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54 Sociedad MARTES 4 4 2006 ABC COMUNICACIÓN El PP recurre ante el TC cincuenta artículos de la Ley Audiovisual catalana Según la denuncia, el texto vulnera diez preceptos de la Constitución b Se pretende utilizar el espacio Los 10 artículos no respetados 3. El castellano, lengua oficial del Estado. 14. Igualdad de los españoles ante la ley. 20. Libertad de información y de expresión. 25. Regula la legalidad y proporcionalidad de las sanciones. 81. Reserva la facultad de elaborar leyes orgánicas al Estado. 139. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de España. 149.1.1. Igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 149.1.3. Competencia exclusiva del Estado en relaciones internacionales. 149.1.21. Competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones. 149.1.27. Competencia exlusiva del Estado en medios de comunicación social. afirma que toda norma que afecte a aspectos esenciales de derechos fundamentales, como la presente, está sujeta a la Ley Orgánica y, por tanto, a competencia estatal Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja, afirmó ayer que la presentación del recurso es una buena noticia y afirmó que es inconstitucional que el CAC pueda cerrar un medio en función de los contenidos audiovisual catalán para arrinconar progresivamente el castellano y reducirlo a la mínima expresión asegura el Grupo Popular ABC MADRID. El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual catalana, al entender que cincuenta de sus artículos vulneran al menos diez preceptos de la Carta Magna. Para el PP, es la primera vez que una Administración se arroga la potestad de cierre definitivo de una emisora por cuestiones que afectan al contenido esencial de los derechos a la libertad de expresión e información El Grupo Popular también denuncia que la Ley pretende utilizar el espacio audiovisual catalán para arrinconar progresivamente el castellano y reducirlo a la mínima expresión Asimismo, argumenta que la norma vulnera las competencias estatales exclu- sivas de telecomunicaciones, medios de comunicación social y relaciones internacionales El PP arguye que, con la excusa de crear un espacio de comunicación audiovisual la Generalitat invade espacios de libertad garantizados por la Constitución Vulneración de derechos El recurso consta de tres bloques agrupados por preceptos: el primero está dedicado a la infracción de derechos fundamentales, el segundo circunscrito a la infracción del régimen lingüístico establecido en el artículo 3 de la Constitución y el tercero pone de relieve las insuficiencias del título competencial esgrimido por el legislador territorial para la regulación que pretende establecer en la citada norma La FAPE aplaude el recurso, ya que es inconstitucional que se pueda cerrar un medio por sus contenidos En el primer bloque, los populares hacen hincapié en la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la potestad sancionadora de la Ley Audiovisual, en la medida en que otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña la capacidad de clausura temporal de medios de comunicación y el cese definitivo de actividades a partir de preceptos genéricos y tipos en blanco Con la excusa del llamado espacio audiovisual catalán añaden, se pretende configurar y moralizar los contenidos audiovisuales hasta extremos incompatibles con la libertad de información y con las libertades de opinión y expresión Así, se atribuye al Consejo Audiovisual la potestad de dictar instrucciones que definan el contenido de lo que es o no veraz, delimitando cuándo hay información y cuándo opinión, función reservada hasta ahora al poder judicial En el segundo bloque, el PP defiende la cooficialidad del castellano y denuncia la imposición de que la lengua normalmente utilizada en los medios catalanes sea el catalán o el aranés Por último, el texto presentado ante el TC