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22 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA JUEVES 6 4 2006 ABC El juez deja en libertad bajo fianza de 20.000 euros al jefe de la Policía local Se le imputan varios delitos por dirigir los concursos de vehículos oficiales de qué se le acusa y admitió estar disgustado por todo lo ocurrido; el magistrado envió a prisión al último empresario detenido J. M. CAMACHO C. M. MÁLAGA MADRID. El juez instructor de la operación Malaya Miguel Ángel Torres, dejó ayer en libertad bajo fianza de 20.000 euros al jefe de la Policía local de Marbella, Rafael del Pozo, tras tomarle declaración durante casi cinco horas. Del Pozo fue imputado de varios delitos por su presunta participación para orientar los concursos públicos en los que se adjudicó el servicio de grúa municipal al empresario Ismael Pérez Peña, que tenía también concedidos en renting los coches de policía municipal y Protección Civil, según fuentes próximas a la investigación. Su papel habría sido el de mediador entre el empresario, también encarcelado, y los miembros del equipo de Gobierno y ese papel le habría reportado beneficios económicos. Además, como recogía el auto de procesamiento los concejales imputados y la alcadesa preparaban una ordenanza fiscal para favorecer a Pérez peña. Ni cohecho ni malversación El propio Del Pozo confirmó a su salida su imputación por una serie de delitos que no puedo revelar porque está bajo secreto de sumario dijo, si bien su abogada, Regina Román, matizó que no está acusado ni por cohecho ni por malversación El responsable policial, que declaró durante cerca de cinco horas ante el juez Miguel Ángel Torres, reconoció estar disgustado por lo ocurrido y que no esperaba nada de esto si bien dijo respetar la decisión judicial. Hasta ayer mismo, Del Pozo había sostenido que no estaba citado como imputab Del Pozo no quiso concretar do, sino como testigo y negó saber de qué se le acusaba. No obstante, una fianza como la impuesta por el magistrado contradice esta tesis. De hecho, el juez le citó para declarar el pasado miércoles, el mismo día en que se produjeron casi todas las detenciones y registros. Torres tomó esta decisión tras ordenar el registro de sus despacho y otras dependencias de la Policía Local. Justo antes de tomar declaración al responsable de los agentes locales, el juez Torres envió a prisión al último detenido en la operación Malaya el empresario de publicidad Rafael Llopis, arrestado el martes por la tarde en Torremolinos. Está acusado de un deli- to de cohecho, ya que pagó al concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez (en prisión) a cambio de colocar publicidad en los autobuses urbanos y las marquesinas de las paradas, unas concesiones de las que ha gozado durante años. A una semana del comienzo de la Malaya ya están en prisión doce de los 24 detenidos- -incluidos la alcaldesa, Marisol Yagüe, y dos miembros de su equipo de Gobierno- y el resto ha quedado en libertad con cargos o bajo fianza. El juez ha impuesto, según los cargos, entre 12.000 euros la más baja para uno de los empresarios hasta 90.000, fijada para uno de los abogados del despacho Zurita- Soriano. Ayer, la defensa de la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, que ejerce el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, presentó un recurso contra su auto de prisión por nulidad de las actuaciones al amparo de que el instructor no tiene jurisdicción para el caso. Un día antes, también el abogado de la alcaldesa Marisol Yagüe confirmó que recurrirá el auto de prisión de su defendida, rectificando así su decisión inicial. Tres nuevos embargos Por otra parte, el juzgado de Instrucción número cinco remitió tres providencias al Registro de la Propiedad de Sevilla ordenando el bloqueo de tres propiedades del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella en la capital andaluza. Las viviendas están situadas en la avenida de la Palmera, la calle Velarde y la calle Progreso y se suman a la casi interminable lista de propiedades bloqueadas lo que impide cualquier intento de venta o hipoteca de estos bienes inmuebles. El jefe de la Policía local marbellí Rafael del Pozo, a su llegada al Juzgado, donde declaró durante casi cinco horas REUTERS El fiscal de Urbanismo dice que es difícil aplicar el Derecho Penal a delitos como los de Marbella AGENCIAS MADRID. El recién nombrado fiscal de Sala coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Vercher, dependiente de la Fiscalía General del Estado, advirtió ayer de la dificultad de aplicar el Código Penal a las infracciones en materia de urbanismo, ya que son delitos relativamente nuevos (se introdujeron en nuestra legislación en 1995) y, por tanto, existe una jurisprudencia limitada. Vercher hizo estas declaraciones en relación con la presun- ta trama de corrupción destapada en Marbella, escándalo sobre el que afirmó que puede ser un revulsivo para evitar futuras alteraciones en la aplicación de las normas. Agregó que a partir de estos momentos se pondrá en contacto con todas las Fiscalías, no sólo con la de Marbella, en las que existan asuntos conflictivos relacionados con el urbanismo. Señaló Vercher que en principio se dedicará a examinar los problemas que se detecten en diferentes zonas de la geografía española con el fin de buscar soluciones y de dotar de más medios a aquellas Fiscalías con más carga de trabajo en la materia, para que haya una más eficaz persecución de estos delitos. A su juicio, cuando más consolidada está la democracia, problemas de corrupción como los de Marbella afloran más por lo que insistió en que lo negativo sería que todos estos delitos no salieran a la luz pública. Vercher no quiso detallar qué medidas concretas adoptará desde su nuevo cargo en el caso de la localidad malagueña. Necesito tiempo para analizar la situación general dijo. Antonio Vercher afirmó que en su anterior cometido como fiscal del Tribunal Supremo ha visto casos en los que una banda de narcotraficantes se vale de empresas inmobiliarias para blanquear dinero, lo que, en su opinión, demuestra que en materia de urbanismo hay que trabajar en muchas ocasiones de forma coordinada con otras Fiscalías. En este sentido, el fiscal abogó por establecer protocolos de actuación conjuntos. En referencia a las actuaciones urbanísticas desarrolladas a lo largo de todo el litoral español, el fiscal afirmó que los diferentes derechos no acaban de encajar ya que hay que armonizar un desarrollo económico importante con la necesidad de crear nuevas formas de explotar el turismo y la preservación del Medio Ambiente. Por ello, apostó por un crecimiento sostenible y señaló que todas las actuaciones deberán ajustarse a la normativa de la Unión Europea.