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4 Opinión MIÉRCOLES 5 4 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA MONCLOA Y LA VISITA DEL PAPA OS preparativos del viaje de Su Santidad el Papa al V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebra a principios de julio en Valencia, vivieron ayer un tenso enfrentamiento entre la organización del evento y el Gobierno, que se equivoca al intentar monopolizar el viaje del Sumo Pontífice, un acontecimiento que los organizadores estiman puede congregar a dos millones de personas. Bien está que se intenten recomponer las deterioradas relaciones con la Santa Sede, pero se confunde gravemente el Ejecutivo socialista si pretende imponer sus condiciones a una visita con un marcado carácter pastoral que debería valorar en su justa dimensión. Y se equivoca el Gobierno en este asunto porque, aunque el Papa sea un jefe de Estado, la de julio no es una visita de Estado, pues Benedicto XVI no ha sido invitado por el Rey, ni por el Gobierno, sino que estos Encuentros se celebran cada tres años y están organizados por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la diócesis elegida como sede. En el previsto para el próximo julio, la organización recae, concretamente, en una Fundación que integran la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, por un lado, y el Arzobispado de Valencia, por otro. Es lógico que el Gobierno central se interese por la seguridad y demás aspectos tendentes a dotar al Pontífice de una protección acorde con su condición. También lo es que se reúna con las más altas magistraturas del país anfitrión. Pero, a estas alturas, cuando se echa el tiempo encima y después de mostrar un desinterés mayúsculo en los meses previos, La Moncloa no puede intentar imponer agendas, ni saltar por encima de los organizadores del Encuentro, de la Generalitat, del Arzobispado y de la propia Casa del Rey. Es de esperar que el Ejecutivo rectifique, regrese a los terrenos de la sensatez y deje a cada parte hacer su trabajo. Desde hace algún tiempo, coincidiendo con la designación de Francisco Vázquez como nuevo embajador ante la Santa Sede, parece que el Gobierno intenta tender puentes, tal vez preocupado por el éxito tanto del futuro viaje como de la gestión realizada este año por el Santo Padre. Las políticas- -supuestamente sociales -llevadas a cabo por el Gabinete socialista en el arranque de la legislatura le valieron los reproches del Vaticano. Benedicto XVI mantiene abierta, lógicamente, la discrepancia, pues la nueva legislación choca frontalmente con principios básicos de la doctrina católica; el último ejemplo es el proyecto de ley de Reproducción Asistida aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo quizás esté intentando rentabilizar la visita de Benedicto XVI y aparentar una sintonía que no será posible si, frente a la exquisita diplomacia de la Santa Sede, La Moncloa se sigue comportando de manera tan imprudente. L MARBELLA, DISOLUCIÓN CON RETRASO A instancias de la Junta de Andalucía, el Consejo de Ministros ha decidido poner en marcha el procedimiento para disolver el Ayuntamiento de Marbella, fórmula prevista en la legislación vigente de régimen local (artículo 61 de la ley de 1985) pero inédita hasta ahora en la práctica. Hoy está previsto que el Senado y la Comisión Nacional de Administración Local aprueben las autorizaciones correspondientes, con la intención de que el Gobierno pueda decretar la disolución del consistorio en su reunión ordinaria del próximo viernes. Existen dudas jurídicas en cuanto al futuro inmediato. Expertos de la máxima solvencia optan por la designación de una gestora nombrada por la Diputación Provincial de Málaga. Sin embargo, el Ejecutivo ha acordado recabar informe del Consejo de Estado, que- -por cierto- -debería sustanciarse a la mayor brevedad, puesto que la cuestión se concreta precisamente en un problema de plazos. Desde el punto de vista político sería muy deseable que los ciudadanos fueran convocados cuanto antes a las urnas, pero si finalmente se crea la gestora, lo fundamental es que ésta sea plural y refleje las distintas opciones políticas sin partidismos. En cualquier caso, la decisión debe supeditarse- -como es evidente- -a una interpretación rigurosa de la ley. Si el Gobierno pretende, como ayer aseguraba la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, actuar con estricta neutralidad, no debería dejarse influir por las posibles ventajas partidistas para unos u otros de la convocatoria inmediata de los comicios o su aplazamiento hasta las elecciones municipales de 2007. Marbella constituye un caso excepcional de gestión gravemente dañosa para los intereses generales según dispone el precepto de la ley de Régimen Local que justifica la disolución. La realidad socioeconómica del municipio y la notoriedad de todo