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4 Opinión VIERNES 7 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LAS CUENTAS, CLARAS, DEL EMBAJADOR E LOE, APUESTA POR EL FRACASO A principal finalidad de la Ley Orgánica de Educación, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, es rematar el desmantelamiento del modelo educativo diseñado por el último gobierno del Partido Popular, dentro de la pauta de abusivo revisionismo que el Ejecutivo socialista ha observado en su acción política desde que accedió al poder. Cabría recordar, por su oportunidad, el informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la LOE, en el que advertía la ausencia de justificación para derogar la legislación anterior, que ni siquiera había llegado a entrar en vigor, porque el PP no actuó con el apremio del Gobierno socialista, de forma que en la LOCE, aprobada al final del segundo mandato de Aznar, se reflejaban las soluciones a buena parte de los fracasos contrastados del sistema educativo de la etapa socialista. Además, el Consejo de Estado lamentaba la indiferencia de la nueva ley por la educación en el mérito y la capacidad individual o la confusión del esfuerzo individual con tareas colectivas. Por tanto, sin haber dado tiempo a valorar los resultados de la LOCE y sin haber incorporado unos mínimos criterios de exigencia académica y personal, la nueva ley socialista demuestra tener otras prioridades, perfectamente explicables en el contexto de la transformación artificiosa de la sociedad que pretende el PSOE, en todos los órdenes. Y en esta intención ideológica está el principal motivo de lo que será un fracaso seguro, que es el destino de toda ley educativa que no sirve a la formación académica de los jóvenes, sino a la difusión de un modelo politizado de educación. La nueva ley está plagada de los tópicos del progresismo más vacuo; le sobran declaraciones de intenciones, más propias de un manifiesto que de una norma; le falta realismo sobre las condiciones de la educación que hoy en día debe recibir un joven, mucho más exigente de lo que le ofrece la reforma socialista; relega la transmisión de conocimientos para anteponer una abstracta formación cívica del alumno; se inculcan la ausencia de obligaciones académicas, la inutilidad del esfuerzo y la ineficacia del estudio (suspender no es, en última L instancia, óbice para pasar de curso) e incluso se legalizan los novillos colectivos, como absurdo ejercicio- -por menores de edad, no hay que olvidarlo- -del derecho de reunión. En el plano más político, la ley reduce la libertad de elección de centro y deja en manos de las administraciones públicas la oferta de plazas en centros concertados, a conveniencia de las que existan en los centros públicos. Se prevé una asignatura- -Educación para la Ciudadanía- -que, en el mejor de los casos y conocidos los planteamientos políticos del Gobierno sobre determinados conceptos, provoca un escepticismo irreversible. Por otro lado, el Estado no se reserva mecanismos para dotar al sistema de unos conocimientos verdaderamente comunes y que garanticen la conservación de un sentimiento general de pertenencia cultural, social e histórica a España, especialmente necesarios ante las consecuencias, claramente negativas, de la política educativa llevada a cabo por gobiernos nacionalistas autonómicos en las últimas décadas. La asignatura de Religión, finalmente, ha sido manipulada para provocar una polémica artificiosa, confundiendo cultura religiosa con catequesis, en la que lo importante era hacer alarde de un laicismo militante, que, sin embargo, se cobrará sus costes en la ignorancia de los jóvenes españoles sobre valores y principios presentes en la historia, el arte y la cultura de España y de toda Europa. Es comprensible que padres y profesores hayan mostrado su oposición a una ley que es incoherente con la importancia teórica que tiene la enseñanza pública para el Gobierno socialista. En un tiempo en el que hay que hacer frente a la expansión de la violencia escolar, del aumento del consumo de drogas y alcohol, del incremento de fracaso académico, de la pobre situación comparativa de España respecto de los demás países europeos, de la desmotivación del profesorado y de la desorientación de la familia ante los problemas de los hijos, la nueva ley socialista ha apostado por embarcar al sistema educativo público en una nueva etapa de inestabilidad y decadencia. L embajador de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, ha advertido de que si las compañías