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20 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA MIÉRCOLES 5 4 2006 ABC Sospechan que el robo en un archivo municipal fue simulado b La Policía Científica estuvo tomando huellas ayer, pero los agentes no hallaron nada relevante; se cree que alguien pretendía desviar la atención de otros registros C. M. MADRID. Los investigadores están convencidos de que el supuesto robo ocurrido en una oficina municipal de Marbella, que fue denunciado el lunes, no se produjo en realidad, sino que alguien lo simuló para desviar la atención de otros registros y pesquisas que siguen adelante en la operación Malaya Alguien avisó al Cuerpo Nacional de Policía de que la puerta de acceso a dicha oficina, que alberga documentos de distintas empresas municipales, había sido forzada a plena luz del día, supuestamente coincidiendo con la hora del almuerzo de los trabajadores. Ese alguien estaría relacionado con la simulación y habría levantado la sospecha de que los papeles sustraídos guardarían conexión con la trama de corrupción destapada. La Policía Nacional avisó al jefe de Policía Local que se desplazó al lugar y confirmó a ABC que la puerta había sido rota con un martillo de grandes dimensiones como los que utilizan los bomberos. Querían que el asunto trascendiera y que lo supiera el CNP señalan fuentes de la investigación, pero la realidad es que los agentes de Policía Científica que han estado tomando huellas y revisando las dependencias no creen que tal robo haya ocurrido. El ladrón accidental, pese a todo, se cuidó de sembrar cierto desorden y ha obligado a que se revisen los documentos. Manuel Chaves fue increpado ayer durante una visita que realizó a Marbella para reunirse con cargos del PSOE EFE La Policía detiene a otro empresario por comprar al concejal de Tráfico Pagó al edil para obtener la concesión de la publicidad en los autobuses b Se han practicado nuevos regis- tros en propiedades del ex gerente de Urbanismo y se han hallado documentos calientes, muy comprometedores y muy recientes CRUZ MORCILLO MADRID. La operación Malaya sigue aumentando sus cifras. Ayer, por la tarde agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía detuvieron en Torremolinos al empresario Rafael Llopis, acusado de un presunto delito de cohecho. Con este arresto, ascienden a 24 las personas capturadas por su relación con la multimillonaria trama de corrupción de Marbella, de las que once han ingresado en prisión por orden del juez. Llopis, según las investigaciones realizadas, pagó dinero al concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, a cambio de una concesión publicitaria en los autobuses urbanos de Marbella y en las marquesinas de las paradas, tal y como se recoge en las conversaciones telefónicas grabadas a lo largo de la operación. El edil presuntamente comprado se encuentra en prisión sin fianza desde la madrugada del sábado tras tomarle declaración el juez instructor. Rodríguez, de 75 años, está acusado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precio público. Colaboró, entre otros hechos, en la preparación de una ordenanza fiscal de grúa- -junto a Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y José Jaén- hecha a medida de las necesidades de Ismael Pérez según figura en un auto de prisión, para que Ismael se asegurara la adjudicación. Llopis está al frente de la empresa Meridiana 3 de Publicidad, S. A. que disfruta de varias concesiones publicitarias relacionadas con las líneas de autobuses urbanos y la explotación de marquesinas en distintos ayuntamientos, como el de Motril (Granada) Según algunas fuentes, habría sido José Jaén, el concejal de Cultura, que ha quedado en libertad con fianza, quien habría presentado a Llopis y Victoriano Rodríguez. Unas horas antes de la detención se produjeron nuevos registros en oficinas y propiedades malagueñas del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. La novedad es que se han encontrado papeles calientes es decir, documentos relacionados con los implicados comprometedores y muy recientes según fuentes próximas a la investigación, tanto que algunos tienen menos de un mes. El Tribunal de Cuentas alertó de que el cobro de multas escapaba al control municipal C. M. MADRID. El Tribunal de Cuentas, en su último informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de sus sociedades mercantiles, se refería, entre otras irregularidades, al cobro de multas de tráfico en el municipio y alertaba de que esa recaudación escapababa al control municipal. Por ese motivo, recomendaba la intervención por parte del Ayuntamiento, de manera inmediata, para remediar la situación. Atendiendo a esas recomendaciones, el interventor del Consistorio marbellí, Juan Antonio Castro, redactó varios escritos con el fin de que se aplicara un nuevo sistema para la recaudación de las multas. Esos informes llegaron a la alcaldesa, Marisol Yagüe, que hizo caso omiso, según ha podido saber ABC. En teoría, esos documentos también están en poder del juez instructor, Miguel Ángel Torres, ya que habrían sido intervenidos junto al resto de la documentación recogida por los agentes. Castro declaró ayer a este periódico que es el juez el que tiene que pronunciarse sobre este asunto y apeló al secreto del sumario para no confirmar si sus escritos fueron tomados en cuenta. No es ni mucho menos la mayor irregularidad que consta en el informe del Tribunal de Cuentas, pero es- tá relacionada presuntamente con agentes de la Policía Local, en el punto de mira de la operación Malaya -hoy declara ante el juez como imputado el superintendente del Cuerpo, Rafael del Pozo- El pasado octubre, el BOE publicaba una resolución de junio de la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación al citado informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella, que se refiere al periodo 2000- 2001, en pleno apogeo de la era Gil La Comisión del Congreso expresaba su más profunda condena al equipo de Gobierno por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de las normas legales y encomendaba una nueva fiscalización de 2002 a 2004. La Comisión instó al Tribunal de Cuentas a que solicite de la jurisdicción competente las medidas que considere, tanto embargos preventivos como intervención de las sociedades municipales, para evitar nuevas irregularidades.