lo que acontece en esa ciudad explican el impacto que producen estos hechos en la sociedad española. Hace tiempo que se viene hablando de la situación, no sólo en voz baja o por medio de rumores. Es absurdo que algunos se rasguen ahora las vestiduras, como si fuera una novedad. El populismo produce casi siempre este tipo de secuelas y Marbella sufre ahora las consecuencias del periodo de Jesús Gil. Tienen también su culpa los partidos que han sido incapaces de ofrecer alternativas solventes y las instituciones que han dejado pasar el tiempo entre indecisiones y ventajismos. La Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, gobernadas ambas por el Partido Socialista, eran conscientes desde hace años de la deriva de este municipio emblemático y, sin embargo, no hicieron nada por poner coto a una situación indeseable. Es extraño que Manuel Chaves diga ahora que está sorprendido por la entidad de la trama. En realidad, era un clamor social y bastaba con leer de vez en cuando la prensa para tomar nota del clima de corrupción reinante en el urbanismo marbellí, puesto de manifiesto en sucesivos informes del Tribunal de Cuentas. Ha llegado la hora de actuar y se ha actuado. Es probable que de la operación policial y judicial en marcha se desprendan nuevas líneas de investigación con resultados todavía imprevisibles. No obstante, muchos ciudadanos se preguntan sobre el porqué de la tardanza en tomar medidas y si el momento elegido guarda relación con el contexto político general. No es habitual que se convoque un martes un Consejo de Ministros extraordinario y con un solo punto en el orden del día, alterando incluso la agenda del presidente. El caso es muy serio y nuevas circunstancias (como el extraño robo de documentos a plena luz del día en un archivo municipal) lo complican todavía más, pero no debe en ningún caso utilizarse para distraer la atención respecto de otros debates de más largo alcance y entidad. Se trata ahora de aplicar la ley, consultar cuanto antes a los ciudadanos y devolver la normalidad a la gestión del ayuntamiento, una vez puesto en manos de políticos dignos y honrados. En un Estado de Derecho es imprescindible perseguir la corrupción sin resquicio alguno para la tolerancia, porque afecta a los fundamentos éticos de la legitimidad y desmoraliza a los millones de ciudadanos que cumplen sus obligaciones ante la ley. Así lo espera la opinión pública española, que merece también una explicación convincente sobre las razones de que la pasividad de tantos años se haya transformado de repente en máxima celeridad y diligencia. IBARRETXE EN EL LABERINTO A visita de Juan José Ibarretxe al palacio de la Moncloa, dentro de la ronda de contactos abierta por el presidente del Gobierno para analizar el alto el fuego permanente anunciado por ETA, sirvió para constatar la difícil situación que atraviesa el lendakari, descolocado en el nuevo escenario político abierto a raíz del último comunicado de la banda terrorista. Ibarretxe, atrapado políticamente por los contactos que el Gobierno mantiene con Batasuna, es consciente de que su margen de actuación se estrecha en la misma medida que el Ejecutivo y el PSOE incrementan su interlocución con la izquierda radical y ETA. Para el PNV, las treguas etarras han adquirido siempre un valor estratégico- -la de 1998 sirvió para que las distintas formaciones nacionalistas suscribieran el Pacto de Lizarra, roto por la banda terrorista por las discrepancias con el PNV sobre la forma y los tiempos que debía adquirir el proceso de construcción nacional de Euskal Herria- Ahora, la situación es bien distinta, porque el alto el fuego no obedece a un pacto previo entre nacionalistas. Lógicamente, Ibarretxe y el PNV son cons- L cientes de que la dinámica del proceso de negociación pone en peligro su liderazgo dentro del nacionalismo vasco, sobre todo si en una fase postrera del mismo se reprodujera un esquema similar al seguido en el tripartito catalán. Preocupado por su futuro, el de su Gobierno y el de su partido (por este orden) Ibarretxe intenta cuadrar el círculo ofreciendo su sincera disposición para hacer irreversible el proceso abierto tras el último comunicado etarra, al tiempo que trata de marcar su territorio reivindicando el papel del Ejecutivo de Vitoria como agente activo y confirmando su intención de convocar una mesa de partidos como paso previo a una consulta. Pero el lendakari ya no es dueño de la situación, y su declaración de ayer confirma que su figura se diluye en un complejo escenario en el que Rodríguez Zapatero debería afrontar con cautela y realismo el hipotético fin de ETA a través de una estrategia compartida con el PP, con el convencimiento de que el ofrecimiento del lendakari- -que nunca se ha caracterizado por hacer esfuerzos por la paz- -obedece a razones meramente interesadas y partidistas.