norteamericanas perciben que las reglas del juego que se aplican en España no son justas, optarán por abandonar el país. La declaración de Aguirre adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la facturación de las empresas de EE. UU. en nuestra nación asciende a 56.900 millones de euros, lo que supone el 7,1 por ciento del Producto Interior Bruto español. El toque de atención del embajador de Estados Unidos, un hombre marcado por la cautela y la prudencia en sus declaraciones, debería provocar la reflexión del Gobierno, obligado a generar un marco de confianza y estabilidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las aproximadamente 532 empresas de origen norteamericano presentes en España dan trabajo a más de 333.000 personas, un total del 3,1 por ciento del sector privado. Datos y cifras para el análisis que confirman que Estados Unidos constituye el primer socio inversor de España. Demasiado importante como para valorar, negativamente, casos como el de la venta de aviones a Venezuela y la respuesta consiguiente de Washington. La política también es cuestión de números. ESTADOS UNIDOS Y LA INMIGRACIÓN RAS una agria polémica, republicanos y demócratas llegaron ayer en el Senado de Estados Unidos a un acuerdo para legalizar a los indocumentados que permanecen en el país desde hace más de cinco años, una solución de compromiso después de que la Cámara echara abajo un proyecto de ley sustancialmente más ambicioso y que pretendía resolver la situación de los inmigrantes sin papeles que llegaron antes de enero de 2004. El problema se plantea ahora para todos aquellos extranjeros sin documentación que, llevando más de dos años en el país, pero menos de cinco, se verán obligados a regresar a sus respectivas naciones de origen, solicitar su ingreso en un programa de trabajadores temporales y regresar después legalmente. El enfrentamiento entre republicanos- -que veían la propuesta inicial como una amnistía encubierta -y los demócratas- -que la defendían por ser la única solución viable a la presencia de doce millones de inmigrantes indocumentados- -se saldó finalmente con un consenso que no colma las aspiraciones de ninguno, pero que, al menos, sirve para seguir negociando un proyecto de ley de inmigración más amplio y tratar de resolver una situación, enquistada en el tiempo, que se ha convertido en uno de los principales problemas para la sociedad norteamericana. T EL ASESINATO DE UN TOPO XISTEN pocos precedentes en la Europa contemporánea de grupos terroristas que hayan desaparecido sin dejar rastro: casi todas las bandas se han difuminado disolviéndose en la órbita de la delincuencia ordinaria o de la mafia, en sus diversas formas. Incluso algunos de los miembros de la Baadermeinhoff que no murieron en la cárcel acabaron volviendo a prisión por delitos comunes. Ha habido casos de terroristas que optaron por buscarse otra organización, aún en activo, a la que prestar sus servicios. y otros que se reorganizaron sencillamente en bandas de atracadores, como ha sucedido en España con miembros del GRAPO. El camino por el que un terrorista puede llegar a convertirse en un ciudadano normal es un proceso incierto, porque alguien que ha consagrado su vida a asesinar a personas que no conoce tiene un encaje complicado en las sociedades pacíficas. Nos lo acaba de recordar el asesinato en Irlanda de Denis Donalson. Tal vez nunca se sepa quién mató a este antiguo topo del Gobierno británico en el IRA, pero si E se llega a probar que los asesinos son miembros de este grupo terrorista en desbandada, el hecho tendrá, sin duda, consecuencias políticas graves para el proceso de paz. Quizá convenga hacer la vista gorda para salvar el bien mayor, pero la herida seguirá ahí, y con ella la amenaza permanente de nuevas venganzas. Seguramente el Gobierno británico podría haber hecho algo más para preservar la vida de alguien que la había arriesgado durante muchos años a su servicio, pero este hecho demuestra que, más allá de los acuerdos de Viernes Santo y después de décadas de terror, en Irlanda aún ha quedado un poso de violencia latente, en el que tendrán que vivir otros muchos topos jubilados y terroristas en paro. En este caso, los responsables del viejo IRA habían garantizado a Donalson que ni él ni su familia serían represaliados, puesto que ya se habían comprometido a entregar sus armas definitivamente. Ha bastado una sola pistola para matarle. Una pistola y alguien que considera que tiene todavía cuentas pendientes que saldar, para las que no rigen los acuerdos de paz.