruente negar el derecho de los prelados a lanzar este mensaje; sería ignorante no reconocerles que son consecuentes con el magisterio de la Iglesia; sería sectario vincular estas reflexiones a integrismos políticos o sociales y sería opresivo que se descalificase- -como es habitual, por desgracia- -un documento de esta entidad teológica y moral desde una perspectiva política o partidista, porque la que le corresponde se sitúa en una concepción trascendente del hombre que se explica dialécticamente en la razón, pero también en la fe. En definitiva: este documento reclama respeto intelectual y, especialmente en la España de hoy, respeto moral. Y ninguno de los dos son habituales en nuestro país. UNA GESTORA IMPARCIAL PARA MARBELLA UNQUE continúan las reticencias del PP y del Partido Andalucista, la próxima designación de una comisión gestora abre un nuevo capítulo en la historia interminable del Consistorio de Marbella. Visto el dictamen del Consejo de Estado y el acuerdo de disolución del Ayuntamiento aprobado por el Consejo de Ministros- -previa autorización del Senado- procede ahora nombrar a los integrantes de la comisión que regirá transitoriamente la vida municipal hasta las próximas elecciones. Falta todavía un año largo, de manera que sería razonable atender a la proposición de ley que los populares van a presentar con objeto de reforzar la ley de Régimen Local para permitir que se celebren elecciones anticipadas. No es probable, sin embargo, que prospere dicha propuesta. Los socialistas parecen decididos a que sea la Diputación de Málaga la que asuma el coste político de la operación, mientras la Junta de Andalucía se lava las manos. En rigor, hace años que el Ejecutivo que preside Manuel Chaves debería haber instado al Gobierno a la adopción de medidas concretas para frenar la situación. Era vox populi que el urbanismo marbellí ofrecía múltiples A irregularidades y la responsabilidad de la Comunidad autónoma exigía una intervención a tiempo, sin que sea aceptable que ahora nadie se rasgue las vestiduras ante los nuevos datos que se derivan de la investigación judicial y policial. Al nombrarse la gestora, su composición debe ser irreprochable en un doble sentido: ha de tratarse de técnicos con el prestigio y la imparcialidad que requiere la circunstancia y es obligado evitar cualquier sesgo partidista en las propuestas de nombres, que corresponde formular a los diversos grupos políticos. La Diputación, controlada también por los socialistas, debe estar a la altura de las circunstancias, sabiendo además que sus actuaciones van a ser examinadas con lupa. La Junta tendría que intervenir en la misma línea, abandonando el papel pasivo y distante que caracteriza su posición ante el escándalo. Por vez primera en la historia, en esta etapa democrática se ha utilizado el artículo 61 de la Ley 7 1985: es imprescindible que los pasos que faltan se den con el máximo rigor jurídico y con la altura de miras necesarias para no perjudicar más la imagen de una ciudad emblemática.