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18 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA MARTES 4 4 2006 ABC El juez desmontó la declaración de García Marcos con tres intervenciones telefónicas de la Policía En una grabación la edil intenta convertir un hotel en construcción en un geriátrico, dirigido por ella b En el despacho del jefe de la Poli- cía Local, que declara mañana como imputado en relación con el renting de los coches, se halló una pistola con la numeración borrada CRUZ MORCILLO MADRID. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, desmontó la declaración exculpatoria de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, valiéndose de al menos tres grabaciones telefónicas realizadas por la Policía, según han confirmado a ABC fuentes judiciales. Las conversaciones interceptadas por los agentes entre la edil y varios implicados en la trama- -el concejal José Jaén y los empresarios Miguel Saavedra e Ismael Pérez- -sirvieron al magistrado para demostrar con rotundidad que Marcos mentía y que lo hizo reiteradamente a lo largo de su declaración, como consta en el auto de prisión, que la señala como autora de un delito de cohecho y alteración de precios en concursos y subastas públicas. García Marcos exigió dinero, junto a su socio y colaborador el concejal José Jaén, al empresario Ismael Pérez a cambio de llevar al Pleno del Ayuntamiento la citada ordenanza fiscal. Antes, Pérez había dado dinero y coches a Roca y a Yagüe por la concesión de la grúa. Como no le pagaban, presionó a los responsables municipales con contar los hechos. De ahí que se preparara una nueva fiscalidad. La actividad de Marcos había crecido paralela a su ambición, tal y como evidencia el juez que ante la tercera ne- gativa que recibe de la concejal contrarresta con otra grabación. En esa conversación, la responsable municipal habla con otro empresario sobre otro chanchullo urbanístico. Se refiere, en concreto, al terreno sobre el que se levanta un hotel enfrente del hospital Costa del Sol. El establecimiento está prácticamente acabado pero la obra fue paralizada por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por encontrarse el terreno fuera del Plan de Ordenación Urbana. La intención de García Marcos era aprobar una operación que permitiera echar abajo el hotel y levantar en su lugar una residencia de ancianos de la que ella sería directora o gerente. Por otra parte, mañana declarará como imputado ante el juez el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. por su presunta participación en la trama. Según fuentes de la investigación se le relaciona con Ismael Pérez y el renting de los coches municipales de los agentes y Protección Civil. En su despacho, se halló una pistola con la numeración de serie borrada. No le habían dejado fumar García Marcos compareció ante su señoría cabizbaja y nerviosa- -no la habían dejado fumar en las horas que pasó en el calabozo- -y el magistrado le pidió que se tranquilizara. ¿Tiene usted alguna relación con el empresario Ismael Pérez que gestiona las grúas municipales y para quien se iba a diseñar una ordenanza fiscal a medida? le preguntó Torres. La primera teniente de alcalde negó conocer a Pérez, a lo que el juez replicó: que le pongan la primera grabación. La segunda pregunta- respuesta se desarrolló en términos muy parecidos, según fuentes judiciales, ante el creciente nerviosismo de quien sólo cuatro días antes proclamara su inocencia desde Rusia. ¿Ha participado usted en la alteración de los precios de la grúa? inquiere el magistrado. Nueva negativa y nuevo fuera de juego: Pónganle la segunda grabación pide implacable Torres. El juez pormenoriza en su auto de prisión el revelador contenido de ambas conversaciones, sostenidas con Ismael Pérez y con José Jaén. Sobre ésta última dice la resolución: Constituye una auténtica confesión de la primera (Marcos) que cobra por todo lo que hace, cobra por mover papeles y si no le pagan, ella no hace nada Previamente, el juez se refiere a los pinchazos telefónicos y afirma que las conversaciones son muy numerosas y contundentes, especialmente la conversación en la que Isabel, en tono jovial, va escribiendo las cantidades y conceptos que deben constar en la ordenanza y que le va dictando el propio Ismael por teléfono en su propio beneficio Uno de los acusados, en el momento de entrar en los juzgados de Marbella JOSELE LANZA En prisión cuatro de los seis abogados madrileños acusados de blanquear el dinero de Roca J. M. CAMACHO MÁLAGA. El juez Miguel Ángel Torres decretó anoche prisión para cuatro de los seis abogados vinculados profesionalmente al despacho Sánchez Zubizarreta Soriano en Madrid y puso en libertad con cargos a los otros dos. Los abogados Manuel S. Z. Juan Luis S. P. Francisco Antonio S. P. y Manuel S. M. ingresaron anoche en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, mientras que para Francisco S. Z. el juez ha dictado libertad bajo fianza de 90.000 euros, y para Miguel P. C. la fianza ha ascendido a 30.000 euros. La Policía se incautó de 860.000 euros en metálico tras registrar el despacho de los citados abogados madrileños. En el auto de prisión del asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, el juez mantiene que los socios y empleados de este gabinete jurídico eran los encargados de estructurar las sociedades del primero. En el marco de la operación Malaya han ingresado en prisión hasta la fecha once inculpados, incluyendo estos cuatro abogados, y han quedado en libertad con cargos otros doce. Las personas que se encuentran en la cárcel son, además de los letrados, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto cere- bro de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Óscar Benavente Pérez y la presunta testaferro Monserrat Corulla. Mientras, el juez instructor ha pedido que se le refuerce para poder hacer frente a las complejas diligencias de la operación Malaya Así, ha solicitado varias cajas fuertes, armarios de seguridad y más personal y espacio para ejercer su labor. Por su parte, la Junta de Andalucía, encargada del personal y el material de estas instalaciones judiciales, se comprometió a responder a esas peticiones, según anunció la delegada provincial de Justicia, Aurora Santos. Esta responsable del Gobierno autonómico, que ante la situación excepcional se ha dirigido a las instalaciones de justicia, explicó que todo lo que han pedido se les va a proporcionar en principio, unas cosas mañana (por hoy) y otras depende de la tardanza de los proveedores.