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ABC SÁBADO 1 4 2006 Nacional 23 CORRUPCIÓN EN MARBELLA La Junta de Andalucía decidirá el martes si disuelve la Corporación y nombra una gestora El Juez que instruye la causa decretó anoche prisión incondicional para el empresario Pérez Peña b La llegada de Marisol Yagüe a los juzgados de la localidad estuvo rodeada de tensión, con algunos enfrentamientos entre los defensores de la alcaldesa y la Prensa G. L. A. J. M. C. MADRID MÁLAGA. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidirá el próximo martes si disuelve la Corporación municipal de Marbella y nombra una gestora hasta las próximas elecciones- -en mayo de 2007- según anunció ayer el presidente autonómico, Manuel Chaves. En la decisión, se sopesará el resultado de las actuaciones judiciales en marcha y se tendrá extremo cuidado en que esté fundamentada jurídicamente según subrayó Chaves, quien recordó que el Tribunal Constitucional es muy defensor de la autonomía local por lo que la Junta de Andalucía no quiere pillarse los dedos. A este respecto, destacó que la disolución es una medida inédita en la democracia española, y recordó que cuando esta posibilidad se planteó en 2003, un informe del Ministerio de Administraciones Públicas estimó que no existían motivos suficientes, aunque también admitió que las actuaciones judiciales plantean una situación nueva El presidente de la Junta mostró especial interés en aclarar que con la ley en la mano, no es posible adelantar la convocatoria de elecciones en este municipio, ya que no cabe hacerlo ni en el primer ni en el último año de la legislatura. Lo que sí podría, además de nombrar una gestora provisional, es retirarle las competencias urbanísticas, aunque el expediente abierto al amparo de la nueva ley del suelo regional no estará terminado, según adelantó Chaves, hasta el mes de julio. Chaves rechazó que la Junta de Andalucía no haya hecho hasta ahora todo lo que ha podido en Marbella. En su defensa, alegó que la Junta ha acudido en más de cuatrocientas ocasiones a los tribunales desde que accedió a la alcaldía marbellí el fallecido Jesús Gil y Gil, y que sólo entre 2004 y 2005 se presentaron 250 requerimientos para paralizar obras presuntamente ilegales y fueron impugnados 138 acuerdos municipales. El Gobierno dice que actuará con rotundidad La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo actuará con total rotundidad cuando se acrediten indicios de delito en la causa que se sigue contra el Ayuntamiento de Marbella. Una vez que los datos se vayan confirmando, que tengamos un pronunciamiento judicial e indicios de posible delito o apariencia de posibles delitos la vicepresidenta aseguró que el Gobierno será firme primero, para perseguir a los delincuentes y que el peso de la ley caiga sobre ellos, y también, para garantizar a los ciudadanos que cuenten con servicios públicos adecuados y puedan ejercer sus derechos democráticos Fuentes del Gobierno explicaron que la disolución del Ayuntamiento por la Administración central abriría un proceso demasiado largo y que la solución sería una gestora. Prisión de Alhaurín de la Torre, donde están ya ingresados los principales imputados EPA Ismael Pérez Peña. Es propietario de dos empresas de leasing de vehículos, que surte de coches a buena parte del Ayuntamiento marbellí. Además, es el encargado de gestionar la empresa de grúas del municipio, la flota de vehículos de la Policía Local, de los deProtección Civil y del automóvil que utiliza la propia alcaldesa. Es propietario de las firmas Alvemotor y Alquicamsa (Alquiler de Camiones SA) Ambas empresas están vinculadas a Ismael Pérez Peña que, según la Policía, sería testaferro de Juan Antonio Roca. Pérez Peña es la segunda persona que ya está en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ya que ayer por tarde el instructor también ordenó la entrada en la cárcel del asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, al que considera que coantrolaba el Consistorio y daba órdenes directas a ediles y empleados. Un edil de Orihuela involucra a cargos socialistas valencianos en una trama de financiación V. VILLAPLANA VALENCIA. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, implicó ayer al número dos del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en una operación supuestamente protagonizada por varios miembros de la Ejecutiva valenciana del partido para financiar la campaña del secretario general del PSPV- PSOE, Joan Ignasi Pla, a los comicios autonómicos. García Ortuño, que está expulsado del PSOE y lidera el grupo socialista independiente oriolano, asegura que Óscar López Águeda, secretario ejecutivo adscrito al área de Organización de Ferraz, jugó un papel fundamental en una maniobra orquestada por los secretarios de Organiza- ción y Finanzas de los socialistas valencianos, Vicent Sarrià y Josep Maria Catalunya, para conseguir apoyos empresariales en la comarca de la Vega Baja alicantina. Según el concejal, Sarrià y Catalunya comieron con él en un restaurante de la localidad de Almoradí en enero de 2003, después de que García Ortuño saliera elegido en primarias para encabezar el cartel del PSOE en Orihuela, y le exigieron que recabara Prisión para el empresario madrileño Anoche, el juez Miguel Ángel Torres, que instruye la causa de corrupción en Marbella, decretó la prisión incondicional para el empresario madrileño El concejal afirma que dos dirigentes del PSOE le exigieron que recogiera del empresario Fenoll ayudas de empresarios de la zona para poder seguir dentro de la disciplina de Ferraz. Los dos dirigentes de la Ejecutiva socialista valenciana, explica el edil oriolano, llegaron a pedirle que recogiera del empresario Ángel Fenoll, conocido por haber hecho públicas unas grabaciones por las que se acusa al alcalde de Orihuela y otros ediles de lucrarse con operaciones urbanísticas y adjudicaciones en el municipio. García Ortuño explica que la negativa a participar en esa campaña de financiación acentuó sus discrepancias con la dirección valenciana, enfrentamiento que terminó con la expulsión del partido de todo el grupo municipal y la refundación del PSOE en Orihuela. El edil adelantó que el próximo 5 de abril se personará ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad alicantina para, dentro del proceso abierto contra cinco concejales populares, actuar como acusación particular y exponer sus conocimientos sobre esta supuesta trama de captación de fondos del PSPV.